La gobernadora Jenniffer González Colón estampó su firma en 19 piezas legislativas, entre las que se destaca la propuesta legislación en honor a Keishla Rodríguez Ortiz, quien fuera asesinada mientras se encontraba embarazada por el exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo.

La nueva ley tipifica como asesinato en primer grado el crimen contra una mujer embarazada en el que el concebido, en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, también fallezca.

La gobernadora resumió en un comunicado de prensa que las 19 regulaciones aprobadas buscan el fortalecimiento de la familia, eficiencia gubernamental, definir el sector de alimentos como servicios esenciales en emergencias y clarificar delitos, entre otros temas.

Además, se incluyó al sector de alimentos como servicios esenciales en casos de emergencias y reconoció la aportación a la comunidad de ciudadanos destacados.

La legislación en honor a Rodríguez Ortiz la propuso el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y presenta a otros legisladores como coautores.

“Esta enmienda al Código Penal de Puerto Rico establece que constituirá asesinato en primer grado, aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno; también se entenderá que se ha cometido un asesinato en primer grado si como resultado de una agresión contra una mujer embarazada solo muere el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, se explicó.

“La medida lleva el nombre Ley Keishla Madlane, en honor a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021; este caso fue sonoro ya que entre los convictos por su asesinato se encuentra un destacado exdeportista”, se indicó.

Otra de las nuevas leyes enmienda el Código Penal de Puerto Rico para establecer que incurrirá en el delito de fraude en la ejecución de obras toda persona que, con el propósito de defraudar, altere, manipule o presente información falsa o engañosa sobre los costos incurridos, con el fin de aumentar artificialmente el importe total de la obra y, por ende, su margen de ganancia.

Además, se establece que, en los casos de fraude en la ejecución de obras, el resarcimiento a la parte perjudicada será obligatorio, independientemente de que la persona natural o jurídica convicta, se acoge a alguna pena sustitutiva o alternativa a la reclusión, según aplique.

Asimismo, se atemperó al nuevo sistema de penas del Código Penal la “Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”.

El resto de las medidas abarcan seguridad pública, derechos familiares, modernización gubernamental, movilidad, desarrollo económico y reconocimientos sociales y comunitarios.

Entre las más relevantes se incluyen la creación de una ley para dotar a cada agente de la Policía de Puerto Rico con torniquetes y adiestramiento para salvar vidas en emergencias; la prohibición de estacionar vehículos no conectados en puntos de recarga para autos eléctricos; la disolución de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble para eliminar duplicidad de funciones y optimizar la gestión de bienes públicos; la restitución del derecho de abuelos y tíos a relacionarse con menores; la declaración del “Día de las Madres en Duelo”; la inclusión del sector de alimentos como servicio esencial durante emergencias; y enmiendas para fortalecer la movilidad laboral de contadores públicos y apoyar el empresarismo sin distinción de edad. También se aprobaron designaciones de carreteras e instalaciones en honor a personalidades.