El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge L. Sánchez, informó que ha solicitado a la Oficina de Auditoria Interna de la institución una investigación sobre los procesos de otorgación de la Beca Presidencial durante los pasados 13 años.

La acción surge en momentos en que hay críticas por la otorgación reciente de varias becas a varias personas, entre ellas al exasesor del gobernador Alejandro García Padilla, Arturo Ríos Escribano, a Carlos Pagán, exayudante del hermano del primer ejecutivo, Antonio García Padilla, y  Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina de Sánchez. Las denuncias incluyen resoluciones en la Legislatura y a referidos para investigación al Departamento de Jusicia por parte de legisladores novoprogresistas.

“Desde el pasado miércoles me comuniqué con la Directora de la Oficina de Auditoría Interna de la UPR para solicitarle que investigue las becas otorgadas en ese programa. Si hay alguna irregularidad, como se ha especulado recientemente en varios medios de comunicación, se hará pública al concluir la investigación”, señaló Sánchez en un comunicado de prensa. 

Explicó que de hallarse irregularidades se tomará acción para corregirlas. Ese tipo de medida incluiría restitución de dinero, en caso de algún acto ilegal en la otorgación de alguna beca, precisó Sánchez. 

El doctor Sánchez sostuvo, además, que se recomendará a la Junta de Gobierno que encomiende una revisión de las normas que rigen estas becas, y que se tome en cuenta el resultado de la propuesta investigación.

Ante las dudas que han surgido en torno a los criterios por los que se rige el Programa de Becas Presidenciales, el representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez reclamó este domingo que se deje sin efecto de inmediato cualquier desembolso relacionado con ese beneficio, y se abra el proceso de selección a competencia.

Meléndez hizo su solicitud al presidente de la UPR, Uroyoán Walker. 

“Abogando por la igualdad de participación dentro de la UPR, el presidente Walker debe detener de inmediato cualquier gestión que se esté realizando sobre la otorgación de la Beca Presidencial”, subrayó el legislador del Partido Nuevo Progresista en un comunicado de prensa. 

“Para  que exista una verdadera transparencia en la selección de candidatos, debe someter nuevamente la convocatoria y ofrecer un tiempo razonable para que todos los rectores de los recintos puedan realizar las gestiones pertinentes para que más estudiantes puedan participar por la otorgación de la beca”, abundó.

Debido a esta controversia, Meléndez presentó una resolución en la Cámara de Representantes para que la Comisión de Educación, para el Fomento de las Artes y la Cultura investigue si, en la selección de los beneficiarios, mediaron razones político-partidistas.

Como parte del Programa de Becas Presidenciales, los candidatos tienen la oportunidad de completar un grado doctoral o post doctoral en una universidad del extranjero en disciplinas académicas que sean de particular interés para la UPR. Los elegidos, además, obtendrían una plaza en el sistema universitario si cumplen con todos los requisitos del programa. 

Meléndez censuró también que, durante el proceso para otorgar la beca, solo se les diera a los rectores de los recintos de la UPR dos semanas en julio pasado para someter sus recomendaciones al presidente de la institución. 

De otra parte, el Senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel ‘Chayanne’ Martinez Santiago, anunció la radicación de una serie de referidos ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para que se investigue el rol de Walker Ramos en la otorgación de becas y otros privilegios a estudiantes de dicha institución, sin seguir procesos de competencia, según esto es requerido por las leyes y reglamentos aplicables.

“Estamos consternados ante lo que a todas luces aparenta ser un escándalo de corrupción pública en la UPR sin precedentes. Aquí se habla de que el Presidente de la institución utilizó su puesto para darle beneficios a algunos amigos del alma por el mero hecho de ser allegados a figuras del Partido Popular Democrático, privando así a estudiantes necesitados de estas ayudas. Entendemos constituye una actuación ilegal del Presidente Walker Ramos. Dicha actuación violentaría varias disposiciones legales, entre ellas, disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012, según enmendada). Por eso exigimos una investigación”, dijo el Senador por el Distrito de Arecibo.

El monto de la beca otorgada a Pagán asciende a los $40 mil aunque la solicitud inicial fue de $65,580. Ninguno de los dos cualificaba paras estas ayudas.

Los referidos, enviados en el día de hoy, están dirigidos al Secretario de Justicia, Cesar Miranda, y la Directora de Ética, Zulma Rosario. En los mismos se exige una investigación, profunda y transparente, sobre estas alegaciones.

Además de los referidos, Martínez Santiago radicó una resolución de investigación, la cual ordena a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado a realizar una exhaustiva y detallada investigación sobre el proceso de otorgación de becas a estudiantes en la UPR.