La gobernadora Jenniffer González Colón informó este viernes que convirtió en ley una medida que protege a las parejas consensuales, mientras vetó otra medida que pretendía ampliar servicios en el Hospital Industrial, localizado en el Centro Médico de Río Piedras.

El anuncio lo realizó en un comunicado de prensa en el que justificó sus acciones.

Sobre la medida convertida en ley, explicó que la finalidad es que las parejas consensuales pueden defender su interés legítimo sobre un hogar común.

La medida es de la autoría el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el senador Wilmer Reyes Berríos.

La regulación enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico para disponer que en los casos en que la parte demandada en desahucio reclama la existencia de una comunidad de bienes, debido a que realizó aportaciones en beneficio del inmueble compartido, podrá presentar prueba a esos efectos y exigir que el desahucio se dilucide mediante la vía ordinaria.

“La medida busca establecer un mecanismo que permita a la parte demandada en un caso de desahucio, especialmente en el contexto de relaciones consensuales o de concubinato, reclamar la existencia de una comunidad de bienes basada en sus aportaciones económicas y labor doméstica al inmueble compartido”, se informó en el comunicado.

Por otro lado, la primera ejecutiva informó del veto del Proyecto del Senado 276 que buscaba enmendar la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, para hacer disponible las facilidades del Hospital Industrial de Puerto Rico a todos los pacientes que requieran servicios médico-hospitalarios.

Explicó que la propuesta “atenta contra la estabilidad del sistema de salud”.

“La expansión de servicios del Hospital Industrial más allá de la Unidad de Quemados y los Servicios de Rehabilitación requeriría reclutar un contingente de especialistas médicos que el Hospital Industrial no posee en este momento. El personal con la capacidad de tratar pacientes lesionados críticos y de alta complejidad pertenece mayoritariamente al cuerpo clínico-académico del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM/UPR), cuyos programas de residencia están sujetos a regulaciones de acreditación que limitan el volumen de pacientes que pueden atender. Una expansión no planificada podría comprometer la acreditación de dichos programas, con consecuencias graves para la formación médica en Puerto Rico”, dice el comunicado.

Además, la gobernadora recordó que se construirá una nuevo Hospital de Trauma en el Centro Médico que ampliaría la capacidad de atención médica.

“La apertura del Hospital Industrial al público general, sin una planificación sistémica previa que defina con claridad el rol de cada institución, los mecanismos de referido y contra-referido y la sostenibilidad financiera del conjunto, podría agravar la fragmentación existente en lugar de remediarla. La ASEM (Administración de Servicios Médicos) entiende que Puerto Rico necesita una visión macro del sistema de salud, y que toda intervención legislativa que afecte un componente del sistema debe evaluarse en función de su impacto sobre la coherencia del sistema como un todo”, se explicó.