La gobernadora Jenniffer González Colón evadió este martes expresar una reacción oficial sobre el anunciado acuerdo de culpabilidad que alcanzó la exmandataria Wanda Vázquez Garced, ya que se desconocen los cargos en los que aceptará responsabilidad.

Sin embargo, la ahora presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue clara en señalar que la responsabilidad de los actos corruptos recaen sólo en Vázquez Garced y no en contra de la Palma.

“La acusación no fue a la colectividad, fue a ella. Y ella es la que tiene que hacer las alegaciones o su defensa de las mismas”, afirmó la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa que realizó en Dorado.

Ayer, lunes, trascendió que Vázquez Garced, así como los coacusados en el caso de corrupción imputado por las autoridades federales, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Marc Rossini, llegaron a un acuerdo para cambiar el alegado de no culpable a culpable. Con esta medida, se evitaría el juicio, pautado para el próximo mes de agosto.

Sin embargo, la Fiscalía federal no ha revelado el acuerdo.

Al cuestionársele por la decisión de la exgobernadora de aceptar un acuerdo de culpabilidad, González Colón respondió que “no tengo detalles por qué cargo se está declarando culpable. Pero, evidentemente, esto va a ser bien público y cuando se emita ese acuerdo, si es aprobado, pues, estaríamos emitiendo declaraciones. En este momento, yo creo que hemos visto alegaciones de una cosa, alegaciones de otra, así que para emitir un juicio responsable voy a esperar a que el tribunal actúe sobre eso”.

Rechazó que la imagen del PNP se afecte por una declaración de culpabilidad de Vázquez Garced.

En primera instancia, dejó claro que la exgobernadora no fue presidenta del PNP ni recogió dinero para la colectividad. “Vamos a empezar por ahí”, delimitó.

“Cada persona toma y es juez de sus propios actos”, agregó.

González Colón, sin embargo, dejó claro que un cargo político, sobre todo el de gobernador, no exime a nadie a que cumpla con la ley.

En cuanto a los esfuerzos que realiza su administración para atajar la corrupción, González Colón mencionó que “se han enviado varios memorandos a todas las agencias de gobierno sobre llenar información, las prácticas también de contratación, la divulgación de las personas y de los accionistas. Lo están viendo también a través de la radicación de, me parece que son tres o cuatro proyectos de ley que tenemos radicados ante la Asamblea Legislativa, que van con la política anticorrupción, que expresamos durante el proceso de campaña y que radicamos para cumplir con ese compromiso y que la sesión no ha acabado todavía. Hay algunos que ya la Cámara evaluó, otros que el Senado evaluó, así que yo espero poderlos firmar durante este verano”.

También sostuvo que han incluido a la Fiscalía federal en los cursos anticorrupción para los funcionarios electos y los jefes de agencia.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.