Con la misión de impulsar el desarrollo económico, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una legislación que le quita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la potestad de dar ciertos permisos para designarlos a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Mientras, anunció el veto de dos medidas legislativas por su impacto fiscal.

La propuesta que le quita facultades al DRNA es la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra”. Esta faculta a OGPe a hacerse cargo de la facultad de otorgar permisos para la extracción de arena, grava y piedra.

La medida, se informó en comunicado de prensa, cumple con el objetivo y la política pública de centralizar los procesos de permisos en la OGPe.

Se informó que el DRNA mantendrá la facultad de fiscalizar dichos permisos, pero no así de expedirlos.

Asimismo, la gobernadora firmó una resolución conjunta que busca preservar la indivisión de las unidades de producción agrícola establecidas bajo el Programa de Fincas Familiares de 1966. Dicha ley reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para que esta no aplique en aquellos casos que se estime meritorio.

Los herederos de la finca La Trapa en Municipio de Las Marías, han solicitado que se liberen las restricciones de la referida finca, donde ahora ubican varias residencias. Es por tal razón, que esta medida, presentada por la senadora Jamie Barlucea (PNP-Ponce), autoriza la liberación de las restricciones de la Ley 107-1974, debido a los cambios que ha experimentado el área donde ubica la referida finca, de manera que pueda ser cónsona con el uso actual.

En cuanto a los vetos, se informó que no se le dio paso para a la propuesta para conceder al Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina y a cualquier otro hospital cuyo dueño sea un municipio o el Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias o instrumentalidades, independientemente de que dichos hospitales sean operados o administrados por una institución privada, el beneficio del límite de responsabilidad civil por impericia médica, así como inmunidad a sus facultativos.

Se informó que gobernadora vetó la medida, ya que según está redactada la cláusula de vigencia podría tener un efecto de desestimar pleitos o reducir compensaciones en casos de impericia médica que se encuentren ante la consideración de los tribunales con competencia.

Además, vetó una medida que proponía eximir a los Agentes Especiales Fiscales y Agentes de Rentas Internas del pago de contribución sobre ingresos en cuanto a las cantidades recibidas por concepto de horas extras trabajadas.

“Todos los servidores públicos merecen la compensación adecuada por sus servicios y los agentes del Departamento de Hacienda que laboran horas extra merecen nuestro reconocimiento y distinción. Sin embargo, en estos momentos históricos, conceder dichos beneficios, fuera del marco de una reforma contributiva integral, incrementaría el riesgo fiscal y la fragmentación del sistema contributivo”, explicó la gobernadora.