Comprometidas con devolverle la credibilidad que la institución ha perdido ante la percepción pública en los pasados años, tres exjuezas nominadas para ser parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) coincidieron este lunes que, de ser confirmadas, lucharán por mayor transparencia en la agencia y no actuarán conforme a intereses externos.

Las licenciadas Leila Rolón Henrique, Nélida Jiménez Velázquez y Olga Birriel Cardona, esta última nominada como alterna del Panel, comparecieron hoy ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, donde recibieron el reconocimiento y la promesa de respaldo por parte de las y los legisladores de ese cuerpo que participaron de la vista, incluyendo aquellos de los partidos de oposición.

A preguntas de los representantes, relacionadas con la percepción negativa que existe en torno a la labor del PFEI, las nominadas fueron unánimes en sus expresiones de que harían su labor tomando en cuenta la prueba de cada caso que llegue ante su consideración, y no algunas otras posibles agendas de terceros.

Rolón Henrique, por ejemplo, en respuesta a preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago sobre cómo podrían devolver la credibilidad al Panel, indicó que no podía cambiar el pasado del PFEI, pero sí “puedo hacer un trabajo prospectivo… mi compromiso es que voy a resolver conforme a la prueba… evaluar el caso y objetivamente determinar si hay caso o si no hay caso” que deba presentarse ante el tribunal.

“Puedo ser lo suficientemente íntegra para que, cuando el pueblo me esté mirando o cuando el pueblo no me esté mirando y yo esté en el despacho resolviendo el caso, resolver conforme a la prueba, y no conforme a complacer la expectativa que tenía otro”, afirmó la nominada.

Jiménez Velázquez secundó esas expresiones y reiteró que “no hay duda, tenemos que ponderar cuál es la prueba que tenemos. A ningún ciudadano se le debe someter injustificadamente al rigor de un proceso criminal, por lo pesado que es, lo costoso que es, el sufrimiento que conlleva”.

Asimismo, las tres nominadas se expresaron también de manera unánime a favor de que el PFEI de alguna forma se comunique mejor con la ciudadanía y de esa manera pueda explicar sus diferentes decisiones, abonando así a la transparencia.

En respuesta a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero, sobre cómo esperaban ayudar a establecer estrategias que fomenten la comunicación y la transparencia, la nominada Rolón Henrique indicó que “me reitero en que tenemos que fomentar la información al pueblo para que el pueblo pueda entender qué es lo que está pasando con las investigaciones, no solo del PFEI sino en los tribunales en general”.

Birriel Cardona agregó que, si bien entendía que “el PFEI en ocasiones informa sobre los casos que tiene a su cargo”, en cualquier caso “pueden contar con nuestra capacidad y compromiso para explorar y ver si es necesario algo adicional para que se informe mejor”.

Jiménez Velázquez secundó a sus colegas y aseguró que “el compromiso es claro, y es algo a lo que estamos acostumbradas, a trabajar y trabajar y trabajar. No le tengo miedo al trabajo, ese es el compromiso que todos los jueces en Puerto Rico tienen. Para eso estamos”.

En unas breves expresiones ofrecidas a la prensa tras concluir la vista, la exjueza Jiménez Velázquez aseguró creer “que va a llegar un buen empuje al FEI y como explicamos en las vistas, creo en la necesidad de una divulgación, un poquito de más de transparencia va a hacer la diferencia. Vamos a ver, vamos a empezar a reunirnos en panel y hacer esas determinaciones”.

¿Quiénes son?

Rolón Henrique es una abogada y notaria con 21 años de experiencia, admitida a la práctica legal en el foro estatal y en el federal. Tiene un bachillerato en ciencias sociales con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).

En 2012 fue nombrada jueza superior del Tribunal de Primera Instancia, cargo que ocupó por 12 años, durante los cuales atendió salas de lo civil, criminal, familia y maltrato a menores. También trabajó como coordinadora de jueces de familia y menores.

El año pasado, retomó la práctica privada como abogada.

Birriel Cardona, por su parte, estudió en la Escuela de Derecho de la UPR, trabajó unos años en la práctica privada y en 1979 fue nombrada jueza municipal de Peñuelas. También ejerció en el Tribunal de Guayanilla y la sala de investigaciones de Ponce. En 1981 fue trasladada al Centro Judicial de San Juan, donde laboró como jueza municipal en la sala de investigaciones hasta 1985.

En la práctica privada ofreció cursos en la Escuela de Investigación Criminal de la Academia de la Policía en Gurabo. También fue abogada de gremios policiales y desde 1988 ejerció como abogada de defensa en casos relacionados a los asesinatos de Cerro Maravilla, incluyendo la representación legal del exsuperintendente de la Policía, Desiderio Cartagena, en las segundas vistas senatoriales de ese caso.

Más adelante, en 1995, fue designada presidenta del Cuerpo de Comisiones de la entonces Comisión de la Mujer de Puerto Rico. De 1998 a 2000 fue directora de la división legal del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico.

Entre 2009 y 2023 ejerció como jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

Jiménez Velázquez, en tanto, tiene un bachillerato en ciencias de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR, Recinto de Río Piedras. También estudió en la Escuela de Derecho de la UPR y obtuvo su licenciatura en 1978, mismo año en que fue admitida a la práctica de abogacía y notario público, y a la práctica en el tribunal federal, tanto en la corte de distrito de Puerto Rico como en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Trabajó para la Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, así como bufetes privados.

En 1993, fue designada directora de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Dos años después, ocupó la secretaría de la Presidencia de la Cámara de Representantes.

En 1996 fue nombrada jueza superior y asignada al Tribunal de Primera Instancia, sala de lo civil contencioso, en la región judicial de Utuado. Entre 1997 y 2000 ejerció como jueza superior en la sala de relaciones de familia de la región judicial de Humacao, y de 2000 a 2006 como jueza superior de la sala de relaciones de familia y menores del Centro Judicial de San Juan.

A mediados de 2006 fue nombrada jueza del Tribunal de Apelaciones, donde ejerció hasta su jubilación en el 2021. Poco después, el pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la designó Comisionada de la Comisión de Disciplina Judicial, función que ejerce al día de hoy.