El candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, evitó comentar sobre el financiamiento del periódico El Vocero con dinero público a pesar de que su empresa matriz tiene una deuda contributiva millonaria, como reveló este miércoles una investigación de El Nuevo Día.

Durante una entrevista con Telenoticias, se le pidió opinar sobre los más de $24.9 millones en fondos públicos que la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido en seis años a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos.

 No obstante, el senador popular no entró en los méritos del asunto, sino que habló en términos generales del uso que se le debe dar al dinero público.

“El Gobierno de Puerto Rico, como sabes, se ha dedicado a destinar fondos públicos para aquello que no es prioritario. El país necesita que los fondos públicos... Bajo mi gobierno, cada centavo se tiene que destinar a atender los asuntos prioritarios de la gente”, expuso García Padilla antes de lanzar su discurso de promesas de campaña.

Al plantearle que durante el cuatrienio en el que gobernó el estadolibrista Aníbal Acevedo Vilá se le concedieron $7.3 millones en incentivos a CINC y a El Vocero de Puerto Rico, Inc., el legislador volvió a centrar su respuesta en las acciones de la actual administración del novoprogresista Luis Fortuño.

“Pero de lo que se trata es que bajo cualquier circunstancia es necesario que el Gobierno dirija los fondos públicos para atender los problemas de la gente y eso no está pasando ahora”, señaló García Padilla.

El Nuevo Día publicó este miércoles que, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió  estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.

Según la investigación, El Vocero, cuya línea editorial abiertamente favorece a  la administración actual, ha recibido a través de los años más de $24.9 millones de programas de incentivos salariales y de adiestramiento, que tienen vigencia limitada y que en su gran mayoría deben estar dirigidos a crear nuevos puestos de trabajo y no a mantener la plantilla actual.

Los incentivos han sido concedidos entre el 2006 y 2012. Las movidas más controvertidas, sin embargo, se registraron a partir de que el gobernador Luis Fortuño tomara posesión en el 2009, cuando en abril de ese año la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones.