La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy la firma del Proyecto del Senado 1168 para crear la “Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigente en Puerto Rico”, con el propósito de que reciban servicios médicos adecuados y accesibles a esta población, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

“Esta es una medida de justicia social y salubrista. Toda mujer, no importa su condición social o migratoria, debe de tener el derecho de recibir una atención médica adecuada. No hay duda de que la ausencia de un cuidado prenatal podría ser perjudicial, tanto para la salud de la madre como de la criatura”, manifestó en declaraciones escritas la primera ejecutiva sobre la medida presentada por el senador Miguel Romero.

La medida había sido presentada nuevamente, luego de que una similar fuera vetada en el 2018.

Se indicó que el proyecto recuerda que en el 2012, el entonces gobernador Luis Fortuño emitió la orden ejecutiva OE-2012-53 a los fines de ordenar al Departamento de Salud a establecer un mecanismo para prestar servicios de cuidado prenatal, parto y postparto a mujeres embarazadas médico indigente residentes en Puerto Rico, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

Para viabilizar dicha política pública, Salud aprobó el Reglamento 8267, titulado “Reglamento para detallar el proceso y los criterios que permiten la elegibilidad y ofrecer servicios prenatales, parto y postparto para toda embarazada residente en Puerto Rico y que no pueden sufragar estos cuidados de salud”. En esa ocasión Lorenzo González Feliciano era el secretario de Salud.

La exposición de motivos de la medida destaca lo imperante que es proveer servicios médicos adecuados y accesibles a mujeres embarazadas médico indigente con estatus migratorio indefinido que sean residentes de Puerto Rico, y dichos servicios médicos deben dimanar de una fuente legal más robusta, siendo la aprobación de esta ley el medio más apropiado.

“La política pública de este gobierno es un compromiso genuino con la salud de todos los que vivimos en esta isla, como hemos demostrado con la situación del COVID-19. Igualmente, es nuestro compromiso con la salud en general de nuestro pueblo, en especial con la vida de las madres y de sus bebés. Es una medida justa que da fuerza de ley a medidas tomadas anteriormente que, además, no conllevan un nuevo gasto gubernamental. Por el contrario, podría ahorrar fondos dado a que una vez reciban el cuidado prenatal necesario, podría evitar el riesgo de condiciones que puedan surgir de no recibir el cuidado mientras están embarazadas”, sostuvo la gobernadora.