La directora auxiliar del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la inspectora Nilsa Bonilla Santos, tiene una querella activa en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por supuestamente “utilizar la computadora y correo oficial para asuntos personales”, informó este viernes la agencia investigadora.

Se alega en la querella que la uniformada, que labora desde el 1988 en la Policía, hasta solicitó un préstamo hipotecario en el banco First Bank por $98,000 desde los sistemas informáticos de la agencia.

“La auditoría forense de la DAFD (División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico del Contralor) revela más de 70 instancias en que la querellada utilizó la computadora asignada para fines privados o uso personal”, dice la querella publicada por la OEG.

Entre los documentos identificadas en la computadora del Negociado de la Policía están varios estados de cuenta bancarios, fotografías personales “donde se percibe a la querellada compartiendo socialmente”, planillas de contribución sobre ingresos, recibos de pago y facturas registrados a su nombre, un contrato de arrendamiento de un apartamento, y una carta de cobro de dinero, entre otras cosas.

“De un examen de los ‘items’, según expuesto, se desprende que la querellada utilizó, en numerosas ocasiones, el equipo de computadora asignado en FURA y el correo electrónico asignado en la dependencia para beneficio privado o personal”, resume la querella.

“La conducta de la querellada denota un uso continuo y obstinado de la propiedad de la agencia para asuntos personales. El uso de la computadora o propiedad de la agencia para asuntos personales o de beneficio privado es completamente ajeno a la gestión pública y una conducta no autorizada en Ley”, añade el documento.

La OEG destaca que un funcionario público tiene el deber ministerial de usar los bienes públicos sobre para el beneficio del pueblo. Por ello, concluye que la conducta de Bonilla Santos fue “contraria a la normativa ética sobre el uso adecuado de la propiedad y fondos públicos”.

Se especificó que con sus actos la inspectora pudo haber violado el artículo 4.2 en su división B y S de la Ley de Ética Gubernamental. La B estipula que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”. Mientras, la S indica que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Como remedio, se ha solicitado una multa de $20,000 contra Bonilla Santos por cada una de las violaciones imputadas.

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Además, se ordenó la retención y descuento al Departamento de Hacienda, Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, a la Asociación de Empleados del Gobierno y a la autoridad nominadora contra los fondos acumulados del servidor o exservidor pública hasta completar el pago de la multa impuesta.

Se le ha concedido un término a Bonilla Santos de 20 días para contestar la querella. Además, tendrá una vista adjudicativa, cuya fecha no se ha informado.

La portavoz de prensa de la OEG, Jenniffer Rodríguez, explicó que la funcionaria tiene derecho a ser asistida por un abogado y a defenderse en el proceso administrativo que se le concederá para que una oficial examinadora vea el caso en sus méritos.

La querella contra Bonilla Santos fue impuesta el pasado 13 de julio, tras una investigación en su contra. Sin embargo, no fue hasta hoy que la OEG la hizo pública.