La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó este viernes que se presentó una querella formal contra el exlegislador popular y excomisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, Sergio Ortiz Quiñones, por supuestamente “utilizar su función para apropiarse de propiedad pública”. Específicamente, se alega que se apropió de dos aires acondicionados.

Se detalló que la investigación comenzó en la OEG en abril del 2019, por un referido que hizo la Oficina del Contralor de Puerto Rico tras culminar su auditoria.

En la querella se detalló que en agosto de 2012 se instalaron tres unidades de aires acondicionados en la Oficina regional de Arecibo de la Comisión. Mientras, entre marzo de 2013 a octubre de 2016, Ortiz Quiñones llegó a dirigir la entidad.

Se alega que en julio de 2014 ocurrió una mudanza en la oficina regional en la que se removieron los aires acondicionados y que “el querellado autorizó a que la persona privada (que removió los aires) dispusiera dos de las tres unidades de aire acondicionado”.

“Además, el querellado emitió dos cheques de su cuenta personal a favor de la persona privada. Uno de estos cheques fue por la cantidad de $350 para ‘remover A/C cdcoop’ y el otro por la cantidad de $300 para ‘mantenimiento A/C’”, dice la querella.

Se destacó que las unidades de aire acondicionado estaban funcionando y solo tenían dos años de uso. De hecho, tenían garantía.

Asimismo, se informó que la remoción de los aires se realizó sin que estuviese presente el “encargado de propiedad” de la mencionada Comisión.

En resumen, se alega que “el querellado utilizó sus funciones para obtener un beneficio en contravención con las disposiciones legales antes citada, al apropiarse de las dos unidades de acondicionadores de aire que funcionaban y estaban en garantía, al momento del cierre de la Oficina Regional de Arecibo”, precisa la querella.

Por dicha conducta, se le imputa violación a tres incisos del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. La misma expone que no puede utilizar propiedad pública para su beneficio personal.

Ortiz Quiñones se expone a una multa de $20,000 por cada una de las tres infracciones, “así como que se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno”.

Según el proceso de Ética Gubernamental, ahora el querellado tendrá derecho a una vista para defenderse de las imputaciones, en la que puede estar acompañado de un abogado.

La abogada Ana M. Cruz Oliver, del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, estuvo a cargo de la investigación.