Un 67% son hombres, casi la mitad son empleados de mediana gerencia y la mayoría de los infractores llevan en sus posiciones entre uno y cinco años.

Ese es parte del perfil del corrupto en el gobierno, según el estudio “El valor de la experiencia: radiografía de la corrupción” un documento que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) utiliza como recurso al momento de evaluar el comportamiento ético de los servidores públicos del país, sobre todo para incorporarlo a sus iniciativas educativas y preventivas.

El estudio- que analizó los casos investigados entre 1990 y 2009-  logró identificar la tendencia de conductas impropias incurridas por empleados de agencias gubernamentales y de corporaciones públicas, a la vez que le permitió a la OEG conocer quiénes son los actores, las características y las modalidades más comunes detrás de las violaciones incurridas por los infractores.

Según explicó a Primera Hora el director de la OEG, Luis A. Pérez Vargas,  aunque el estudio mencionado data de hace una década hay muchas similitudes con el escenario actual.

“En efecto, los hombres son los que más querellas representan, al que los empleados de mediana gerencia”, expresó.

Las razones pueden se variadas para esta inclinación, pero podría influir que “los hombres son más arriesgados en la toma de decisiones. Además, en ciertas posiciones los hombre siguen siendo el número mayor”, dijo.

En cuanto a lo de “mediana gerencia” destacó que se trata de servidores públicos que no requieren una supervisión directa o a los que se les delegan funciones y tienen libertad de tomar decisiones que en algunas instancias son mal utilizados y por eso vemos los desvíos en transacciones y otros tipos de delitos que, muchas veces, salen a relucir durante auditorías. También ahí pudieran caer los alcaldes”, expresó.

Actualmente, dijo, los servidores públicos que más han violado el Código de Ética pertenecen al Departamento de Educación, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA) , el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Salud y, la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda.

Mientras, los municipios con más servidores públicos que infringen la Ley de Ética son San Juan, Guaynabo, Aibonito, Canóvanas, Corozal, San Sebastián, Morovis, Santa Isabel, Vega Baja, Vieques y Yauco.

En cuanto  a las violaciones, según Pérez Vargas en su oficina se investiga “todo tipo de violaciones”.

“Tenemos los casos desde los recaudadores de Hacienda que revenden los sellos y se agencian el dinero, hasta los que borran las multas del CESCO (Centro de Servicios al Conductor adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas). También tenemos en corporaciones como el Fondo del Seguro de Estado los que activan casos cerrados y desvían dinero de las tarjetas de los beneficiarios a direcciones creadas por ellos y se agencian el dinero… es triste, pero ocurre”, sostuvo.

“Obviamente, tenemos también los casos de nepotismo y los que tienen que ver con contratos”, agregó.

Las palabras de Pérez Vargas coinciden con el análisis que en 2018 se hizo en la exposición de motivos de la Ley 2 que consolida las disposiciones anticorrupción de distintas leyes en un “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

“Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción, usualmente relacionada al mal uso de fondos públicos. La modalidad de corrupción más frecuente en el país es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público. La mayoría de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, se relacionan con la otorgación de contratos. Sin embargo, la corrupción no se limita al proceso de contratación de servicios, por lo que probablemente otros actos corruptos pasan desapercibidos”, lee el documento.

A raíz de esta ley se creó un grupo interagencial anticorrupción a fin de lograr una alianza entre dependencias para luchar contra esta problemática. La misma está compuesta por el director de la OEG, quien preside el organismo, así como por el Contralor de Puerto Rico, el presidente del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario del Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, el Inspector General y el Comisionado del Negociado de la Policía.

"Desde mi designación el pasado mes de agosto, y la juramentación en propiedad a principios del mes de octubre, he presidido las reuniones de septiembre y octubre. Mi enfoque al presente se dirige a conocer las funciones del Grupo Anticorrupción según lo dispone el Artículo 7.2 del Código Anticorrupción y la cooperación interagencial de intercambio de información establecida en el Artículo 7.3 de la Ley", asegura el director de OEG sobre sus gestiones.

Entre los propósitos de este comité está mejorar la habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad.

Pero, ¿estará cumpliendo su función este organismo que fue impulsado por un gobernador (Ricardo Rosselló) que tuvo que renunciar, junto a gran parte de su gabinete, en medio de escándalos de corrupción?

El director ejecutivo entiende que "no corresponde a este servidor evaluar las acciones previas del Grupo Anticorrupción”.

“El que el Grupo haya adquirido peso de ley por determinación del Gobernador Ricardo Rosselló, esto no restringe su independencia de actuar para velar por el cumplimiento de la Ley. Tanto es así, que es de conocimiento público que las principales agencias fiscalizadoras del Gobierno mantienen investigaciones activas por varios de los eventos recientes que provocaron la salida del entonces Gobernador", respondió Pérez Vargas.

Explicó que cuando se analizó la composición del grupo anticorrupción la misma fue pensada para tener alcance dentro de todos los procesos de gerencia gubernamental.

“Por ejemplo, la figura de la Inspectora General está para detectar en tiempo real acciones contrarias a Ley y reglamento. Si por algún motivo no le es posible esa detección, la figura del Contralor entra al juego para que por medio de sus auditorias, informar sobre posibles violaciones de Ley. Luego de esto entran en funciones la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independente, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental. El FEI procesa a funcionarios de alta jerarquía, por violaciones al código penal y a los artículos de acepción penal de la Ley Orgánica de la OEG. El Departamento de Justicia realiza las mismas funciones del FEI,  pero además con funcionarios de menor jerarquía. La OEG es la responsable de administrativamente procesar a los funcionarios de la Rama Ejecutiva por violaciones a nuestro código de ética. La presencia del Departamento de Hacienda es de igual importancia porque como recaudador de las finanzas públicas, debe detectar con premura situaciones que alejen los recaudos de las arcas del Estado. El Departamento de Seguridad Pública coordina los esfuerzos de protección y las investigaciones del procesamiento criminal. Los funcionarios del Gobierno Federal, que por invitación pueden asistir a las reuniones, se nutren de información y a su vez proveen colaboración y recursos", explicó.

Por otro lado el Director Ejecutivo destaca que "bajo el escenario actual, resulta necesario contar con el Grupo. El fin es eliminar la duplicidad de esfuerzo, compartir información una vez finalizan sus propios casos, no antes para no debilitar los mismos, y crear una línea de respeto para que los infractores tengan la certeza de que sus actos tendrán consecuencias".