Si el Gobierno federal no revierte pronto su decisión de declarar en alto estado de riesgo a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, los servicios que le ofrece esa dependencia a los ancianos se verán afectados.

El procurador interino, David Ortiz Ortiz, dijo ayer que no deben pasar más de 60 días para que las relaciones entre la dependencia y el Departamento de Salud de los Estados Unidos vuelvan a la normalidad, ya su administración cumplirá en ese periodo con los planes que se le vienen requiriendo a la agencia desde el cuatrienio pasado.

En el interín, la Oficina va a  estar utilizando las partidas que le asigna el Gobierno de Puerto Rico para pareo de los fondos federales, dinero que usará para evitar recortes y dilaciones en la prestación de los servicios a la población anciana de la Isla.

El fondo de pareo tiene ahora mismo  $2 millones, dijo Ortiz Ortiz.

La directriz emitida por la Administración de Vida Comunitaria del 8 de noviembre de 2013 obliga a la Oficina del Procurador a peticionar los fondos del Título 3 de la Older del año 2013-2014 por el sistema de reembolsos. El fondo para este año sumaría  $17 millones y el Gobierno federal ya aprobó  $4 millones.

Esa medida “afectaría la agilidad con la que se otorgan los fondos a los proveedores de servicios tales como los que se les ofrecen a los viejos en los Centros de Servicios Múltiples Municipales, en los programas de auxiliares en el hogar y otros”, afirmó Díaz Díaz.

Esos servicios incluyen recreación,  transportación a citas médicas, servicios de amas de llave, de enfermerías, las comida para los centros de cuidado diurno y las fiambreras para los ancianos encamados, precisó la ex procuradora Rossana López.

Aunque López está segura de que la Procuraduría se pondrá al día con los federales, advirtió que si no se actúa rápido el Gobierno central  tendrá que sacar la cara  para ayudar a la Oficina.

“Debido a la crisis económica, el Fondo General está al chavo”, dijo la senadora del Partido Popular, quien anotó que ella había advertido que quitarle autonomía a la Procuraduría tendría consecuencias adversas y las tuvo.

La Administración para la Vida Comunitaria halló inestabilidad financiera en la Procuraduría, una administración deficiente y un desempeño no satisfactorio en sus gestiones.

La situación le fue advertida en marzo de 2012 a la Oficina del Procurador, pero ni las cartas enviadas en esa fecha aparecieron en la  transición de Gobierno.

“La pasada administración No cumplió con los informes fiscales; no cumplieron con los informes programáticos, no tenían evidencia de en qué se gasto el dinero… No enviaron nada”, lamentó  la ex procuradora.

Rossana López destacó que el gobierno de Luis Fortuño puso en riesgo los servicios de casi 400 mil personas.

Con la reestructuración de las Procuradurías del 2011 -reestructuración que le quitó autonomía a la Oficina de Asuntos de la Vejez al adjuntarla a otras procuradurías-  el Gobierno federal exigió un plan de trabajo distinto. Se enviaron cuatro, pero ninguno fue aprobado.

La Procuraduría continuó recibiendo fondos federales gracias a que se les fueron extendiendo los plazos para cumplir con las exigencias.

“Las pasada administración conocía del ‘alto riesgo’, claro que sabía”, subrayó Rossana López, molesta también porque a la Legislatura le mintieron.

Antes de que se emitiera la notificación del alto riesgo, la Oficina del Procurador solicitaba los fondos por Internet y al otro día llegaban a Puerto Rico. En un plazo de siete días los fondos eran transferidos a los municipios y  a las organizaciones sin fines de lucro para la ayuda a la población de mayor edad.

Díaz Díaz dijo ayer que ya se iniciaron las conversaciones con el Gobierno federal.

Como la Oficina volvió a ser independiente este cuatrienio,  eso también debe ayudar a que se le quite el sello de riesgo a la agencia.

El Gobierno federal ya accedió a Puerto Rico se quede con $600 mil en fondos que se supone que caducaban este año y se tenían que devolver.

“Ese es un acto de buena fe del Gobierno federal”, dijo el Procurador, satisfecho porque tiene dinero adicional para  este año.

“Vamos a demostrar que pueden confiar en nosotros”, subrayó Díaz Díaz, quien explicó que ya le dijeron que tiene que remitirle al Gobierno Estados Unidos unos informes más detallados y recurrentes, sobre las labores que lleva a cabo la dependencia.