Eva Ayala, portavoz de Educamos, acusó al gobernador, Alejandro García Padilla, de no saber leer tras, según la activista, malinterpretar la decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley 160.

"El gobernador anda diciendo que la decisión del tribunal sobre la Ley 160 es contradictoria porque declara inconstitucional dicha ley para el magisterio activo y constitucional para los nuevos, ya que la constitución debe ser igual para todo el mundo. Es sorprendente que el gobernador, quien también es abogado, no entienda que la decisión se refiere al menoscabo de las obligaciones contractuales ya que los maestros activos son los que tienen contrato, pero los nuevos, como no están nombrados, no tienen contrato”, dijo Ayala en declaraciones escritas.

"El gobernador y el secretario (de Educación, Rafael Román) debieran por lo menos saber leer, pues como parte de sus funciones tienen la obligación de respetar la decisión emitida", agregó la líder magisterial.

Ayala insistió en que el Comité de Diálogo y Negociación, que integraron, entre otros, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el secretario del Departamento de Estado, David Bernier, sometió propuestas viables para salvar el SRM.

 “Le hemos puesto en la mano docenas de propuestas que resuelven por mucho el déficit del SRM. El Comité de Diálogo y Negociación, que contó con la participación directa de representantes del Gobierno, elaboró y le entregó un documento demostrando que la Ley 160 es innecesaria ya que hay otras salidas menos onerosas para salvar nuestro retiro”, agregó.

“El magisterio exige que tanto el poder ejecutivo como el legislativo asuman su responsabilidad con el pueblo y trabajen para convertir las alternativas en ley. Cada legislador, así como La Fortaleza tienen en sus manos las soluciones", culminó.

El pasado viernes el Tribunal Supremo declaró que ciertas partes de la Ley 160, que reformó el SRM, son inconstitucionales pues van en contra de los derechos contractuales de los educadores.

En una decisión que contó con cinco votos a favor y tres en contra, el Supremo determinó que aplicar los cambios del plan de pensiones a los maestros activos es una medida irrazonable. Asimismo, señaló que los informes actuariales usados por el Gobierno para justificar el estatuto no contemplan los efectos que tendría la Ley 160.