Tres querellas contra funcionarios del municipio de Arecibo, encabezadas por su alcalde Carlos R. Ramírez Irizarry, figuran ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por haber contratado a un convicto federal para ocupar un puesto de médico aun cuando estaba inhabilitado para ejercer esa profesión.

La información la dio a conocer este jueves la agencia, al hacer públicas las tres querellas. En la misma se ordena la restitución de dinero y se advierte de la posible imposición de multas.

Además del alcalde de Arecibo, entre los querellados figuran el presunto médico, identificado como Edgar A. Cancel Zapata, al igual que Luis Cruz Vélez, exdirector de Recursos Humanos del municipio.

Esta no es la primera vez que se señala a Ramírez Irizarry y al municipio de Arecibo por contratar convictos. De hecho, el Departamento de Justicia recomendó al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) que investigase el ejecutivo municipal por contratar a la exsenadora Maritere González como ayudante especial del alcalde, a pesar de que esta se declaró culpable por negligencia en el cumplimiento del deber en mayo del pasado año, así como a Cancel Zapata para trabajar en el sistema de rastreo de casos de COVID-19.

Sin embargo, no enfrentó una acusación criminal, ya que llegó a un acuerdo con el PFEI. Como parte de tal acuerdo, la exlegisladora restituyó los $10,700 que recibió como salario.

Este jueves resurgió, sin embargo, el caso del “médico”, nombrado a un puesto irregular para hacerse cargo del Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos por COVID-19.

En su querella, Ética expone que le dio a las tres personas involucradas unos 20 días para contestar los señalamientos en su contra. Entre los argumentos que se exponen en las mismas se destaca que Cancel Zapata era “inelegible para pertenecer al servicio público por razón de su convicción por la comisión de delito”.

Destaca, además, que la persona no tenía licencia para ejercer como médico en el año 2021, periodo en el que se le contrató.

Se les advirtió a los involucrados en tales querellas que se exponen a multas del máximo permitido por ley y que deben restituir $8,861.52, si en el proceso administrativo se les imputa responsabilidad de los actos.

Reacciona el alcalde

Ante la acción de Ética, el alcalde de Arecibo dijo en expresiones escritas que le da “la bienvenida” a esta investigación que se emprendió en su contra y los otros dos funcionarios. Mientras, se reafirmó en que no hizo nada ilegal al contratar a Cancel Zapata.

“Respeto y doy la bienvenida a la investigación que anunció la OEG en contra de este servidor en mi carácter de primer ejecutivo de Arecibo. Estoy en la mejor disposición de entregar la información que necesiten como parte del proceso investigativo. Hay que recordar que tanto el Departamento de Justicia como la Oficina sobre el PFEI hicieron sus respectivas investigaciones y no encontraron evidencia para sostener que yo como primer ejecutivo hubiera hecho algo ilegal con relación a la contratación del doctor Edgardo Cancel Zapata. No empece a lo anterior, en aras de fortalecer los procesos internos del municipio relacionados con contrataciones, entre otros, se implementaron medidas correctivas”, afirmó.

Agregó que “es lamentable que agencias de gobierno que velan por la salud fiscal se presten para atender querellas basadas en solicitudes político partidistas. Esto lacera la imagen de la agencia, así como la del Gobierno central mientras menoscaba la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos. A los arecibeños, les recuerdo que seguimos trabajando e identificando oportunidades que redunden en beneficio de cada uno de ustedes. Ese es el norte de mi administración y nada ni nadie me desenfocará de esa gestión. Estoy listo para someterme una vez más al escrutinio sobre la contratación del doctor Edgard Cancel Zapata, en esta ocasión ante la OEG. Estoy confiado de que la verdad prevalecerá pues no he incurrido en ningún acto ilegal que envuelva responsabilidad. Reitero mi postura de que la administración municipal trabaja conforme a las leyes y los reglamentos que rigen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.