A 15 días de que venza el contrato suplementario que mantiene el gobierno de Puerto Rico con LUMA Energy, las posibilidades de cancelar el multimillonario acuerdo se esfuma porque el Primer Ejecutivo, Pedro Pierluisi, aseguró que para el 1 de diciembre el consorcio estará brindando sus servicios en la isla.

Las expresiones del gobernador surgieron cuando miembros de la prensa le cuestionaron si consideraría firmar las medidas legislativas relacionadas al futuro de LUMA Energy como administrador de la operación, mantenimiento y modernización de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica por medio de una Alianza Público Privada (APP).

El contrato entre el consorcio y el gobierno comenzó en junio de 2021 como uno suplementario y a partir del 30 de noviembre del 2022 pasaría a una segunda fase como contrato base. A través del contratro suplementario -que se extiende por 18 meses- se le otorga a LUMA $115 millones. De dar paso a un contrato base la anualidad sería de entre $70 y $105 millones con la posibilidad de que la empresa reciba un bono adicional de $20 millones si cumplen con unas métricas que aun no se han establecido. El escenario también podría incluir cancelar el contrato, como se sugiere a través de proyectos legislativos o extender el contrato suplementario, pero el gobierno no ha dejado claro si esta es una carta bajo la manga.

Lo que sí enfatizó Pierluisi es que a su despacho no han llegado proyectos de ley pendientes de firma, pero acotó que una vez lleguen a la Oficina de Asuntos Legislativos de Fortaleza los evaluará tomando en considerando que cumplan con los requisitos de la Ley Promesa.

“En su momento los voy a evaluar pero ya conocen que en el área de energía yo estoy bien pendiente a los requisitos de la Ley Promesa porque esa ley aplica en Puerto Rico y es ley suprema. Además, estoy pendiente de los requisitos del plan fiscal de la Autorida de Energía Eléctrica que aplica. De igual manera, el plan fiscal del gobierno aplica y entra en todos estos temas. O sea, que yo arranco por ahí porque si el proyecto incumple con esos requisitos básicamente estoy impedido de firmarlo”, adelantó.

Las medidas en referencia incluyen la aprobación en votación interna (mark-up) de la Resolución Conjunta del Senado 326 que busca acelerar el proceso de transición ante un escenario en el que se cancele o no se renueve el contrato que tiene LUMA y las votaciones a favor del Proyecto de la Cámara 1429 para restructurar la millonaria deuda de la AEE, así como el visto bueno de las resoluciones conjuntas del Senado (RCS 326 y RCS 327) que ordena a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a que presenten un plan de trabajo completo si se opta por la cancelación del contrato a LUMA Energy y ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a que presente un informe detallado de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecución del contrato otorgado a LUMA, respectivamente.

Por otro lado, dijo que hay asuntos de política pública que pesarían en su decisión, mencionando especfícamente a la reconstrucción de la red eléctrica que hay en curso. Lo último que quiere el pueblo de Puerto Rico es que eso se atrase. Cualquier cosa que yo vea que pueda causar una dilación o un atraso no lo voy a ver con buenos ojos y eso lo dijo la secretaria del departamento de Energía (Jennifer Granholm) que estuvo aquí... ella dijo que aquí lo que queremos es que todos los que tienen que ver con el sistema eléctrico hagan su parte”, agregó el gobernador.

¿O sea, que LUMA se queda?, preguntó una periodista.

“Lo he dicho y lo repito el primero de diciembre vamos a tener a LUMA y yo espero que cada vez más brindando un mejor servicio a nuestro pueblo. LUMA ahora mismo tiene cerca de 40 proyectos ya con la aprobacion de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) , más tiene sometidos ante FEMA más de 50 adicionales que son proyectos de reconstrucción de la red electrica. Para mí es bien importante que eso no se atrase, que eso siga su curso”, respondió.

Asimismo, el gobernador dijo que “no se ve bien” la propuesta de que la fiscalización de LUMA Energy se lleve a cabo por parte de la AEE, en lugar de la Autoridad de Alianzas Público Privadas -como establece el acuerdo- “porque ya de por sí estaría un tanto extraño que unas de las entidades que tiene que cumplir con lo que dispone el contrato, a su vez, sea la que supervise el asunto”.

“O sea, de entrada no se ve bien la propuesta, pero en su momento voy a recibir el asesoramiento de diferentes agencias y tomo la decisión”, expresó.