La gobernadora Wanda Vázquez Garced se comprometió hoy a evaluar una opinión legal que un equipo de abogados realizó para la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en la que se detallan posibles ilegalidades a leyes y políticas públicas en el acuerdo que estableció el gobierno con el consorcio LUMA Energy, creado para administrar la transmisión y distribución de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al tiempo que no descartó enmendar el contrato.

Así lo expresó la Primera Ejecutiva tras concluir una reunión que sostuvo esta tarde con el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, y otros miembros de la Alianza de Empleados Activos y Retirados de la AEE, incluidos a los abogados encargados de redactar la opinión legal, los licenciados Jessica Méndez y Rolando Emmanuelli.

A preguntas de la prensa, la gobernadora dijo que su equipo legal evaluaría las preocupaciones legales que señaló la Alianza y prometió que la próxima semana se reuniría nuevamente con el grupo. Hay indicios de que, posteriormente, se concrete un encuentro entre los líderes sindicales y portavoces de LUMA Energy. Además, la Primera Ejecutiva no descartó que surjan enmiendas al contrato de la Alianza Público Privada (APP) que se firmó la semana pasada con el consorcio estadounidense-canadiense si así lo determina tras la evaluación que hará en estos días.

“Hemos escuchado unos planteamientos por parte de las diferentes uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica… hemos escuchado preocupaciones con relación a convenios colectivos, derechos adquiridos, sistemas de retiro…”, dijo Vázquez Garced al reiterar que los señalamientos serán examinados y reconoció que algunos le llaman la atención.

A su llegada al Palacio de Santa Catalina, el líder de la UTIER dijo que su expectativa era que la gobernadora pudiera analizar la opinión legal que establece mediante un informe de 37 páginas que el acuerdo de la APP es nulo por violar varias disposiciones de leyes vigentes y sus políticas públicas.

Los abogados establecen en su informe que el contrato no cumple con requisitos básicos dispuestos en el Código Civil, que no reconoce las obligaciones contractuales obrero/patronales de los convenios colectivos y que el acuerdo convierte en un monopolio privado el sistema eléctrico de la isla, entre otros señalamientos en el que se indica que también están en riesgo los fondos de retiro de empleados activos y jubilados. Hay también preocupación porque se les garantice el empleo a los 6,200 empleados que trabajan en la AEE, en conformidad con la Ley 29 y la Ley 120.

Además, el documento sostiene un “conflicto de interés” del Comisionado que preside el Negociado de Energía, Edison Avilés, pues alegan que este fue miembro del Comité de Alianzas que seleccionó a LUMA Energy y luego evaluó la propuesta que adjudicó el contrato.

“Nuestra expectativa es que la gobernadora pueda reflexionar sobre el informe de los licenciados… el contrato viola todos los derechos y todas las disposiciones constitucionales legales”, expresó Figueroa Jaramillo quien sostuvo que la Utier y otras uniones solicitaron participar de las negociaciones que finalizaron en la APP y nunca se les permitió.

“(Esperamos) que tenga la certeza y humildad de reflexionar y revocar un contrato como este que es totalmente contrario a los intereses de Puerto Rico y, sobre todo, contra los trabajadores”, había indicado antes de la reunión.

El acuerdo con el consorcio - que agrupa a las empresas ATCO, Quanta Services y IEM, bajo el concepto de Alianza Público Privada-, se extiende por 15 años y tiene un costo para el gobierno que podría ascender hasta $125 millones anuales al tomar en cuenta una serie de incentivos por desempeño.

LUMA se encargaría de operar el sistema de distribución, transmisión, servicio al cliente y operación del aparato administrativo.

La Junta de Supervisión Fiscal ha expresado la necesidad de que el sistema de generación igualmente sea privatizado a mediano plazo, mientras tanto esta operación sigue corriendo por parte de la AEE.

Se espera que el sistema de AEE sea modernizado mediante asignación de fondos federales que podría oscilar entre $15 mil a $20 mil millones de dólares.