Como parte del análisis de opciones para lidiar con la criminalidad y la violencia que atraviesa Puerto Rico, así como para preservar la seguridad y bienestar de los más vulnerables, la senadora Zoé Laboy Alvarado radicó hoy una resolución para realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de implementar toques de queda para menores de 16 años.

“A pesar de que las estadísticas reflejan que a la fecha de hoy se reportan 13 asesinatos menos que a la misma fecha del año pasado, la criminalidad y violencia en las calles es preocupante. Sin duda, nuestra juventud toma un rol protagónico debido a su vulnerabilidad, por lo que debemos accionar nuevas soluciones a esta nueva realidad”, explicó Laboy en declaraciones escritas.

Según estadísticas de la “National Youth Rights Association”, 400 ciudades de los Estados Unidos han implementado toques de queda, partiendo de la premisa de que mantener a los niños y jóvenes fuera de las calles durante ciertas horas de la noche ayuda a conservar niveles bajos de crímenes juveniles y donde las víctimas son menores de edad.

En el caso de Puerto Rico, la medida de Laboy persigue estudiar si es deseable y viable adoptar la misma medida, y cómo sería su implementación, monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Dicha información surgirá del proceso de vistas públicas que se realice para escuchar las opiniones expertas y de diversos sectores de la comunidad.

“Aunque los menores están protegidos por las mismas garantías constitucionales contra las privaciones gubernamentales que los adultos, existen áreas en las cuales las leyes pueden válidamente restringir conducta tomando en cuenta los siguientes factores: la peculiar vulnerabilidad de los menores; la inhabilidad de estos a tomar decisiones informadas, maduras y juiciosas sobre cómo proceder en situaciones críticas; y la importancia del rol orientador de los padres en la crianza de los hijos”, citó del caso Belloti v. Blaird. 443 US 622 (l979).

“Es meritorio la protección de los menores por parte del gobierno, así como la responsabilidad de los padres, madres o tutores legales para asegurarse que sus hijos no se conviertan en víctimas o caigan en las garras del mundo criminal”, sostuvo Laboy.