Un posible esquema fraudulento en el que se le achacaron deudas a contribuyentes por el pago de arbitrios de vehículos de motor y donde se alega que empresas han logrado importar vehículos de manera contraria a los procedimientos requeridos fue detectado en una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG), realizada con la colaboración del Departamento de Hacienda (DH).

El esquema, según se informó en comunicado de prensa, se realizó a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). Las consecuencias que se advirtieron es que el hallazgo podría terminar en referidos de concesionarios de autos no autorizados, así como empleados de Hacienda y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al Departamento de Justicia para la radicación de cargos.

Esta investigación comenzó luego de que la OIG recibiera un planteamiento en el que se alegó la suplantación de identidad de un contribuyente a través del sistema SURI. Toda vez que, la cuenta del contribuyente reflejaba una deuda que desconocía por concepto de arbitrios ascendente a $16,088.31 que, sumado a intereses, penalidades y otros cargos, reflejaba un total de $25,250.05.

De acuerdo con los hallazgos, la deuda incluía un total de seis declaraciones incidentales de vehículos de motor registradas a nombre y seguro social del contribuyente que presentó el planteamiento. Declarándose la importación de un total de 12 vehículos desde el estado de Florida a Puerto Rico, entre los que se incluyeron: motoras, vehículos tipo ATV, Can-Am y un remolcador.

Según el informe, la deuda generada contra el contribuyente surgió luego de que las compañías importadoras retiraran los vehículos del muelle con la alegada autorización del personal del Hacienda, sin completar las transacciones de pago de arbitrios ni realizar el debido registro de propiedad ante el DTOP. Los hechos de la investigación señalaron que, en junio de 2022, se registraron ocho intentos de pago que fueron reversados por el banco y no se procesaron exitosamente.

La investigación de la OIG detalló que luego del levantamiento de carga, un total de seis vehículos fueron registrado por el CESCO en DTOP, de una forma posiblemente irregular, y con nombre de personas distintos al del contribuyente. Todo esto, sin el traspaso de propiedad exigido por las normativas vigentes.

En Puerto Rico, el Código de Rentas Internas de 2011, establece que ningún vehículo importado para uso privativo podrá ser retirado del muelle o lugar de depósito hasta que el importador cumpla con el pago de arbitrios, el registro y la licencia del vehículo.

Sin embargo, de la información y evidencia recopilada demuestra que los contribuyentes lograron obviar los procesos regulares del Negociado de Impuesto al Consumo de Hacienda (Formulario SC2015-Autorización de Levante de Mercancía Genera). Por lo que se logró el registro del vehículo en el CESCO, sin que se hubiese procesado correctamente el pago de los arbitrios correspondientes

Al mismo tiempo, la OIG señaló que las deficiencias pudieron provocar la acumulación de deudas por concepto de arbitrios a nombre de personas ajenas al trámite de importación de los vehículos, y al registro de vehículos a nombre de individuos que no contaban con una Certificación de Pago de Arbitrios validada en SURI y a su nombre.

De igual forma, la investigación concluyó que esta deficiencia pudo permitir que vehículos importados sean registrados a nombre de personas que no poseían un título de propiedad a su nombre, y que gestores y empleados de compañías importadoras intervengan indebidamente en el trámite de registro de vehículos.

La investigación abarcó el período del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Como parte del informe, la OIG realizó recomendaciones dirigidas a los secretarios del Hacienda y del DTOP, con el fin de que se revisen los controles internos para proteger los intereses fiscales de Puerto Rico.

Asimismo, en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada y conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, se remitió el resultado final del informe al director del Área de Inteligencia y Fraude Contributivo del DH, con el propósito de ampliar la investigación interna en Hacienda y posteriormente considerar un posible referido al Departamento de Justicia, ante presuntas irregularidades vinculadas a la evasión de arbitrios, el levantamiento de mercancía y el registro de vehículos, en las que podrían estar involucrados presuntos concesionarios no autorizados, así como empleados del Hacienda y del DTOP.