La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) dejó hoy, lunes, sometido su caso ante el juez superior Juan Frau Escudero contra el exrepresentante estadista Ramón L. Rodríguez Ruiz, acusado por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, durante la vista preliminar que culminó con el testimonio de Alfredo Martínez Amador, director ejecutivo de la división conjunta de Donativos Legislativos para Impacto Comunitario de la Asamblea Legislativa.

Se anticipó que en la tarde de hoy comenzarán los argumentos finales.

Durante el interrogatorio del FEI, Guillermo Garau, el testigo expuso que por “un error inadvertido” las solicitudes de las dos organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas siguieron su curso y se le asignaron donativos de $4,000 y $8,000 respectivamente, a pesar de que no cumplieron con los requisitos que se les exigían, entre ellos el primordial, que era una exención contributiva.

Agregó, que no fue hasta las audiencias de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que evaluaba una querella radicada por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, el 19 de diciembre del 2017, contra Rodríguez Ruiz por posible conducta constitutiva de delito que se enteró que se habían aprobado los donativos a esas entidades y por eso ordenó que no se desembolsara el dinero. 

“No hubo desembolso ni una organización ni a una persona”, acotó Martínez Amador.

Sin embargo, cuando Garau se disponía a interrogarlo sobre cómo se enteró de las irregularidades durante las vistas del organismo legislativo el licenciado Luis E. Pinto Andino, uno de los abogados de la defensa del exrepresentante, planteó que esa prueba no debía ser admisible.

Agregó el funcionario, que “me sentí defraudado porque no cumplieron con la ley” y en ese momento congeló los fondos. “Si ese dinero no se desembolsa todo el año fiscal queda consignado, pero no se asigna a nadie”.

El testigo indicó repetidamente que no tenía conocimiento sobre si algún familiar de un empleado del exlegislador formaba parte de alguna de las dos organizaciones fantasma.

También a preguntas de Pinto Andino, aseguró que solo conocía a Rodríguez Ruiz como figura pública y que en ningún momento hubo un cabildeo de ninguna parte hacia su persona para que se aprobaran los fondos para las dos entidades ni del exlegislador ni político partidistas. “No puedo decir eso”.

A su vez, repitió que no tenía conocimiento si la analista Roxanne Díaz a cargo del caso de Lazos Dorados de Amor y auditora Laura Gallardo que atendía la petición de Futuros Deportistas, tenían relación con Rodríguez Ruiz.

Aclaró que las propuestas se envían mediante la internet y no interactúan con ningún individuo al momento de radicar las solicitudes que son atendidas por sus analistas.

Durante el contrainterrogatorio, Garau intentó preguntar cómo se incorporó la entidad Lazos Dorados de Amor al plantear que de los documentos sometidos al tribunal se desprende que presuntamente la idea se gestó en la oficina del exrepresentante, Pinto Amador la objetó y el juez la declaró con lugar.

La oficina que dirige el testigo tiene siete analistas y atiende anualmente entre 600 a 800 solicitudes.

Estableció que el 30 de junio del 2017 se radicó la Resolución Conjunta con un presupuesto de $20 millones para repartir entre aquellas organizaciones sin fines de lucro que cumplieran con los requisitos y que la misma fue firma por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 10 de agosto del 2017.

La solicitud de Futuros Deportistas de $48,300 radicada en abril 3 del 2017 fue rechazada por la analista Laura Gallardo porque no se sometieron los documentos de exención contributiva al igual que la presentada por Lazos Dorados de Amor de $49,135 para la misma fecha.

En ninguna de las dos organizaciones figura como solicitante Rodríguez Ruiz, respondió el testigo a preguntas del abogado de defensa ni aparece su nombre en ninguno de los documentos.

En vistas anteriores, declararon los testigos Darilis Torres, exempleada del exlegislador, quien narró que recibió órdenes para crear las dos corporaciones sin fines de lucro para recibir donativos legislativos; Díaz, auditora de Lazos de Amor; Gallardo, auditora de Futuros Deportistas; Perseverando Espada, quien es el tío político de la exempleada y acusada Soniel Torres, y Edwin Núñez, director de la administración del fondo de la Comisión Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, quien relató que acompañó al acusado al Departamento de Hacienda para que se iniciara el trámite para que se otorgara una exención para las organizaciones sin fines de lucro.

Sobre ese particular, Martínez Amador, quien laboraba como analista fiscal en su oficina, respondió que advino en conocimiento de los hechos durante las vistas de la Comisión de Ética. 

Asimismo, testificó en vistas anteriores la exlíder recreativa de Santa Isabel, Iris Limarys Aguirre Zayas, quien dijo que se sorprendió cuando recibió una llamada de una empleada de la Legislatura sobre pagos por sus funciones con la organización Lazos Dorados de Amor y que, según documentos, aparecía como miembro de la junta, sin que esta tuviera conocimiento.

Se alega que las organizaciones eran integradas por familiares de Soniel Torres Suárez, exdirectora de la Oficina legislativa de Rodríguez Ruiz, a quien en un proceso por separado se le imputan cargos por supuesta malversación de fondos, falsedad ideológica, engaño a testigos, fraude y perjurio por un alegado caso de violencia de género en noviembre de 2017 contra Rodríguez Ruiz a quien acusó de agredirla en su rostro.

El 12 de febrero ella renunció a la vista preliminar, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por los cargos que se le imputan. 

El exlegislador fue expulsado de la Cámara de Representantes el 15 de febrero del año pasado por la acusación de presuntamente haber golpeado a Torres Suárez en 2017. Este hecho fue investigado por el Departamento de Justicia y la Oficina sobre el Panel Fiscal Independiente (Opfei), pero nunca se llegaron a radicar cargos.