Contrario al proceder de la Asamblea Legislativa, el gobernador Alejandro García Padilla insistió este miércoles en que el artículo del Código Penal conocido popularmente como la Ley Tito Kayak no debe derogarse, y afirmó que trabaja una serie de enmiendas con la Cámara de Representantes que evitarían su eliminación.

Ambas cámaras legislativas han aprobado proyectos que disponen la derogación del Artículo 200, que impone una pena de tres años de cárcel a quienes obstruyan obras de costrucción durante manifestaciones, pero García Padilla advirtió que es necesario que se garantice la libertad de expresión al igual que el disfrute de la propiedad.

"Estamos trabajando enmiendas en la Cámara. Todo tipo de expresión pública tiene que estar garantizada... Ahora bien, hay que proteger la propiedad privada. Cuando hablamos de proteger la propiedad pública, hablamos de proteger toda la propiedad pública, y cuando hablamos de proteger toda la propiedad privada, hablamos de proteger toda propiedad privada", dijo el mandatario durante una rueda de prensa.

García Padilla indicó que, cuando se habla de obras de construcción, comúnmente se piensa en megaproyectos, pero advirtió que la protección al disfrute de la propiedad cobija también a aquellos trabajos a menor escala como extensiones y ampliaciones a inmuebles pequeños que hayan obtenido los permisos requeridos para construir.

"(Quien construya con permiso) no puede estar sujeto a la merced de que alguien entienda que esa obra no debe ir, y obviando los procesos de ley, decida tomarse la justicia en sus manos y detener una obra que tenía los permisos. Eso es otra cosa. Por eso yo proponía enmiendas", sostuvo el primer ejecutivo.

"La libertad de expresión hay que protegerla, la de todos, y eso incuye a los compañeros que defienden el ambiente como aquellos que tienen otros intereses", subrayó.

La Cámara de Representantes dio paso la semana pasada a un proyecto que derogaría el Artículo 200 del Código Penal, al igual que los artículos 247 y 297 que penalizan, respectivamente, la obstrucción de acceso o labores en instituciones educativas, hospitales o edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales, al igual que la “resistencia u obstrucción a la función legislativa”.

El Senado aprobó el lunes su propio proyecto con disposiciones similares. Antes de que pasen ante la consideración del gobernador, las medidas tendrían que ser ratificadas por el cuerpo legislativo contrario.