Tras asegurar que el contrato entre el gobierno y LUMA Energy “salió limón”, pues a su juicio “salieron defectuosos”, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló este miércoles que solicitó una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal para hablar, entre otras cosas, de la cancelación del contrato a esta empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía.

“Si ustedes se fijan, en los pasados meses esto todos los días es una controversia. Yo no voy a perder más mi tiempo con controversias estériles públicas. Le pedí una reunión a la Junta de Supervisión Fiscal para discutir todos los elementos de la contratación de gas, de muelles, de LUMA, de los fondos federales, porque nosotros no podemos darnos el lujo de perder esos fondos federales”, afirmó la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa realizada en la central Cambalache en Arecibo.

Entre las controversias que alegó que LUMA quería levantar contra el gobierno está una nueva carta que envió el operador del sistema eléctrico a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) en los que rechazan ser responsable de los problemas económicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La misma surge luego de que el Zar de Energía, Josúe Colón, alegara que había un déficit de facturación de $500 millones.

La afirmación lo que hizo fue enfurecer más a la gobernadora, pues LUMA expuso que su contestación fue para evitar una excusa para que se cancelara su contrato.

“La reacción es que son buenos discípulos de Shakespeare. Ellos tienen una habilidad para escribir epistolarmente todas las semanas y todos los días. Y yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico está harto de las cartas y de las excusas. Yo no vine aquí para excusas. Yo vine aquí para resolver a la gente y ejecutar. Y el asunto de LUMA es un asunto adjudicado en la pasada elección. El pueblo de Puerto Rico lo adjudicó en las elecciones pasadas. Así que aquí no es una cuestión de si se van a extender o no. Ese contrato se va a eliminar. Eso fue un compromiso programático. La gente lo validó. Así que nosotros estamos buscando transicionar ese operador a otro operador, verdad, u otros operadores. Pero si ustedes se fijan, yo escuché con detenimiento las veces que Iván Báez, de Genera, dijo que llevaban aquí dos años. LUMA lleva más de cinco años. Ya el tiempo de periodo de gracia expiró. Y yo creo que LUMA fue una de estas compras que salió limón. Cinco años que pudieron, un año, dos años, tres años, para ponerse al día, y salieron defectuosos”, precisó.

González Colón señaló que no dará más pasos a “peleas” con LUMA, porque al final de cuenta los abonados están cansados nada más con el hecho de que se le vaya tanto la energía eléctrica.

Enfatizó en que la decisión de sacar a LUMA ya fue tomada y que se han concentrado en buscar a un nuevo o a varios operadores para sustituirle.

“Hay dos maneras de hacer un divorcio, por consentimiento mutuo o como profesionales y como adultos o peleándolo en los tribunales. Evidentemente, ellos están en ese plano (de pelea). Mi función aquí no es salvaguardarle los fondos a ninguna compañía. Mi función como gobernadora es que la gente pague menos de luz y que tenga luz en su casa y para eso tenemos que buscar el mejor operador, llámese como se llame”, puntualizó.

De paso, la gobernadora levantó su malestar contra el Negociado de Energía. Habló de la posibilidad de enmendar la ley para hacer que el ente sea uno menos burocrático.

Entre el malestar que expresó está el retraso de que muchas centrales cambien del uso de diésel a gas natural. Sostuvo que estos proyectos fueron sometidos hace año y medio, pero “todavía no han sido atendidos”.

“Si hay que enmendar la ley, la vamos a enmendar. Yo creo que tenemos que darle agilidad a este sistema, porque quien está pagando el costo del combustible es nuestra gente”, precisó.

La gobernadora también expresó malestar cuando se enteró que Genera PR pudiese ser multado por un retraso en un proyecto de baterías en Aguirre, Salinas, ya que todavía la obra no ha sido aprobado por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) no les ha dado los permisos para la obra.