Fortaleza acepta que metió la pata
Revocan la orden de suspensión contra don Misael Santana, chofer de la mansión ejecutiva, y además ordenan que le reembolsen el sueldo perdido, montante a $1,670.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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El chofer admite que está bajo tratamiento psicológico y que considera demandar
La Oficina del Gobernador finalmente reconoció que actuó incorrectamente y revocó la controversial suspensión de empleo y sueldo al chofer de La Fortaleza, Misael Santana Urrutia, quien había sufrido el insólito castigo por haber sintonizado una radioemisora no autorizada en el vehículo oficial que conducía.
El administrador de la Oficina del Gobernador, Harold González Rosado, quien había firmado la carta de suspensión de don Misael el 5 de noviembre de 2013, rectificó ahora su acción y le entregó personalmente al chofer una nueva carta, fechada el 4 de febrero pasado, en la cual deja sin efecto la sanción. González Rosado además ordenó reembolsarle a don Misael los cheques correspondientes al mes que duró el castigo, montantes a $1,670 en salario bruto o dos quincenas de $583.34 en salario neto.
El caso causó sorpresa e indignación cuando fue publicado en exclusiva por Primera Hora el 16 de diciembre. Abogados laborales consultados por este diario opinaron que el procedimiento administrativo contra don Misael fue errático, abusivo y violó el derecho del empleado a un debido proceso de ley. La sanción contra el hombre de 65 años de edad, quien lleva 25 años de servicio bajo seis gobernadores distintos en La Fortaleza con un expediente de trabajo impecable, golpeó el presupuesto familiar en plena época del Día de Acción de Gracias y las festividades navideñas.
Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2013, cuando don Misael transportaba a dos funcionarias hacia La Fortaleza y estas le cuestionaron que él estuviera escuchando una emisora de noticias en el radio del vehículo oficial cuando existía un memorando, emitido dos meses antes por el administrador, en el que se instruía a sintonizar únicamente la emisora del Gobierno, Radio WIPR o Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU). Luego, el propio gobernador Alejandro García Padilla dijo que no estaba de acuerdo con la directriz sobre las radioemisoras y que se revisaría, pero agregó que la suspensión se debía a un “altercado verbal” entre Santana Urrutia y las funcionarias, cosa que nunca había sido notificada al chofer a pesar de que ya había cumplido la suspensión de 30 días.
Esto dejó en entredicho incluso el origen y la falta misma que le ganó la inusitada sanción. Asimismo, dejó entrever que el gobernador no estaba al tanto de las instrucciones impartidas en su oficina. Sin embargo, sin una explicación aparente, la sanción no fue revocada de inmediato a pesar de la opinión del primer ejecutivo al respecto.
“Conforme a su solicitud apelativa del 26 de diciembre de 2013 he dejado sin efecto la suspensión de empleo y sueldo de 30 días que le fue notificada”, sostiene la misiva de la Oficina del Gobernador. “También he impartido instrucciones de eliminar de su expediente de personal los documentos referentes a su suspensión, dejada sin efecto”, dice la carta suscrita por González Rosado.
“En términos generales me siento complacido de que hayan reaccionado”, sostuvo el abogado Wilbert Méndez Marrero, quien presentó la apelación administrativa a favor de Santana Urrutia. “La carta no dice nada específico, lo que hacen es un borrón y cuenta nueva; pero estoy feliz porque al menos Misael ya recibió su cheque y se puede retirar tranquilo sin nada negativo en su expediente”, agregó Méndez Marrero.
Sin embargo, don Misael siente que la decisión de dejar sin efecto la suspensión y devolverle el salario del mes es apenas “un paso” en la dirección correcta, pero que aún no se le ha hecho justicia.
“Cometieron un error y lo corrigieron, pero no se me ha hecho justicia porque me hicieron un daño muy grande”, dice Santana Urrutia.
“Estuve una semana completa, ocho horas al día, en tratamiento ambulatorio en el hospital Capestrano, en Bayamón. Todavía estoy necesitando medicamentos para la depresión y la ansiedad y para poder dormir”, sostiene don Misael. “Cuando me pasó eso (la suspensión) yo perdí el sueño, antes yo a las ocho de la noche estaba tranquilo durmiendo para madrugar al otro día, pero entonces me puse que no podía dormir, me puse irritable y no podía ni comer por los nervios”, agregó. “Tengo interés en demandar y entiendo que tengo derecho a demandar”, agregó.
Por su parte, el licenciado Méndez Marrero indicó que está dispuesto a representar a Santana Urrutia si este lo contrata a esos efectos por entender que sí hay unos daños emocionales sufridos por el chofer y que, además de las violaciones al debido procedimiento de ley, “hay una posible acción de difamación”.
Méndez Marrero sostuvo que hay declaraciones atribuidas a García Padilla y al director de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, las cuales caracterizan a don Misael como una persona de malas actitudes y conducta.
A preguntas de periodistas el 17 de diciembre pasado, el gobernador respondió que “no es correcto que la persona ha sido suspendida por eso (por escuchar emisoras no permitidas en los vehículos oficiales). Fue parte de un altercado con otros empleados, verbal, y que eso es lo que genera la suspensión”.
Sin embargo, a Santana Urrutia en ningún momento se le dijo ni se le notificó formalmente que se le suspendería por una alegada violación a una norma relacionada con altercados verbales, faltas de respeto o conducta. Según indica el licenciado Méndez Marrero, y de acuerdo con la documentación en poder de este diario, el chofer nunca fue notificado sobre cuál era la falta se le imputaba.
Don Misael fue enfático en que siempre entendió que el asunto imputado era el cambio de emisoras, ya que cuando compareció a la investigación administrativa de la Oficina del Gobernador le preguntaron específicamente si conocía y había recibido copia del memorando del 2 de mayo que regulaba el uso del radio, según refleja una declaración jurada que prestó el 17 de octubre de 2013. Santana Urrutia ha indicado que solo le hicieron una pregunta sobre el intercambio de palabras con las funcionarias el día de los hechos y él negó bajo juramento haberles faltado el respeto.