La gobernadora Jenniffer González Colón sometió al Senado de Puerto Rico 20 nuevas designaciones para ocupar puestos clave en el sistema judicial y en diversas entidades gubernamentales.

Según informó la primera ejecutiva del país a través de una comunicación escrita, entre los nominados están los licenciados Emmanuel Vázquez Torres y Annette M. Colorado Suárez, quienes fueron propuestos como procuradores de Menores del Departamento de Justicia. Estas designaciones responden a la necesidad de reforzar la atención a los casos que involucran a menores en el sistema judicial.

Asimismo, se incluyeron designaciones para fiscales auxiliares I del Departamento de Justicia a los licenciados Gariell A. Rosario Guzmán, Paola N. García Mercado, Hillary L. Nevárez Matos, Daphne Franco Avilés y Eileen I. Quintana González fueron nominados para ocupar estos puestos que son esenciales en la estructura del Ministerio Público.

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En el renglón de fiscales auxiliares II, fueron enviados para evaluación los nombres de Garibaldy Adorno Rivera, Catherine Ortiz Martínez, Víctor Casiano Cosme y Shaquille Mercado Rivera. También se presentaron ascensos dentro del cuerpo fiscal, incluyendo a Antonio M. Cintrón Almodóvar como Fiscal II y a Annette Del C. Esteves Serrano como Fiscal IV.

En el ámbito judicial, la licenciada Lorna Sotre Torres fue designada como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Además, se nominaron como jueces superiores a los licenciados José R. Echeandía Fuster y Jesús A. Rodríguez Urbano, y como jueza superior en ascenso a Welda I. Rivera Soto.

Por otro lado, la gobernadora también sometió nominaciones para juntas y comisiones gubernamentales. El doctor Aniello Alberti Poventud fue designado como miembro de la Junta del Conservatorio de Música, mientras que el doctor Juan M. Corchado Juarbe fue nominado a la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. La licenciada Jessica Ñeco Morales fue propuesta como Comisionada en la Comisión de Practicaje.

Estas designaciones deberán ser evaluadas y confirmadas por el Senado, como parte del proceso constitucional para la ocupación de cargos públicos en Puerto Rico.