La Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal investigará las denuncias de los representantes populares, Luis Vega Ramos y Rafael “Tatito” Hernández sobre alegadas irregularidades en la otorgación de contratos para favorecer al ex secretario de la Vivienda, Carlos Vivoni, en la administración de residenciales públicos en Puerto Rico.

Esta mañana dos agentes de la agencia federal se reunieron por más de una hora con los legisladores Vega Ramos y Hernández en el Capitolio.

“La política de nuestra agencia es de no revelar el contenido de nuestras conversaciones”, dijo escuetamente a la prensa uno de los agentes federales al concluir la reunión, en la oficina legislativa de Vega Ramos.

Laureano no precisó si revisaron documentos sobre las supuestas irregularidades que denunciaron los legisladores ayer en conferencia de prensa, pero Vega Ramos dijo que durante la reunión, les facilitaron evidencia escrita a los federales.

El agente Laureano dijo que su oficina solicitó reunirse con Vega Ramos y Hernández “a la luz de asuntos pertinentes con la Oficina del Inspector, que investiga el abuso y fraude con los programas de HUD”.

“Hemos estado ofreciéndole a los agentes, particularmente a Laureano, toda la información que hemos recopilado sobre irregularidades que el Tribunal de Apelaciones concluyó que se han cometido en los contratos de Vivienda Pública”, sostuvo Vega Ramos, quien se mostró complacido con la celeridad de los federales para atender el asunto.

Los representantes populares ayer hicieron pública una carta que  le enviaron al inspector general de HUD, John P. McCarty, con una cronología de eventos, con los que intentan demostrar que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico canceló subastas, extendió contratos y despidió funcionarios aparentemente de forma irregular para beneficiar al ex secretario de la Vivienda bajo la administración de Pedro Rosselló y su compañía Housing Promoters.

Vega Ramos y Hernández sostuvieron que la salida abrupta del ex secretario de la Vivienda, Yesef Cordero, y de la administradora de vivienda pública, Mariana Rosa, en agosto de 2010 ocurrió en momentos en que Housing Promoter, la compañía de Vivoni, fue descalificada de una subasta el año pasado y el mismo día en que se anunciarían los ganadores de dicha subasta.