Las controversias sobre si se debe o no imponer un cargo llamado el “promoter fee” que se ha formado ante las determinaciones tomadas en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) llevó este sábado al representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez a presentar una medida que prohíbe imponer este cargo en la venta de los boletos de espectáculos y eventos.

Explicó que su acto lo hizo ante la reciente incertidumbre administrativa sobre la eliminación de cargos excesivos en la venta de boletos.

La medida, titulada “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos”, busca enmendar la Ley Núm. 209-2016 para establecer claramente que los costos operacionales de los promotores deben estar integrados en el precio base del boleto y no pueden transferirse al consumidor como un cargo adicional sorpresa (“fee”).

“El consumidor puertorriqueño no aguanta más cargos escondidos. Hemos visto cómo recientemente se ha intentado poner freno a la eliminación de este cargo desde la esfera administrativa, dejando a las familias desprotegidas ante prácticas comerciales injustas. Por eso, he decidido elevar esta prohibición a rango de Ley. La protección del bolsillo de nuestra gente no puede depender del criterio cambiante de un secretario de turno o de una orden administrativa que hoy está y mañana no; tiene que ser la Ley”, sentenció Navarro Suárez en comunicado de prensa.

No obstante, la representante Lourdes Ramos informó que ella había presentado una medida similar hace nueve meses que todavía no ha sido considerada.

En comunicado de prensa, explicó que el Proyecto de la Cámara 429 ordena la devolución de la totalidad de los cargos, incluyendo los cargos por servicios en la venta de boletos, Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y demás cargos sufragados como parte de la compra de boletos, cuando los espectáculos hayan sido suspendidos o cancelados.

Ahora que la controversia vuelve a escalar la opinión pública, Ramos urgió al presidente de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, representante Edgar Robles, que le dé curso al trámite de vistas públicas, para que la iniciativa se convierta en ley.

“Salen compañeros bien intencionados, buscando atender la situación, que ya fue cubierta por el proyecto que radiqué hace nueve meses. Considero que la comisión no debe perder un minuto adicional, si es que realmente queremos hacerle justicia al consumidor”, reclamó la legisladora.

El proyecto de Navarro Suárez, sin embargo, se enfoca en el “promoter fee”, que es un cargo que el promotor impone adicional a su compensación y se cobra directamente en la taquilla, distorsionando el precio real del evento. A diferencia de los cargos por servicio (service fee) o cargos por facilidad (facility fee), este cobro es un ingreso directo para el organizador que no corresponde a un servicio de terceros.

“Es inaceptable que se le cobre al ciudadano un cargo extra que no es opcional y que simplemente sirve para inflar la ganancia del promotor fuera del precio anunciado. Nuestra medida busca transparencia total: el precio que ves es el precio que es”, añadió el legislador.

La medida establece que el DACO tendrá la facultad de imponer multas de hasta $50,000 por cada infracción a esta Ley.

“Mientras otros debaten si se debe o no permitir este abuso, nosotros en la Legislatura estamos tomando acción definitiva. Al igual que en jurisdicciones como Florida y Texas, vamos a proteger el acceso al arte y el entretenimiento, asegurando que las familias no sean penalizadas con cargos fantasmas”, concluyó Navarro Suárez.

Esta acción legislativa surge luego de que el pasado lunes el actual secretario interino del DACO, Hiram Torres Montalvo, determinara dejar sin efecto una decisión previa de su antecesora, Valerie Rodríguez Erazo, de cancelar este cobro.

La acción ha generado críticas contra Torres Montalvo, quien se espera sea confirmado al cargo este próximo lunes.