El golpe al bolsillo que representó el nuevo aumento en la tarifa de energía eléctrica para este trimestre de octubre a diciembre tiene al pueblo en brote.

El malestar llevó a muchos a enterarse de que desde el pasado 1 de septiembre la factura incluye dos nuevos cargos para costear las pensiones de 12,500 jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otra imposición “provisional” para costear gastos de LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en lo que se revisa la tarifa base.

Ahora en las redes sociales llueven los mensajes de protestas, de la posibilidad de una demanda de clase o de una acción ciudadana para dejar de pagar, al menos, el cargo por pensiones. Algunos hasta se cuestionan la legalidad de esta nueva imposición, pues consideran que la AEE, al ser una corporación pública, es un ente privado.

Estos nuevos cargos, sin embargo, llevan meses discutiéndose antes de que el pasado 31 de julio el Negociado de Energía de Puerto Rico aprobara una resolución en la que dio paso al aumento en la factura de energía eléctrica de 3.41 centavos para ambas imposiciones.

La carga se une con que ahora en octubre el costo de la luz subió de 22 centavos, precio fijado entre agosto y septiembre por el NEPR por concepto de ajustes de combustible y compra de energía, a 28 centavos el kilovatio hora.

¿Qué alternativas tienen los abonados del sistema eléctrico ante este impacto al bolsillo?

Tras Primera Hora consultar a varios expertos del tema, la realidad es que los clientes no tienen más ninguna otra alternativa, más allá de quejarse o reducir el consumo de la luz.

La directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, la licenciada Tania Rivera Díaz, explicó a este diario que todo lo que se considere un “gasto operacional” del sistema eléctrico puede ser incluido en la factura de energía. Esto incluye las pensiones.

“La estructura tarifaria dispone que todos los gastos operacionales o todos los gastos en los que incurra la corporación pública se transfieren a los consumidores”, explicó la funcionaria, cuya función es defender a los abonados del sistema eléctrico, telecomunicaciones y transporte.

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Explicó que una acción de un abonado de dejar de pagar una porción de su factura podría conllevar la suspensión del servicio eléctrico. Detalló que esta suspensión puede ocurrir tan pronto como a los 30 días de haber recibido su factura y no haberla pagado.

“Uno no puede segmentar que uno paga y que uno no paga dentro de la cuantía total que le llega a uno en la factura. Así que ciertamente, si usted deja de pagar la cuantía equivalente a este ‘rider’, que es como se le conoce, para sufragar las pensiones de los retirados de la Autoridad, ciertamente es una cuantía que estás dejando de pagar del total que se supone que hubieras pagado. Así que, en ese sentido, en la medida que eso se vaya acumulando, pues la utilidad puede tomar acción en contra del consumidor y suspender el servicio”, precisó.

Recomendó que, si una persona no desea pagar mucho dinero en estas partidas, debe reducir el consumo de energía eléctrica.

“En la medida en que los consumidores puedan reducir su consumo, van a haber un impacto negativo menor en su factura”, dijo.

El tracto

Rivera Díaz detalló que desde mayo se inició todo el análisis que se completó a finales de julio para dar paso a los nuevos cargos. Alegó que su intervención le ahorró unos $60 millones a los abonados, debido a que se buscaba imponer un cargo mayor a los 1.49 centavos fijados en el cargo provisional para las empresas energéticas.

La primero que ocurrió fue que en mayo LUMA solicitó un aumento de alrededor de $11 mensuales para una familia promedio para crear una cuenta de reserva de emergencia y otros gastos. Genera PR y la AEE también solicitaron aumentos para gastos operacionales al Negociado de Energía durante el proceso de desarrollo del nuevo presupuesto del año fiscal 2025-2026.

El 4 de julio, entretanto, la directora de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, informó al pueblo mediante un comunicado que solicitó al Negociado de Energía que se aprobara un aumento de 1.88 centavos el kilovatio hora para “garantizar” el pago de las pensiones a 12,500 jubilados. El aumento concedido fue mayor de 1.92 centavos, ya que se buscaba recobrar retroactivamente el dinero que no se capturó desde julio.

Entonces, el Negociado evaluó las peticiones y a finales de julio tomó la determinación de incluir los dos nuevos cargos en la factura. Estos se impusieron a la mayoría de los abonados, exceptuando a los que poseen equipo médico para garantizar su vida, los vecinos de los residenciales públicos y los clientes acogidos a la medición neta, que son aquellos que tienen sistemas solares y que solo pagan $4 por concepto de cargos por servicio, según la resolución emitida por el Negociado.

Primera Hora solicitó entrevistas con la directora de la AEE y con el Negociado de Energía para que detallaran las acciones tomadas. La AEE, a través de su portavoz Carlos Monroig, se remitió a los comunicados de prensa emitidos y no brindó más explicaciones. Mientras, la portavoz del Negociado, Sheila Angleró, informó que el entre no explica sus determinaciones, más allá de lo ya contenido en la resolución emitida.

Lo que explicó Zapata Acosta sobre el cargo por pensiones en la comunicación de julio fue que no encontraron otra alternativa que no fuese pasar el cargo a los abonados.

“Desde el 2014, año en que comenzó el impago de la deuda de la AEE, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, se dejó de pagar las aportaciones patronales al Sistema de Retiro de la Autoridad. Esta situación impidió una proyección adecuada de los fondos necesarios para atender las obligaciones con los jubilados de la corporación pública”, sostuvo.

Gobernadora explica y Junta contesta

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón, en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza el 10 de julio, culpó a la Junta de Supervisión Fiscal de promover el pago de las pensiones en la tarifa.

“Nosotros vamos a proteger las pensiones de nuestros empleados públicos”, precisó, al alegar que administraciones populares impusieron recortes a las pensiones del gobierno.

El presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, explicó que desde el 2023 el fondo para pagar las pensiones que se había acumulado se quedó sin dinero. Esto, debido a que unos nueve años antes dejaron de recibir aportaciones del patrono.

González Colón recordó que, desde entonces, el gobierno central había cedido préstamos a la AEE para pagar las pensiones. Pero, la Junta le puso un detente.

“Yo pedí que usáramos del fondo general para pagar esas pensiones. Eso hicimos en abril, en mayo y en junio. Lo pagamos del fondo general a través de un préstamo. Ahora cuando viene julio, yo digo en reuniones con la Junta, vamos a hacerle préstamos al gobierno de Puerto Rico, nosotros buscamos la eficiencia, buscamos reducir partidas de otras áreas para mantener el pago de los pensionados y la Junta de Supervisión Fiscal nos dijo: ‘Nacarile. Hay que tomar una decisión permanente, porque ningunas de estas asignaciones son recurrentes. Son préstamos’. Nos enviaron una carta diciéndonos que no iban a autorizar ningún otro préstamo para las pensiones y que, por lo tanto, julio en adelante se quedaba al descubierto y que la gente no iba a cobrar las pensiones”, explicó.

La gobernadora expuso que determinaron, entonces, introducir el gasto al fondo general. Pero, que la Junta también rechazó la propuesta. Por ello, se tuvo que recurrir a la factura.

Cabe destacar que el plan fiscal de la AEE que se desarrolló en el 2019 y el plan de ajuste de la deuda que se presentó ante el Tribunal federal por la quiebra de la corporación incluía que las pensiones se pagarían de las tarifas, al igual que la millonaria deuda que tienen con los bonistas. Este último cargo todavía no se ha establecido, ya que el proceso de la discusión de la quiebra no se ha culminado.

“Puerto Rico es gobernado por la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta determinó que tenía que, para autorizarnos a nosotros para darle el pago pensiones de julio, de agosto y de septiembre, la Autoridad tenía que someter una propuesta de ajuste temporero. ¿Por qué es temporero? Porque no es recurrente, no es final. En lo que el gobierno de Puerto Rico puede identificar de dónde vamos a garantizar las pensiones”, informó González Colón.

De hecho, el Negociado aprobó el cargo hasta el 30 de junio de 2026. La resolución expone que “el Negociado de Energía considera que los beneficios de pensión constituyen un gasto prioritario, no controversial e inaplazable, por lo que autoriza la recuperación del monto total. En esta fase provisional, el Negociado de Energía acepta el monto solicitado por la AEE únicamente a efectos de la cláusula adicional de pensión. El Negociado de Energía revisará la cifra en la fase de tasa permanente, donde examinará estudios actuariales actualizados, cronogramas de financiamiento y cualquier medida de mitigación de costos. Además, la obligación final de pensión podría cambiar según el resultado de las determinaciones del procedimiento de bancarrota bajo el Título III. Ese procedimiento federal, y no este caso de tasa, resolverá los problemas relacionados con la insolvencia del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE”.

En este periodo de análisis, aun cuando ya se comenzó a imponerse una tarifa, la gobernadora dijo que ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificar de dónde podría salir ese pago, que representa sobre $307 millones al año. Habló de la posibilidad de tener que aprobar legislación. Prometió que, una vez se identificara la fuente del ingreso, se cancelaría el cargo en la factura.

Este diario solicitó a la oficial de prensa de la OGP, Karen Soto, un informe sobre los avances para lograr identificar la partida. No hubo respuesta.

Entretanto, la portavoz de prensa de la Junta, Sylvette Santiago, remitió a Primera Hora unas declaraciones escritas para explicar la determinación del ente. La misma establece que “los pagos a los empleados jubilados de la AEE son una obligación importante que la AEE ha descuidado durante demasiado tiempo. El sistema de retiro de la AEE se quedó sin fondos, porque la AEE no realizó las contribuciones necesarias para mantenerlo solvente mucho antes de que se promulgara PROMESA. La Junta de Supervisión ha hecho grandes esfuerzos para asegurar que los jubilados continúen recibiendo sus beneficios de pensión, incluyendo la aprobación de $400 millones en préstamos para financiar las pensiones, aun cuando la AEE está en quiebra. Seguir recurriendo a préstamos para pagar las pensiones no era sostenible. La AEE no logró desarrollar alternativas para cubrir los costos de las pensiones e incluso recurrió a utilizar $75 millones en reembolsos de FEMA para hacer los pagos”.

Se añadió que “una solución permanente es inevitable. La Junta de Supervisión no determina las tarifas que la AEE cobra a sus clientes. El Negociado de Energía de Puerto Rico, el organismo regulador encargado de fijar las tarifas, implementó un cargo provisional para las pensiones en las facturas de los clientes, efectivo desde septiembre de 2025, que se espera cubra por completo los costos de los beneficios en adelante. Las tarifas eléctricas son la única fuente de ingresos de la AEE para cubrir sus gastos operacionales, de los cuales los pagos de pensiones son un elemento importante”.

Cambios a la tarifa base

Impuesto el cargo a las pensiones, el Negociado aprobó también en su resolución de julio el cargo “provisional”, al que se le llamó “gastos que no sean de pensión”.

Con el cargo de 1.49 centavos se cubren varios programas y proyectos de LUMA, Genera y AEE. Incluyeron $20 millones para la reserva de emergencia. En total, con esta imposición se busca levantar $227.5 millones.

Pero, el pasado viernes el Negociado descubrió que LUMA recibió un desembolso de $41.6 millones del Departamento de Energía federal para los Proyectos de Estabilización Prioritaria del Sistema Eléctrico (PSP, en inglés). Esto, luego de que se le diera de una partida del cargo provisional para este proyecto. Ante la situación, el Negociado adelantó que se dispone a disminuir la cifra de 1.49 centavos.

“La aprobación (del cargo provisional) estuvo expresamente condicionada a que, de proveer el Departamento de Energía financiamiento federal para dichos Proyectos PSP, el Negociado de Energía devolvería de inmediato la cantidad correspondiente a los clientes mediante un ajuste a la cláusula de la tarifa provisional”, se anunció.

En los próximos días podría anunciarse de cuánto sería la rebaja en este cargo.

Esta nueva imposición se estableció como un inicio a la evaluación de la tarifa base de la factura. La directora de la OIPC informó que el proceso de revisión podría culminarse entre febrero a marzo. El Negociado, sin embargo, le puso un término en su resolución de 10 meses.

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, explicó que esta revisión de la tarifa base se supone que por ley se realiza cada tres años y no se hace una desde el 2017.

Para poder tener voz en este proceso, Rivera Díaz llamó a los abonados a participar de las vistas públicas que realiza el Negociado de Energía y que se transmiten por YouTube o someter sus comentarios ante el ente. Puede remitirlos al correo electrónico comentarios@energia.pr.gov.