Los rescates y asistencia a damnificados luego de intensas lluvias como las ocurridas la semana pasada, la asistencia financiera para los medicamentos a envejecientes con bajos ingresos, la transportación de pacientes que carecen de vehículos a un hospital en la zona metropolitana, el recogido de basura en un pueblo, el centro que ofrece atención a envejecientes, los servicios de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), servicios de emergencias médicas, los alimentos que a diario se reparten a personas con bajísimos ingresos, son ejemplos de los servicios esenciales que ofrecen cada día los municipios y que podrían desaparecer pronto si no se toma una acción inmediata para garantizar al menos una cantidad mínima de fondos, según denunció este lunes la Asociación de Alcaldes.

Tras una reunión de emergencia sostenida esta mañana, miembros de esa organización reclamaron que se atienda de manera urgente la situación que enfrentarán los municipios una vez se acabe lo que resta del antiguo Fondo de Equiparación, el próximo 30 de junio, según dicta el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El presidente de la Asociación, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, afirmó que, de continuar ese rumbo, 41 municipios están en riesgo de quedar inoperantes, y el resto de los municipios también se verían seriamente afectados.

Advirtió que muchos empleados tendrían que ser cesanteados y muchos servicios esenciales que ofrecen a la ciudadanía no podrán ofrecerse por la falta de fondos, incluyendo servicios de salud, de seguridad, de manejo de emergencias, entre otros.

Hernández indicó que están solicitando una reunión de emergencia con el gobernador Pedro Pierluisi para que explique “cuál es el plan de acción para trabajar la perdida de servicios esenciales que van a enfrentar los municipios”, e indagar si puede hacer uso para estos fines de los $300 millones que la JSF le dijo que podía usar “parta trabajar programas que a él le interesen”.

De hecho, sostuvo, “es la primera vez que tanto la Federación como la Asociación” están haciendo este reclamo de manera conjunta, entrando “directamente al proceso de redacción de enmiendas al Plan Fiscal para defender los servicios esenciales que brindan los municipios”.

El Fondo de Equiparación que proveía fondos a los municipios para tales servicios esenciales sumaba $350 millones, pero la JSF lo ha ido reduciendo paulatinamente, hasta la suma actual de $44 millones, que expira al cierre del año fiscal, el 30 de junio, y no se renovará.

Hernández sostuvo que han sometido una propuesta para un Fondo de Servicios Esenciales de $150 millones, mucho menos que lo que tenía el Fondo de Equiparación, de manera que puedan continuar garantizando esos servicios, pero hasta ahora no se ha logrado.

Aunque por el momento podrían mantenerse servicios a través de “la burbuja artificial” de los fondos federales de recuperación, esos fondos también dejarán de llegar en 2025, dejando a los municipios incapaces de operar o sumamente limitados.

El alcalde de Villalba sostuvo que ya los municipios se han visto obligados a hacer un sinnúmero de ajustes para poder ofrecer servicios esenciales, y han hecho un sinnúmero de propuestas a la JSF para atender la situación de los municipios sin recibir respuesta.

Calificó de “bien irresponsable” la actuación de la JSF y reiteró que “se ponen en riesgo los servicios esenciales” que ofrecen a diario a personas de pocos recursos, envejecientes, enfermos, entre muchos otros.

Hernández hizo el anuncio tras una reunión de emergencia que celebró la Asociación, y estuvo acompañado por las alcaldesas de Salinas, Karilyn Bonilla; y Loíza, Julia Nazario, los alcaldes de Jayuya, Luis González; Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro; Lares, Fabián Arroyo; Luquillo, Jesús Márquez; Arroyo, Eric Bachier; y Guayama, O’brain Vázquez; así como el contador público autorizado Reinaldo Meléndez, consultor de varios municipios y designado por la Asociación para discutir con el gobierno y la JSF “la posibilidad de la creación del Fondo de Servicios Esenciales”.

Hernández recordó que, mientras el gobierno de Puerto Rico dejó de pagar su deuda, dando lugar a que el Congreso aprobara la Ley Promesa para atender la quiebra de la Isla, los municipios nunca dejaron de pagar su deuda.

“Así que esta crisis no la trajeron los municipios, la trajo el gobierno, y la Junta de Control (Supervisión) Fiscal debió haberse enfocado en ellos y no destruir la única institución que realmente le ha respondido correctamente a los bonistas”, afirmó.

El presidente de la Asociación de Alcaldes sostuvo que mientras los municipios han hecho ajustes y reducido sus presupuestos, mientras el gobierno es el que “no ha hecho ajustes” y “pretende seguir gastando cada más. Y cada día vemos mayores contrataciones en las agencias, y cada día vemos un gasto extravagante en las agencias de gobierno”.

“Y los municipios, con menos recursos, hemos tenido que seguir dando servicio esencial a los ciudadanos”, insistió.

Aseguró que, contrario a lo que ha sostenido la JSF, los municipios sí “hace tiempo hemos presentado propuestas” para atender la situación de los municipios, “pero la Junta no ha querido escuchar ni una sola”. Entre esas propuestas, incluidas en un plan de restructuración municipal que mostró en la conferencia de prensa, se propone una reingeniería del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para descentralizarlo y buscar aumentar la base contributiva y los recaudos; descentralizar servicios públicos y delegar esas competencias del gobierno central a los municipios, con los fondos correspondientes (por ejemplo, transportación escolar, servicio de amas de llaves); crear consorcios de municipios para consolidar funciones, para lo cual piden a la JSF reevaluar las guías de acceso al Fondo de Consolidación de Servicios Municipales, al que se han destinado $22 millones por los pasados tres años sin que ningún municipio los haya podido usar, y actualmente suma $66 millones que permanecen en una cuenta en el Departamento de Hacienda.

En otro ejemplo, de propuestas de consorcios municipales, el alcalde de Villalba mencionó que han llevado ante la JSF el tema de bienestar animal, que también es un tema de salud pública, y pidieron acceso a esos fondos “para crear regiones para manejar ese asunto, y todavía estamos esperando a que nos diga si sí o si no”.

Tampoco han podido acceder a los fondos para crear regiones para atender el tema de reciclaje. Y tampoco atendieron su pedido a la JSF para que les ayudaran a restructurar su deuda, como se hizo con las deudas del gobierno, dejando a los municipios “peleando en los tribunales con nuestros acreedores porque no se nos da esa herramienta”.

Por otro lado, Hernández denunció que le preocupa la recomendación de la Junta de crear “otra oficina de administración de municipios con los $66 millones y a mí me preocupa que la mitad de ese dinero se vaya en gastos administrativos y asesores, como ha hecho hasta este tiempo”.

Mientras, el CPA Meléndez denunció que las cifras de que provee la JSF sobre los municipios en su Plan Fiscal son “completamente erróneas” porque “están comparando chinas con botellas”, al ignorar elementos esenciales como el hecho que los municipios están compensando la eliminación del Fondo de Equiparación con los fondos federales del Plan de Rescate de Estados Unidos, también conocidos como fondos ARPA.

Asimismo, comentó que la JSF resalta haber dado a los municipios un alivio inflacionario por un año, “pero la inflación no se fue, sigue año tras año”.

La alcaldesa Bonilla acotó que, además de los servicios esenciales que se perderían, “anticipamos que tendremos problemas con la reconstrucción del país, porque hay que recordar que hay miles de proyectos, con millones en fondos federales, que estamos administrando los municipios para encaminar y completar la reconstrucción luego de los pasos de los huracanes Irma y María”.

Asimismo, resaltó, se dejaría de dar el mantenimiento y la reparación a infraestructura pública, entiéndase “miles y miles de tramos” de carreteras municipales, “al igual que las facilidades deportivas y recreativas”.

Hernández agregó que, de igual forma, han advertido a la JSF que, una vez colapsen los municipios, “miles de fondos federales se van a perder”, porque son fondos que “los recibe la estructura municipal”.

El alcalde de Guayama, quien antes de convertirse en alcalde dirigió la oficina de ayuda al ciudadano de ese pueblo, resaltó que muchas personas que solo tienen el plan médico del gobierno acuden a diario a las alcaldías “para que se le paguen citas médicas, se le compren máquinas respiratorias, se le compren muletas, bastones, sillas de ruedas, camas de posiciones, porque no la pueden adquirir porque no tienen un plan privado”.

“Los municipios pagamos hasta gastos fúnebres, porque tenemos personas que lamentablemente se le muere un familiar y no tienen recursos para pagar un gasto fúnebre y el municipio es quien aporta a la funeraria porque si no, no pueden hacer el velatorio”, sostuvo.

“Esta mañana, antes de venir para acá a esta reunión, una ciudadana no tenía transportación para llegar a una cita médica, ni de desayuno. Le dije ‘no te preocupes’”, añadió el alcalde de Lares. “Yo la llevé a desayunar y la llevé a (el hospital) Pavía en Arecibo. Y cuando salga de aquí la tengo que recoger. De eso es que se trata”.

Hernández agregó que, de no conseguir una respuesta efectiva de parte del gobernador, continuaría tratando de agotar todos los remedios, incluyendo una reunión con el director ejecutivo y el presidente de la JSF.

“Y al final del camino, si nadie le responde a nuestra gente, vamos a ir a los tribunales a impugnar esta decisión de la Junta de Control (Supervisión) Fiscal. Vamos a ir al tribunal a defender los servicios esenciales que la Junta y el gobierno ponen en riesgo tras esta triste determinación”, afirmó, refiriéndose a la corte federal de quiebra, específicamente a la jueza federal Laura Taylor Swain, quien está a cargo de manejar el caso de la quiebra de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Promesa.

A preguntas de la prensa sobre si considerarían otras acciones, como podrían ser protestas, para hacer sentir este reclamo que ya se extiende por varios años, algunos alcaldes dijeron preferir no llegar a ese punto, aunque otros se mostraron dispuestos a tomar esas acciones más drásticas.

La alcaldesa Loíza, cuyo municipio es considerado el más vulnerable, cerró la conferencia con una categórica condena a la indiferencia de las personas en la Junta a la necesidad de la gente que recibe esos servicios esenciales.

“Creo que hay una gran insensibilidad de parte de los que comen bien en la Junta de Control (Supervisión) Fiscal, los que comen filete y beben champán, para reunirse a discutir lo que le pasa los alcaldes, lo que le pasa a los municipios y a la gente de los municipios. En esa Junta debería haber sentados gente más sensible, y no millonarios que nos ven a nosotros desde lejos y que no pueden entender lo que es llevarle zapatos a una niña que no tiene para ir a la escuela. Esa gente no tiene idea de eso. O llevarle una planta, como una persona que me murió la semana pasada, que las últimas semanas pudo vivir con una planta eléctrica que le llevó el municipio para que pudiese ponerse su oxígeno. Esa gente no lo va a entender nunca”, afirmó Nazario.

“Así que hay una falta de sensibilidad bien grande de los que componen esa Junta de Control Fiscal, bien grande. Vivieron en riqueza. Han existido con riqueza. Siguen viviendo con riqueza. Su proyección es seguir cobrando lo que cobran, llevarse una gran tajada, y los municipios que se chaven”, concluyó la alcaldesa de Loíza.