La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el miércoles 4 medidas legislativas enfocadas en oportunidades de rehabilitación a los confinados, eficiencia gubernamental y crear concienciación sobre la Miastenia Gravis, según se informó por escrito.

Le primera sería la Ley 133-2025 (P. de la C. 622) o “Ley de Concienciación sobre la Miastenia Gravis”.

Esta es una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune caracterizada por debilidad y fatiga muscular progresivas, especialmente al realizar actividades físicas continuadas.

A pesar de que en Puerto Rico no hay datos oficiales sobre la enfermedad, se reconoce por parte de las asociaciones de pacientes y profesionales médicos que existe una población significativa de personas afectadas que no cuentan con el apoyo ni las herramientas necesarias para enfrentar esta condición de manera adecuada; sus tratamientos pueden incluir medicamentos de alto costo.

La medida dispone la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto a la importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de los pacientes; asigna responsabilidades al Departamento de Salud en cuanto a la educación continuada sobre Miastenia Gravis; establece reglamentación que promueva su inclusión en los programas académicos de las correspondientes ramas de medicina y profesiones de la salud; busca que se desarrollen o implementen guías médicas sobre su diagnóstico y tratamiento; promueve investigaciones sobre sus causas y tratamientos; declara el mes de junio como el “Mes de la Concienciación sobre la Miastenia Gravis”. Finalmente, esta nueva Ley ordena al Departamento de Salud promover actividades educativas dirigidas a estudiantes y profesionales de la salud en conmemoración de este mes.

La segunda es la Ley 134-2025 (P. del S. 337) . Esta ley busca que el Programa de Desarrollo de la Juventud, bajo la Ley 171-2014, sea efectivo, al inventariar los distintos beneficios que se les han otorgado a los jóvenes, para que a estos se les haga menos oneroso identificarlos y encontrarlos. En otras palabras, se consolidan deberes y funciones, que le fueran conferidas al programa mediante diversas leyes adicionales.

En detalle, la ley enmienda varios Artículos y añade otros nuevos a la Ley 171-2014, según enmendada, mediante la cual, entre otras cosas, se establece el Programa de Desarrollo de la Juventud, como parte integral de la estructura del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La intención de todas estas enmiendas es consolidar en dicha Ley, aquellos otros deberes y funciones, que le fueran conferidas mediante diversas leyes adicionales posteriores.

Además, hace correcciones técnicas, en consideración al estado de derecho que rige actualmente derogando Leyes anteriores obsoletes, contradictorias o cuyas disposiciones ahora estarán a cargo del Programa de Desarrollo de la Juventud.

Tambien firmó la Ley 135- 2025 (P. del S. 517).

Con esta ley se crea un catálogo digital sobre todos los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para la población desventajada, tanto en las agencias gubernamentales como en entidades privadas sin fines de lucro y en los municipios; y para otros fines relacionados.

De esta forma, el Estado cumple con su misión de facilitador del pueblo al ahorrarle tiempo y ofrecerles información primordial de los servicios brindados a toda la ciudadanía.

El catálogo o manual será publicado en el portal de Internet del Departamento de la Familia, y se les remitirá a todos los municipios de Puerto Rico, cuestión de promover una mayor divulgación del referido documento. En consideración a lo anterior, los municipios designarán un lugar visible y accesible al público, en el cual se colocará, permanentemente, el aludido catalogo o manual.

Además firmó la Resolución Conjunta 44 (R. C. de la C. 49)

Esta Resolución Conjunta le ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación a que explore y desarrolle cursos de arbitraje deportivo. De esta manera, la población que cualifique puede ingresar a la comunidad preparados para fungir como árbitros en múltiples deportes.

Esta legislación es cónsona con la recién aprobada Ley 22-2025, que aclara el estado de derecho con respecto al Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, y restituye la facultad de la Policía de Puerto Rico para expedirlo.

Este certificado fungirá como una alternativa complementaria al certificado de antecedentes penales. Ello le permitirá a la población correccional tener mayores oportunidades de obtener un empleo para lograr la reinserción comunitaria.