Los exgobernadores del Partido Popular Democrático  (PPD), Rafael Hernández Colón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla  se expresaron en contra del proyecto que propone una consulta de estatus en mayo próximo al no incluirse al Estado Libre Asociado desarrollado como opción de estatus para los votantes.

El exgobernador Rafael Hernández Colón citó decisiones judiciales en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, particularmente el caso Sánchez - Valle, y que a su juicio favorecen, definen y sostienen la “legitimidad" de la clausula territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). 

“El Proyecto no cumple con la propuesta del gobierno federan el a Ley Pública Federal 1113-76 de 2016 ni con el Derecho Internacional y violenta el derecho al voto e los puertorriqueños que apoyamos el Estado Libre Asociado desarrollado, el derecho a la igual protección de las leyes, el derecho al debido proceso sustantivo, y el derecho a la libre expresión, todos, derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, dijo Hernández Colón ante la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado.

Hernández Colón indicó que en el plebiscito que se convoca  “los puertorriqueños que favorecen la estadidad pueden votar por ella y encauzar el futuro del país de esa manera. Igualmente los que favorecen la independencia en su modalidad de independencia separada o de libre asociación. No así los que favorecen la libre asociación en su modalidad de unión permanente como ELA desarrollado”. Por esta razón, opinó que no incluir al ELA desarrollado como alternativa de estatus en el plebiscito propuesto constituye “una violación del debido proceso sustantivo garantizado por la Constitución de Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, mientras, coincidió con Hernández Colón y argumentó que el proceso “no puede estar diseñado para que los resultados estén pre determinados" por lo que solicitó que el mismo sea “inclusivo para que nadie pueda cuestionar la validez del resultado’' y que “incorpore al Congreso desde el inicio para que esté política y moralmente, obligado a responder”. 

“Luego de ese diálogo con el Departamento de Justicia y luego de la aprobación del proyecto en Washington es que se debe legislar localmente, permitiéndole a los partidos que se incluyan en dicha legislación las propuestas que se entiendan que pueden ser validadas por el Departamento de Justicia, que en su momento tendrá que manifestarse sobre la validez constitucional de cada una de las opciones de estatus. Obviamente, si el Congreso no actuara en un tiempo razonable, esta legislatura tendrá entonces que hacerlo con una legislación que incorpore las alternativas que los partidos quieren que sean”, argumentó al considerar que la consulta sería una  "amañada”,

Sin embargo, el senador novoprogresista Miguel Romero, ripostó al opinar que “no tener una definición clara y libre de ambigüedades es algo que podemos interpretar como amañado”.

“Para que este proceso funcione hay que sentarse a trabajar juntos y presentarlo juntos al país y a Estados Unidos… y si el ELA es tan malo como dicen póngalo en la papeleta, atrévanse y derrótenlo”, dijo por su parte García Padilla.