Grande y con muchos datos, pero expertos opinan que no es la auditoría que necesita Puerto Rico.

El informe voluminoso de Investigación de la Deuda divulgado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expone en sus 608 páginas múltiples datos históricos, patrones de irregularidades, a la vez que hace recomendaciones, aunque no tiene información que conlleve a detectar a muchos de los responsables del endeudamiento que amenaza la economía del País, según dos expertos consultados.

El Comité Especial de Investigación de la JSF anunció antenoche la publicación del Informe de Investigación de la Deuda preparado por el examinador independiente Kobre & Kim LLP.

Además, informó que hará aquí una vista pública el 18 de septiembre, para dar a las partes interesadas la oportunidad de escuchar y ser escuchados con respecto a los resultados del informe. 

Por lo voluminoso del informe, los consultados por Primera Hora no habían concluido su lectura de las 608 páginas.

El informe revela, entre otras cosas, el daño de la política partidista en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y malos manejos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entre otros señalamientos, según el estudioso de la ley federal PROMESA, Rolando Emmanuelli.

También hay hallazgos sobre emisiones de bonos en el 2014, sin que hubiera confianza en ese momento sobre la capacidad de pago y sobreestimaciones de ingresos en la AEE, lo que puede violar leyes federales del mercado de valores, agregó el abogado.

Emmanuelli dijo que el documento es un mecanismo importante en términos de análisis histórico de cómo se llegó a la deuda gubernamental de $72 mil millones, pero que al no ser una auditoría no revela a la inmensa mayoría de los participantes, lo que limita la posibilidad de hacer determinaciones específicas.

Sin embargo, Emmanuelli opinó que el Comité de Acreedores no Asegurados en el pleito federal bajo la ley PROMESA podría expresar insatisfacción por esa escasa información y pedirle a la jueza federal Laura Taylor Swain que ordene que se amplíe la pesquisa.

“Esto en sus méritos es una recopilación minuciosa de los eventos que condujeron al endeudamiento de Puerto Rico que puede servir de plataforma para investigaciones más puntuales. El informe confirma la necesidad de auditar la deuda, si hay un hallazgo principal es que hay tanta situación dudosa o patentemente ilegal que confirman la necesidad de auditar, porque ese es un derecho del deudor”, indicó el abogado tras recordar que la gente está perjudicada con la deuda porque terminará el proceso con la imposición de nuevos impuestos.

El economista José Alameda, integrante de la Comisión de la Auditoría de la Deuda, la que tiene un pleito en el tribunal para que se le permita acceder a documentos sobre la deuda real, dijo que este informe de la JSF es “una auditoría light” y representa un intento de no tocar a una serie de personas y no identificar culpables.

Según Alameda, lo que se necesita es una “auditoría forense” que revele las ilegalidades que pueden estar detrás de la causa de la deuda, y que permita cobrarle al causante con multas y reclamaciones judiciales por daños.