La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley un proyecto para fortalecer el derecho de los adultos mayores a recibir servicios esenciales públicos y privados sin enfrentar discrimen o exclusión por desconocimiento tecnológico o falta de acceso a Internet y dispositivos electrónicos, se informó este sábado.

Se trata del proyecto de la Cámara 1164 de la autoría del representante Fernando Sanabria.

En comunicado de prensa, se detalló que la legislación enmienda varios artículos de la Ley 121 del 2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”. Se incorporaron garantías de igualdad en el acceso a servicios y tecnologías, así como responsabilidades gubernamentales dirigidas a facilitar la inclusión digital de esta población.

“La tecnología debe ayudarnos a acercar los servicios a nuestra gente. Nuestros adultos mayores merecen recibir atención, orientación y apoyo para realizar sus gestiones, independientemente de si cuentan con internet o saben utilizar una plataforma digital. Con esta ley, fortalecemos sus derechos y promovemos alternativas accesibles para que puedan recibir los servicios que necesitan con dignidad y autonomía”, expresó la gobernadora.

La nueva ley reconoce el derecho de los adultos mayores a obtener orientación y asistencia adecuadas al solicitar programas, beneficios o servicios mediante plataformas digitales. Esta asistencia deberá incluir formatos accesibles, lenguaje claro y herramientas de apoyo compatibles con los principios de accesibilidad universal y diseño inclusivo.

Asimismo, dispone que las agencias gubernamentales, sus instrumentalidades y los municipios provean información y materiales educativos comprensibles sobre sus plataformas tecnológicas.

También deberán ofrecer métodos alternos para que las gestiones esenciales no dependan exclusivamente de medios electrónicos, incluyendo asistencia presencial razonable cuando la naturaleza del servicio lo permita.

“Una persona mayor no debe quedarse sin acceso a un servicio esencial porque no tiene una computadora o necesita ayuda para completar una solicitud electrónica. Agradezco al representante Fernando Sanabria por impulsar esta medida, que atiende una barrera concreta y fortalece la protección de nuestros adultos mayores”, añadió González Colón.

Asimismo, la gobernadora convirtió en ley una medida que establece un término de 90 días laborables para la revisión, evaluación y aprobación de proyectos tecnológicos de las agencias gubernamentales sufragados en su totalidad con fondos federales.

La legislación busca reducir el riesgo de retrasos que puedan comprometer el aprovechamiento de las asignaciones federales y facilitar que las agencias cumplan con los requisitos y términos correspondientes.

“Seguimos impulsando un gobierno más ágil, moderno y orientado a resultados. Esta medida, establece un plazo para la evaluación de estas iniciativas y reconoce la función de PRITS en la transformación digital de Puerto Rico”, dijo González Colón.

Por otro lado, se informó que la gobernadora impuso vetos expresos a los proyectos de la Cámara 181 y 279, así como a las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, tras evaluar sus implicaciones fiscales, operacionales y regulatorias.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 181, dirigido a promover el acceso de las personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas mediante obligaciones de registro y divulgación, la gobernadora señaló que impone responsabilidades sin acreditar los recursos necesarios para cumplirlas.

Respecto al Proyecto de la Cámara 279, relacionado con la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para su uso en agencias gubernamentales y escuelas públicas, la primera ejecutiva indicó que la medida no provee los recursos necesarios ni define suficientemente aspectos esenciales de su operación.

Sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 62, relacionada con el alumbrado público en Mayagüez, la gobernadora explicó que las necesidades identificadas deben atenderse mediante los mecanismos de colaboración y coordinación establecidos en la Ley 174-2026. Expuso que actuar sin la debida integración con ese marco podría generar costos no reembolsables, comprometer fondos federales y provocar señalamientos en auditorías.

De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 63, dirigida a atender deficiencias del alumbrado público en San Germán, recibió un veto porque su ejecución debe encauzarse conforme a la Ley 174-2026, con responsabilidades definidas y mecanismos adecuados de supervisión.