La gobernadora Wanda Vázquez convocó oficialmente una sesión extraordinaria de la Legislatura para que se vean 25 proyectos y decenas de nombramientos, incluyendo la designación del actual secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, para la posición de Contralor de Puerto Rico.

La sesión extraordinaria, que entraría en funciones a partir de este miércoles 16 de septiembre, tendría ante su consideración proyectos que tienen que ver con temas tan variados como asuntos anticorrupción y de mayor transparencia en el gobierno, asuntos de seguridad y leyes, hasta cuestiones de salud y medio ambiente.

Un grupo de medidas, explicó la mandataria, son enmiendas que propone la Administración a la Ley 237 de 2004, que regula las contrataciones con el gobierno, a los fines de establecer más controles y fiscalización a la manera en que el gobierno contrata compañías externas para servicios profesionales y de consultoría.

Una enmienda busca poner fin a la contratación de compañías que se crean al inicio de una administración o durante una emergencia, a los fines de acaparar jugosos contratos, y sin cumplir necesariamente con los requisitos necesarios para llevar a cabo esos contratos. La medida establece que la compañía contratada deberá tener al menos un año de experiencia en el mercado haciendo el tipo de trabajo para el que será contratada.

Además, otra enmienda establece que no se favorecerá la subcontratación y, de ser necesaria, la compañía subcontratada deberá cumplir con todos los mismos requisitos exigidos inicialmente. La compañía subcontratada deberá estar debidamente inscrita y el subcontrato deberá estar registrado ante la oficina del contralor y la agencia pertinente.

Mientras, otra enmienda buscará limitar la cantidad de dinero que se puede añadir a un contrato, una vez se justifique la necesidad de hacerlo, a un máximo de 40% del costo inicial acordado.

“Quiero fomentar a través de mis medidas, que en los futuros gobierno, quien entre al gobierno, entre a servir y no a ser servido”, afirmó la gobernadora.

“Una de las situaciones era compañías que se creaban recién este nuevo gobierno para obtener contratos en el gobierno y ya hemos visto en diferentes situaciones lo que ha ocurrido. Así que ese era uno de los problemas que queríamos atajar”, explicó la gobernadora.

“El segundo, cuando contratistas establecía relaciones contractuales con el gobierno, sabiendo de antemano que no tenían la experiencia, que no conocía el trabajo para el cual estaban contratando y que de antemano sabían que iban a tener que subcontratar para poder cumplir con esa responsabilidad que estaban asumiendo. Y el gobierno no tenía visibilidad de ese subcontratista, no tenía la oportunidad de saber quién era la persona que estaba teniendo información del gobierno, trabajando para el gobierno, obteniendo fondos públicos, y no había la misma fiscalización. El gobierno no tenía visibilidad de su experiencia (del subcontratista), y si cumplía con los requisitos del contrato original, si tenía deuda con Hacienda, en el CRIM, porque ese contrato era con el contratista y no con el gobierno. Sin embargo, estaba haciéndole trabajos al gobierno”, agregó Vázquez.

“La tercera, cuando se hacían contratos, por ejemplo un contrato de servicios profesionales por $100,000, y al cabo de cuatro o cinco meses habían enmiendas en ese contrato que excedían los $100,000, más del 100% de lo que se había contratado”, explicó.

Agregó que las enmiendas establecerían claramente el concepto de subcontratista, que no estaba definido en la ley contratos del gobierno, y “establece que no se favorece la subcontratación”, y si fuera necesario, el contratista original deberá informar sobre la subcontratación, y el subcontratista deberá cumplir con todos los requisitos exigidos originalmente al contratista. Además, deberá quedar registrado ante el Contralor, y debe estar detalladamente explicado los trabajos que se hacen al gobierno.

De igual forma, en el subcontrato debe quedar claro que el subcontratista no puede ser familiar de la entidad o el servidor público de la agencia, y si lo fuera y no hay impedimento, debe saberse y quedar constancia en la oficina del contralor.

Otro proyecto de administración busca emendar la ley de servicios generales, para que se fundamenten ante el administrador de servicios generales las enmiendas a las órdenes de compra y contratos que aumenten el valor de una compra ya adjudicada.

En otro ámbito, se atenderá un proyecto, a petición del gobierno federal, para integrar en el Departamento de Salud la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Otro proyecto que se someterá a la Legislatura es para enmendar la resolución que autoriza el incentivo económico de no más de $1,000 a profesionales de la salud, para ampliar los fondos a utilizarse para garantizar ese incentivo.

También se verá una medida para establecer el Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico, para que esos fondos sean administrados por una entidad sin fines de lucro.

Otro proyecto buscará estipular los requisitos para tomar el examen para la licencia para doctor en quiropráctica en Puerto Rico, de manera que sea uniforme para quienes estudian en la Isla o en otros lugares.

De igual forma se verá una medida para establecer la política pública en cuanto a reglamentación de la seguridad marítima, prácticas recreativas acuáticas y marítimas y deportes relacionados.

Así mismo, se atenderá el proyecto que establecería como delito menos grave que se incumpla con el uso de mascarilla durante una emergencia, de manera que esté incluido en el código penal.

También ser verá el Proyecto de la Cámara 403, que quedó sin atender, para autorizar la licencia de conducción virtual. De aprobarse, permitirá que se pueda tener como válida la licencia que se puede ver en un dispositivo electrónico, a través de la aplicación o página electrónica del CESCO (Centro de Servicios al Conductor).

Además se vería el proyecto que extiende por un término de 8 años la vigencia de la tarjeta de identificación y la licencia de conducir, de manera que no tengan que volver al CESCO por ese término.

Otro proyecto que se atenderá, el 1331 del Senado, busca que el Departamento de Educación establezca un plan piloto de estudios de escuela primaria y secundaria que incluya materias de temas de uso y manejo responsable de tecnología y materias relacionadas al diseño y creación de la programación de computadoras.

También se verá el Proyecto del Senado 1485 para otorgar inmunidad a profesionales de salud que prestan servicios a pacientes en centros de trauma.

Un proyecto sobre la transformación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, la estación de televisiva del gobierno conocida por sus siglas de WIPR, se añadió al grupo de medidas a petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Sobre este particular la gobernadora abundó que el gobierno favorece que el activo continúe siendo del pueblo de Puerto Rico, aunque su administración podría ser manejada por alguna entidad privada.

Otra medida autoriza al secretario de Hacienda a proveer asistencia de emergencia en forma de préstamos a facilidades de crédito y entidades gubernamentales prestatarias con el propósito de atender restos de liquidez que dichas entidades tienen con relación a la emergencia del Covid-19.

Otras medidas persiguen enmendar la Ley de Armas, y unificar las funciones de agentes del orden público para que puedan “responder de igual manera ante una emergencia”.

En resumen, Vázquez dijo que son 25 proyectos que estarán sometiendo, entre los que sometió la administración y los que se quedaron de la pasada sesión ordinaria.

De igual forma, la gobernadora someterá decenas de nombramientos a la consideración de la Legislatura. La lista incluye 28 nombramientos de jueces municipales, superiores y del Apelativo, así como 38 nombramientos de fiscales, incluyendo fiscales 1, 2 , 3 y 4, fiscales de distrito, procuradores de relaciones de familia y procuradores de menores.

Asimismo, se incluye el nombramiento de Soto para Contralor de Puerto Rico, que debe ser confirmado por Cámara y Senado.

No fue incluido el nombramiento del secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández. Tampoco se sometió nombre para cubrir la vacante que habrá pronto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ni para la posición de secretario de Justicia.

La sesión extraordinaria acaba el 5 de octubre próximo.