La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en ley tres proyectos que favorecen a los empleados públicos, en particular en lo que respecta a su retiro.

Según anunció, firmó en ley el Proyecto del Senado 1623, “mejor conocido como la ley para proveer un retiro digno de los miembros del sistema de rangos de la Policía”.

Esta ley incluirá también a “los miembros de la Negociado del Cuerpo de Bomberos, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los técnicos de emergencias médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipales”.

“El propósito de esta legislación es que estos servidores públicos puedan tener una pensión digna al momento de retirarse, y así puedan tener una fuente de ingresos que les permita atender sus necesidades en el momento más necesitado de su vida como funcionarios públicos”, expresó la gobernadora.

Según explicó, la ley devuelve a los miembros de esos cuerpos de seguridad con 30 años de servicio o más un retiro digno. Detalló que todos “aquellos que hayan cumplido 30 años de servicio y tengan 55 años de edad o más, podrán retirarse con hasta un 50% de su salario devengado al momento de retirarse. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para un seguro médico” que es un beneficio que tenían y se les quitó.

Vázquez también convirtió en ley una enmienda a la Ley 26 del 2017, que es el PS 1432, conocido como la ley de cumplimiento con el plan fiscal, para que los maestros participantes del sistema de retiro para maestros puedan adjudicar el balance en exceso de horas de licencia por enfermedad como tiempo trabajado para efectos del retiro, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de licencias por vacaciones.

“No significa dinero, pero lo que hace es que puedan pasar ese balance como tiempo trabajado para efectos de retiro, que les cuente como tiempo de retiro”, abundó la gobernadora.

De igual forma, convirtió en ley el PS 1616, “llamado ley del retiro incentivado y de justicia para los servidores públicos”, que establece un “programa de retiro incentivado” al que podrían acogerse voluntariamente empleados públicos elegibles, para separarse de su empleo antes de la edad establecida de retiro, y recibirían el 50% de su salario actual.

Según la gobernadora hay “unos 9,452 participantes activos de la Ley 447” que calificarían para ese retiro incentivado, que “representan una nómina de $342,277,000, más alrededor de $60 millones en beneficios marginales… si todos ellos se retiran bajo esta ley que autorizo hoy, con un 50% de su salario actual, ello representaría un ahorro para el gobierno de $171,138,000”.

Además, “alrededor de 1,900 participantes activos bajo la Ley 1 del 90, elegibles bajo esta medida, representan una nómina anual de cerca de $77 millones”.

Vázquez estimó en que con la implantación de la ley y la reducción de gastos en nómina, “el gobierno podría obtener un ahorro de sobre $1,400 millones durante un periodo de 30 años, o $1,000 millones de ahorro en cinco años”.

Agregó que precisamente de esos ahorros de nómina que se esperan con el retiro de los empleados, “ahí están los ahorros para el pago de ese retiro”.

“Felicidades a aquellos que puedan beneficiarse de esta legislación. Les decimos, adelante”, sostuvo la gobernadora poco antes de firmar las leyes.

“Quiero que el pueblo de Puerto Rico esté muy claro. Aquí no se está concediendo absolutamente nada que cada servidor público no haya pagado, no haya aportado… no se les está dando nada porque ya lo han pagado”, afirmó Vázquez. “Estos proyectos de ley lo que hacen es hacerle justicia a estos servidores públicos”, reiteró.

La gobernadora puntualizó que en los proyectos se dispone para que, en caso de que muchos empleados se acojan al retiro, se haga de manera escalonada y no se afecte la función del gobierno.

La gobernadora agradeció a todos los legisladores que respaldaron los proyectos a favor de los empleados públicos y los llamó a votar a favor del proyecto para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones.

La gobernadora aceptó que “hay una responsabilidad fiscal” por la que hay que pagar, y afirmó que “vamos a ser rigurosos y vamos a cumplir con nuestros planes fiscales, pero tenemos que buscar alternativas menos onerosas a los empleados públicos, que dieron su vida al servicio del gobierno y que pagaron por esas aportaciones”.

Vázquez comentó que los proyectos “los hemos discutido en reuniones que hemos tenido” con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, y que “puede ser que haya algún tipo de planteamiento y lo iremos analizando”, pero “la posición mía como gobernadora va a ser defender el proyecto y buscar las alternativas para no perjudicar a los empleados públicos más de lo que se han perjudicado”.