El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la Legislatura y los 78 acaldes y alcaldesas del país se encaminan a cuadrar un marco regulatorio que permita atender el añejo problema del deficiente, o a veces ausente, alumbrado público a través de la Isla, y de paso, poner en buen uso los $1,185 millones que asignó la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a esos fines.

Según trascendió en una reunión que tuvo lugar este jueves en la mañana en el Capitolio, por invitación de la Cámara de Representantes, los administradores municipales tienen 10 días para someter al NEPR sus comentarios y propuestas para ese marco regulatorio, que permitiría una mayor participación de los municipios en el proceso de rehabilitación del alumbrado público, y al que tendría que acogerse la empresa LUMA Energy, operador de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico.

Paralelamente, indicó el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, la Cámara estaría trabajando en una legislación para asegurar que ese marco regulatorio que finalmente se establezca se tenga que respetar y cumplir por todas las partes. Agregó que esa legislación se estaría trabajando con celeridad, para que su aprobación sea lo más rápido posible y entre en vigor “con vigencia inmediata, cosa de que LUMA no tenga capacidad ni tan siquiera para hacer algún cuestionamiento sobre la misma”.

Durante su presentación, el presidente del NEPR, Edison Avilés, indicó que, de la información que suministró LUMA, encontraron que solo estaban obligados los fondos en 42 municipios, con un monto de $657.9 millones. En esos municipios se había alcanzado hasta un 75% de instalación de luminarias, y faltaba por atender el 25% restante. Obligado, pero en desarrollo, estaba también el municipio de Rincón, con $12.1 millones asignados.

Aclaró que esa era la información suministrada por LUMA, pero que, si era contradictoria a la realidad, los alcaldes podían someter las debidas observaciones, para que el NEPR pudiera fiscalizar y dar constancia de la realidad.

En cuanto a los restantes 35 municipios, que se encontraban inactivos, Avilés indicó que el NEPR acaba de emitir una orden a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para que, en 10 días, acuda ante FEMA y “reactive todos los proyectos de luminarias a lo largo y ancho del país”. Con esa orden, se añaden $527 millones para el remplazo de luminarias a través de la Isla.

De acuerdo con Avilés, bajo el nuevo marco regulatorio, “la integración sería bajo una sola estructura, y así eliminamos este asunto de que cada uno de los alcaldes va, habla con LUMA, y no se sabe cuál es el resultado. Básicamente lo vamos a uniformar, y una vez se adopte, es para el beneficio de todos” los alcaldes y alcaldesas.

Además, garantizaría “una supervisión continua y unos mecanismos de control regulatorio”, con un “mecanismo de que, en caso de que no haya un cumplimiento, el Negociado como ente regulador va a poder resolver las controversias”.

Asimismo, se espera que “la colaboración municipal ampliará capacidad operativa para realizar la ejecución”.

Según el presidente del NEPR, los comentarios y sugerencias que envíen los primeros mandatarios municipales en este periodo de 10 días ayudarían a poder satisfacer las “disposiciones que típicamente son parte de la contratación entre un operador y un municipio”, de manera que “se facilite la participación de los municipios con LUMA”.

Alcaldes presentan sus preocupaciones

Por su parte, varios alcaldes llamaron la atención sobre diversos temas, como quién estaría a cargo de las subastas de las luminarias a colocar, los plazos para que LUMA cumpla con los pagos, que los municipios puedan solicitar adelantos de fondos, la preocupación por asuntos de seguridad y que se pudiera eximir al municipio de responsabilidad en caso de reclamaciones como parte de algún proceso por daños y perjuicios, entre otros.

Por otro lado, establecieron “es viable tener este tipo de contrato”, pues ya se habían hecho en el pasado con la AEE, además de que muchos municipios cuentan con oficinas para trabajar con los fondos federales y de FEMA, e incluso han trabajado un sinnúmero de proyectos de reconstrucción con más agilidad que el gobierno estatal.

El presidente cameral, mientras, resaltó que “ahora los municipios tienen visibilidad de qué cantidad de dinero hay asignado a cada municipio” para este propósito de remplazar las luminarias, “y ahora todos los municipios pueden participar, cumpliendo con una serie de requerimientos”.

Subrayó que espera que la legislación que preparen dé “instrucciones claras a LUMA, al gobierno de Puerto Rico, al Negociado de Energía, y establezca esas reglas claras para que los municipios tengan acceso a esos fondos”, de manera que eventualmente “se prendan todas las luminarias que se tengan que prender”.

“Sabemos que LUMA no está haciendo el trabajo, y por eso es que queremos incluir a los municipios”, y a esos fines había invitado a las delegaciones de todos los partidos, de manera que puedan preparar una legislación que “esté blindada, y que los municipios tengan reglas claras, y que LUMA, LUMA especialmente, sepa que el estado de derecho que estamos haciendo sea para que los municipios sean los que realicen el trabajo”, agregó Méndez.

“La legislación va a establecer lo que es el deseo de los alcaldes y la intención legislativa nuestra, de que LUMA no sea el único ejecutor de poner al día las luminarias en Puerto Rico, sino que se le tiene que dar participación, no que se le puede, es que se le tiene que dar participación a los municipios”, insistió. “LUMA no va a tener excusas para no cumplir. Para eso es el marco regulatorio”.

La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, hablando también a nombre de la Asociación de Alcaldes, se expresó esperanzada en la legislación que se va a elaborar, aunque subrayó la necesidad de poder contar con adelantos de dinero para poder colaborar en el arreglo de luminarias.

“Naguabo, no estaría disponible para trabajar por rembolso”, sostuvo.

El alcalde de Las Piedras, Miguel A. “Micky” López Rivera a nombre de la Federación de Alcaldes, también avaló la propuesta de legislación, indicando que, aunque LUMA todavía tiene el control de los fondos, sostuvo que la legislación incluso podría trabajarse de manera que establezca que la AEE desembolse los fondos directamente a los municipios, en vez de a LUMA, y entonces “ya LUMA se saldría de la ecuación”.

En tanto, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, quien aporta la experiencia de haber trabajado en la AAA, enfatizó que, además del adelanto de fondos, también habría que prestar atención sobre la “seguridad, que los empleados que estén ahí tienen que estar adiestrados, porque estamos bregando con corriente, que es sumamente peligrosa”.

Con el aval del NEPR

En cuanto al rol del Negociado de Energía, Avilés sostuvo que la legislación fortalecería el estudio que llevaron a cabo, que “establece que los municipios pueden participar de este proceso” de reparar luminarias. Agregó que, una vez cuenten con los comentarios de los municipios, el NEPR “va a estar en posición de por lo menos establecer unas guías, que van a ser reforzadas posiblemente en la legislación, y un borrador de contrato que va a viabilizar la participación del municipio lo antes posible”.

“Yo creo que lo más importante es que añade una capacidad de ejecución. Los municipios se van a convertir en colaboradores. Va a haber mayor mano de obra para poder ejecutar un plan que antes se pensaba que no se podía (hacer). Y, más que los municipios participar, se viabiliza y se acorta el tiempo de ejecución, porque vas a tener más gente participando, 78 municipios, para lograr la iluminación y darle resiliencia al sistema eléctrico, específicamente la seguridad”, afirmó.

Aclaró que, una vez se establezca este mecanismo, respaldado por resoluciones y disposiciones de ley y reglamentos, “LUMA no puede decir que no por capricho, tiene que ejecutar, tiene que obedecer las órdenes del Negociado. Ni LUMA, ni Genera, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni cualquier otra compañía certificada en nuestro país puede por capricho, sin apoyo en ninguna disposición legal, no obedecer una orden del Negociado de Energía. Una orden del Negociado de Energía tiene que ejecutarse, y si no se cumple, tiene unas consecuencias legales claramente establecidas por ley”.

También aclaró que la participación de un municipio “es voluntaria. Si el alcalde entiende que puede realizarlo y que está protegido, va a entrar a realizar el trabajo”.

“Esto es una oportunidad, una opción de que el municipio, si entiende que puede participar, entrar. Si entiende que no, que descansa en LUMA, pues el mecanismo es otro, uno de fiscalización del municipio para que se ejecute su plan, y van a estar encima de LUMA para que se ejecute. Ahora, si el municipio entiende que es más rápido, más eficiente que LUMA, pues aquí que lo demuestre. De eso se trata”, sostuvo Avilés.

Cauteloso el PIP

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez afirmó que miraría el proyecto de ley “con mucha responsabilidad”, pues entiende que debe atenderse con cautela el tema de dar a los municipios “poderes para trabajar cuestiones de energía eléctrica”, pues “no hay 78 sistemas eléctricos, es un sistema eléctrico unificado de transmisión”.

“El PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) no se está cerrando a la idea, pero no nos olvidemos que también tiene que ser un proceso que incluso la opinión legal, de rendición de cuentas, de contratos, de mecanismo de subasta, de seguridad, de términos técnicos operacionales. Por lo tanto, vamos a mirar con mucho detenimiento el proyecto de ley. Creo que el marco legal va a tener que tener todas esas preocupaciones”, afirmó. “Pero el uso y el manejo de fondos públicos, hay municipios y hay municipios, y hay municipios que están en la quiebra, y hay municipios que tienen múltiples señalamientos del contralor, y por lo tanto eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, y particularmente a capacidad operacional del municipio para llevar a cabo este tipo de asunto también”.