El gobernador Pedro Pierluisi firmó este domingo una Orden Ejecutiva (OE) que establecerá un Comité Asesor que establecerá recomendaciones sobre la distribución y el uso de unos fondos que recibirá Puerto Rico para atajar la epidemia de opioides en la Isla.

El grupo, el cual estará adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), que brindará guías y recomendaciones al secretario Carlos Mellado López para considerar iniciativas o actividades en gobiernos estatales y federales que hayan demostrado ser efectivas en la prevención y tratamiento, para individuos o familias, de trastornos causados por el uso problemático de estos fármacos..

Según el comunicado de prensa, Puerto Rico estará recibiendo sobre $100 millones, que se distribuirán en aproximadamente $5 millones anuales por los próximos 18 años, como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en representación del Gobierno de Puerto Rico, contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides dado que, según el fallo, no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos.

Además, dicho fallo solicitó la creación del grupo asesor que será responsable de establecer protocolos para atajar el problema sanitario, tomando en cuenta las necesidades de Puerto Rico en áreas de prevención, educación y tratamientos.

A esos fines, el gobernador Pierluisi firmó la OE que establece que el comité se organizará antes del 30 de junio de este año, una vez sean nombrados sus miembros. Igualmente, todos los designados deben contar con experiencia, pericia y educación en aspectos salubristas como salud pública, problemas de uso de sustancias y adicciones, trastornos por uso de opioides, prevención, educación y tratamientos, entre otros asuntos detallados en el decreto.

“Este Comité Asesor es el primer paso para establecer las guías y recomendaciones en cuanto a los fondos que recibirá Puerto Rico para atender la epidemia por opioides que ha afectado a miles de familias en la Isla y otras jurisdicciones de los Estados Unidos y el mundo. En mi gobierno vamos a garantizar que estos fondos sean utilizados conforme a la sentencia y que procuremos programas de prevención y educación, así como tratamientos para contrarrestar el uso y abuso de estas sustancias. No queremos perder ni una vida más como consecuencia de la adicción a estas drogas y utilizaremos estos recursos para prevenir muertes y salvar vidas”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

El Comité estará compuesto por 13 miembros y será presidido por el secretario del Departamento de Salud, quien no tendrá voto, excepto cuando se requiera el voto decisivo por empate entre los miembros. El gobernador de Puerto Rico nombrará seis miembros, mientras que los otros seis designados serán nominados por la Federación de Alcaldes (3) y la Asociación de Alcaldes (3).

El Comité tendrá la capacidad de recomendar acciones para abordar la crisis de opioides en la Isla y recomendar financiamiento de programas o iniciativas específicas. Asimismo, podrán sugerir estrategias medibles para determinar la efectividad y supervisar la asignación y el uso de los fondos.

También, que se incluyan programas que reflejen las necesidades particulares de las comunidades. Para lograr estos objetivos, el grupo deberá recopilar y evaluar datos sobre programas y servicios de prevención y tratamiento de trastornos en el uso de sustancias como los opioides. Igualmente, pedirán la participación y comentarios de partes interesadas en cuanto a las necesidades de servicios para prevenir y tratar los trastornos por uso de sustancias controladas en la Isla.

A partir del próximo año -2023- y cada año subsiguiente, el Comité deberá brindar sus recomendaciones al secretario del Departamento de Salud en o antes del primer día del mes de mayo de cada año.

Además de la compensación económica, se impuso una prohibición para que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública a nivel nacional.