El gobernador Pedro Pierluisi vio con buenos ojos la aprobación del Proyecto de la Cámara 195, que establecería el nombramiento del director o la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a un término fijo de seis años.

Con un rotundo “sí” el Primer Ejecutivo adelantó esta mañana que la medida contará con su firma para así convertirse en ley.

“Yo no tengo objeción a eso. Si eso llega a mi despacho y no tiene otras complicaciones no tengo objeción de que el término sea ese”, dijo Pierluisi luego de una actividad en el Cementerio Nacional, en Bayamón como parte del Día de la Recordación.

Según la medida, se enmendarían los artículos 3, 5, 7, 8 y 9 y se suprimiría el Artículo 10 de la Ley 135-2020, conocida como la Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, para así fijar por seis años al director ejecutivo de la agencia, “tomando en consideración su preparación técnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar los fines para los cuales fue creado el mencionado Instituto”.

Esto otorgaría “mayor flexibilidad administrativa a la gerencia del Instituto para que pueda establecer, organizar y administrar sus propios sistemas, controles y normas de clasificación y retribución de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operación eficiente y económica de la entidad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados”, reza el documento de la autoría de José E. Meléndez Ortiz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que se busca es otorgarle flexibilidad administrativa al Instituto de Ciencias Forenses, con el propósito de que esta entidad resulte ser una más ágil y expedita. Esto ayudará al funcionamiento administrativo, fiscal y operacional de dicha agencia. De esta manera, aseguramos que los procedimientos administrativos en el Instituto de Ciencias Forenses se efectúen en forma rápida, justa y económica, de manera que pueda agilizar sus operaciones, cumplir con términos más cortos de tiempo para comprar suministros y materiales, y atender de forma inmediata las emergencias que se presenten y la contratación de personal cuando se amerite”, lee.

De acuerdo a los memoriales explicativos sometidos, el ICF, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y los Servidores Públicos Unidos estuvieron de acuerdo con la medida. Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) lo vio como “loable y necesario”, pero “recomendaron ser sumamente cuidadosos al momento de evaluar medidas que pudieran afectar negativamente el Fondo General provocando una merma en sus recaudos y, a su vez, no ser consistente con el Plan Fiscal” y el Plan de Ajuste de la Deuda.

En la votación de la Cámara que se llevó a cabo el 1 de febrero, los únicos legisladores que se opusieron fueron Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y José Márquez Reyes y Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Por su parte, José Aponte Hernández, Carlos Méndez Nuñéz, Ángel Morey Noble y Ángel Bulerín Ramos, del PNP, y Kebin Maldonado Martiz, del PPD, estuvieron ausentes.

Asimismo, el pasado jueves en el Senado se expresó en contra María de Lourdes Santiago (PIP) y Rosamar Trujillo Plumey, (PPD). Entretanto, Nitza Morán Trinidad (PNP), Keren Riquelme Cabrera (PNP) y Elizabeth Rosa Vélez (PPD) estuvieron ausentes.