El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos para los estudiantes de escuela pública de nivel elemental e intermedio quedó prohibido, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara una medida de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez.

La ahora Ley 185, específicamente, prohíbe “el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta octavo grado”.

El anuncio de que el Proyecto de la Cámara 808 se convirtió en ley lo hizo el legislador en un comunicado de prensa.

Esta fue el segundo intento que hizo Navarro Suárez este año para que la medida se convirtiera en ley. El primero fue vetado, ya que implicaba también a los estudiantes de escuela superior.

Según el legislador, “la firma de esta ley marca un paso trascendental en el esfuerzo por mejorar el ambiente de enseñanza en el sistema público. La legislación busca minimizar las distracciones en el salón de clases, fomentando un entorno educativo donde la atención y la interacción social directa sean la prioridad”.

“Agradezco profundamente a la gobernadora por reconocer la importancia de esta medida y estampar su firma para convertirla en ley. El uso desmedido de celulares en las escuelas se ha convertido en una barrera para el aprendizaje y la socialización de nuestros niños. Con la Ley 185-2025, le devolvemos el enfoque a la educación y protegemos la salud mental y el desarrollo de nuestros estudiantes”, manifestó Navarro Suárez.

Para que se aprobara en este segundo intento, se incorporaron las correcciones técnicas necesarias para garantizar su viabilidad sin comprometer la seguridad de los alumnos. Explicó el legislador que la ley establece excepciones justificadas, asegurando un balance entre la restricción y las necesidades particulares de comunicación en situaciones específicas.

Las excepciones que se incluyeron fueron que el dispositivo electrónico sería permitido si es utilizado con fines educativos bajo la supervisión directa de un maestro o personal autorizado; en casos de emergencia debidamente justificados, donde el estudiante necesite comunicarse con sus padres, tutores legales o servicios de emergencia, bajo la supervisión del personal de la institución educativa, previa autorización, así como cuando exista y sea aprobado un acomodo razonable para el uso de estos equipos, por razones de salud o discapacidad, y que el mismo sea expedido por recomendación o certificado por un médico licenciado.

“Esta ley no es una prohibición arbitraria. Es una herramienta para rescatar el tiempo lectivo y promover una convivencia escolar más sana. Al eliminar las distracciones digitales en estos grados formativos, estamos invirtiendo en el futuro académico de nuestra juventud. Hoy ganan los estudiantes, los maestros y la educación pública de Puerto Rico”, precisó Navarro Suárez.