“En este momento no me inclino a firmarlo”.

Así se expresó este domingo la gobernadora Jenniffer González en torno al proyecto de ley aprobado por la Cámara y el Senado que ha desatado una intensa polémica porque contiene disposiciones que algunos creen que podrían conducir a un nuevo impuesto sobre el uso de teléfonos celulares.

Mientras atendía preguntas de la prensa luego de la ceremonia de conmemoración del natalicio del líder estadista José Celso Barbosa, González  abordó el tema del Proyecto del Senado 615, una medida que calificó como “un proyecto complicado, porque contiene múltiples elementos”.

“No es solamente el cargo de los canales de voz. Ahí hay distintas otras disposiciones de enmiendas al Código Municipal, que van desde permitir a los ejecutivos municipales (que) puedan aumentarse el sueldo (…), a los procesos de expropiación, de reducirlos de tres años a un año. Hay cosas técnicas que son buenísimas para los municipios, que yo estoy a favor. Pero hay otras que conllevan, que tienen algún tipo de impacto, y no solamente en términos monetarios, impactos en términos de procesos”, explicó la gobernadora sobre la medida, que fue aprobada sin la celebración de vistas públicas.

De acuerdo con su texto, el PS 615 no establece explícitamente un impuesto a los celulares, pero sí dispone una abarcadora definición del término “canal de voz”, que podría desencadenar un nuevo impuesto a la ciudadanía, toda vez que el Código Municipal confiere a las alcaldías, entre otras cosas, la facultad para cobrar a una empresa o persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicaciones por línea en Puerto Rico y que para ese fin utilice terrenos o predios del municipio.

La ley establece que la tasación se fijará en $3,000 por cada canal de voz instalado, esté o no funcionando, y hay expertos en el tema y legisladores que consideran que la nueva definición permitiría a los municipios ampliar el alcance de los servicios sujetos a esta tasación, añadiendo cargos adicionales a los que ya enfrentan las compañías de telecomunicaciones, que a su vez trasladarían ese costo a sus clientes, resultando a final de cuentas en un impuesto indirecto a los consumidores.

Para la gobernadora, el proyecto merece más evaluación antes de decidir si le estampa o no su firma.

“Yo me reuní ya con el presidente de la Federación de Alcaldes (Gabriel Hernández, alcalde de Camuy), que vino a explicarme la medida. Discutimos algunos, hay más de 15 puntos, 15 enmiendas distintas que están en este proyecto de ley. Así que yo lo voy a continuar evaluando”, comentó González Colón.

“A mí no me parece correcto el que se le imponga un cargo a la tecnología de mensajes de texto, WhatsApp o Telegram, o mensajes de voz. Eso es algo que, para mí, nada que tenga un impuesto, ese cargo, va a tener mi firma”, agregó.

Sin embargo, reiteró que “hay otros elementos” contenidos en el proyecto “que estamos evaluando”.

“Y yo creo que si hubiera un cambio… El problema es que yo no puedo pedir la devolución de la medida porque ya el tiempo para la devolución pasó. Así que prefiero seguirme reuniendo con la Federación”, explicó.

“Todavía estoy esperando memoriales de algunas de las agencias de gobierno que les he pedido que me puntualicen que impacto tienen X o Y enmienda”, agregó la gobernadora.

“Pero en este momento no me inclino a firmarlo”, finalizó.

Cabe resaltar que la medida, que fue presentada por petición de la Federación de Alcaldes como una manera de dotar a los municipios de herramientas “para la ejecución efectiva de sus deberes y para que continúen ofreciendo los servicios de primeras necesidades a los ciudadanos”, se radica en momentos en que los municipios enfrentan cada vez más dificultades fiscales y algunos incluso están en riesgo de quedar inoperantes.

Uno de los críticos del proyecto, Pedro G. Andrés, presidente de la Alianza de Telecomunicaciones, además de denunciar que no se tomó en cuenta las opiniones de expertos del sector, alertó que, de convertirse en ley, la medida generaría inseguridad jurídica y económica para la industria, y provocaría un aumento en los costos de servicios de internet y telefonía móvil que pagan los ciudadanos.

Firma dos nuevas leyes

Por otro lado, además de comentar sobre el PS 615 y otros temas como la situación energética, los feminicidios y las posturas de sus rivales políticos, la gobernadora también anunció que convirtió en ley dos medidas, el Proyecto de la Cámara 500, y el Proyecto del Senado 145.

El PC 500, una medida de administración que se convirtió ahora en la Ley 78-2025, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para eximir del pago de contribución sobre la propiedad mueble a los medicamentos recetados.

La gobernadora se hizo eco del texto de la medida, que sostiene que “la aplicación del impuesto al inventario es especialmente injusta cuando nos referimos a los medicamentos con receta” y argumentó que, tal como es el caso que los medicamentos con receta no pagan el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), “tampoco deben estar sujetos a ninguna contribución municipal”, puesto que se tratan de “una necesidad vital para cada paciente”.

González Colón aseguró que, tras la firma de esta ley, “la gente va a estar pagando menos por sus medicamentos recetados que lo que pagaban anteriormente” y además buscará “garantizar que nuestras farmacias pequeñas, nuestras farmacias de la comunidad puedan tener en inventario los medicamentos recetados” de manera que estén disponibles para ser despachados a los pacientes al momento.

Mientras, el PS 145, medida de la autoría de la senadora Wanda Soto que ahora se convierte en la Ley 79-2025, enmienda la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada, para hacer mandatorio que a cualquier persona que ingresa un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado se le requiera un examen oral y cumpla con por lo menos una revisión bucal anual certificada por un dentista.

Explicó que la medida responde a hallazgos de un estudio realizado en 2023 por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, que reveló que muchos adultos mayores albergados en asilos y centros de cuido tienen lesiones, cáncer, dentaduras que no habían sido removidas en periodos tan extensos como tres años, entre otros factores de riesgo nocivos para la salud.