A casi un mes de que el gobierno impusiera a través de orden ejecutiva el regreso a labores presenciales de los servidores públicos que permanecían realizando tareas a distancia como medida preventiva para el control de COVID-19, en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATHR) no pueden precisar cuántos empleados retornaron a sus labores en centros de trabajo.

Los datos específicos sobre cuántos empleados del gobierno laboran de forma presencial y cuántos lo hacen de manera remota se ha solicitado por parte de Primera Hora a OATHR desde el pasado 15 de septiembre, fecha que entró en vigor la orden ejecutiva que dio paso al retorno de servidores públicos a sus centros de trabajo.

En cambio, en primera instancia, Frances Rodríguez, portavoz de prensa de la OATHR, indicó que las agencias no están obligadas a rendir informes diarios. Luego, aclaró que los reportes de asistencia son mensuales y se hacen públicos a través del portal de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF).

Sin embargo, la información provista en el enlace que lleva a los mencionados informes de asistencia estaban incompletos y correspondían al mes de julio. El martes, los datos -que no tenían información precisa de agencias grandes como el Departamento de Educación, entre otras decenas de instrumentalidades gubernamentales- incluía referencias hasta el 29 de agosto.

Una entrevista solicitada por Primera Hora con la directora de OATRH, Sandra Torres López, no fue concedida.

En una entrevista publicada por este medio el 13 de junio, Torres López reconoció que carecía de la información. Afirmó que se le habían solicitado los informes de empleados trabajando presencial y remoto a las agencias, pero todos esos datos se reciben en papeles y se ingresan manualmente a un programa computadorizado. Agregó que la oficina lleva dos años solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal fondos para adquirir un sistema unificado de recursos humanos que permita centralizar todos los datos.

La Rama Ejecutiva tiene 118 agencias e instrumentalidades gubernamentales que proveen 340 servicios a un costo aproximado de $21,800 millones, se especificó en la exposición de motivos que dio paso a la Ley 8 de 2017 (Empleador Único). Se estiman unos 120,000 trabajadores activos en el gobierno de Puerto Rico.

Recientemente, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, explicó mediante comunicado de prensa que se había utilizado una suma millonaria para fortalecer los sistemas de salud y seguridad en las oficinas gubernamentales al amparo del Plan Estratégico de Desembolso para el Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés) establecido por la Ley CARES. A través de esta ley a Puerto Rico se le otorgaron $2,200 millones, de los cuales se habían desembolsado hasta el mes pasado $1,041 millones (poco más del 50%) a través de 19 programas de asistencia.

La Primera Ejecutiva indicó que del monto se habían utilizado $40 millones para la compra de materiales y equipo de protección para ser distribuidos en todas las oficinas gubernamentales y $24 millones para el programa de trabajo a distancia del gobierno. El Programa de Protección de Nómina para el sector privado que cuenta con $350 millones, inició a mediados de septiembre y al 25 de ese mismo mes se habían desembolsado $32 millones.

A modo de tener una idea del escenario actual en el método de trabajo en la plantilla gubernamental, Primera Hora solicitó a portavoces de prensa de 12 agencias o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que ofrecieran los datos. La petición se realizó al Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Educación, Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Departamento del Trabajo, Departamento de Hacienda, Departamento de Justicia, Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Salud. Las últimas dos dependencias no divulgaron los datos al cierre de esta edición.

Se realizó una solicitud similar a la Rama Judicial donde, actualmente, hay una plantilla de empleados de 4,698. De estos, el 64% (3,010) trabajan de forma presencial, un 9% (409) de manera remoto y un 26% (1,216) de manera mixta. El 1% de la plantilla no ha podido convocarse a trabajar en licencia, relevados de empleo u otra razón.

En comunicación escrita, Ileana Báez, portavoz de prensa de la Rama Judicial, destacó que el personal que labora presencial lo hace conforme a grupos de trabajo rotativos, por lo que acuden a su área de labores solo los días de la semana que les corresponde, según el grupo asignado.

“Según dispuesto en la fase dos de nuestro Plan operacional para la expansión de servicios, adoptado tras el cierre parcial realizado a principios de año por la pandemia del coronavirus COVID-19, los grupos de trabajo rotativos contemplan la labor presencial diaria de un 40% de la plantilla de funcionarios. Esto puede variar de manera mínima según las circunstancias o necesidades de alguna dependencia judicial particular”, agregó.

¿Qué hay de otras agencias gubernamentales?

En el caso del Departamento de Educación, una de las dependencias con mayor número de empleados en el gobierno -cuya plantilla es de 39,381 trabajadores- el 67% están en modalidad de teletrabajo.

La secretaria auxiliar de Recursos Humanos de Educación, Lydia Morales, explicó por escrito que de los 26,269 empleados que trabajan a distancia, 22,000 aproximadamente son maestros en la sala de clases.

“El personal de apoyo, como los trabajadores sociales, consejeros y bibliotecarios, pueden estar (trabajando presencial) en días alternos”, precisó.

En el Departamento de Hacienda, por ejemplo, hay 1,110 empleados trabajando de manera presencial y 611 entre remoto e híbrido.

Según explicó Vilmar Trinta, portavoz de prensa de la agencia, a causa de las nuevas exigencias laborales por la pandemia se ha exhortado a la ciudadanía a realizar sus transacciones en línea a través de suri.hacienda.pr.gov

Aseguró que también ha sido efectivo el servicio al cliente a través de “Asistencia en SURI” donde las personas pueden hacer todo tipo de preguntas. “Al 1 de octubre de 2020 se han contestado 268,792 mensajes del enlace que fue creado el 7 de mayo”, explicó al agregar que, aparte, se han atendido 185,865 mensajes y correos electrónicos de contribuyentes en otras “alternativas digitales” de servicio al cliente.

Mientras, los servicios de colecturía se ofrecen mediante cita previa llamando a la oficina de preferencia.

En el caso del Departamento de Justicia, donde hay una plantilla de 1,397 empleados, 924 trabajan en oficinas, mientras 447 lo hacen de manera híbrida. Solo una persona trabaja todo el tiempo de manera remota. Asimismo, hay 25 empleados en licencia sin sueldo, según datos provistos por las Divisiones de la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos de la agencia.

De los 394 empleados que tiene el Departamento de la Vivienda, 211 laboran de manera presencial y 182 lo hacen de manera híbrida, precisó por comunicación escrita Leticia Jover, portavoz de prensa de la agencia.

De otra parte, el Departamento del Trabajo -donde actualmente hay una plantilla de 1,130 personas- hay 1,016 laborando de forma presencial y 83 de forma híbrida.

El portavoz de prensa de la agencia, Kike O’Neill, destacó que hay 31 personas laborando “full remoto”. “Hay siete personas que trabajan remoto porque tienen alguna condición de salud que los coloca entre los grupos de alto riesgo y hay 24 que están laborando desde sus casos por situaciones de cuido de niños o algún otro familiar que requiere atención especial”, explicó.

Curiosamente, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) -incluyendo a la Autoridad de Carreteras- solo tiene un empleado trabajando vía remoto, según un informe enviado a este diario por su portavoz de prensa, Héctor Pérez.

El número total de empleados en DTOP es de 1,060 personas. De estas 1,034 están desempeñándose de forma presencial y 25 se acogieron a alguna licencia sin sueldo.

En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hay 1,265 empleados, de los cuales 402 laboran remoto “parcialmente”, según detalló por escrito Joel Seijo, de la oficina de prensa de la agencia. Explicó que “en ocasiones se les requiere asistir presencial dos días a la semana”. Mientras se especificó que 553 trabajadores hacen labores presenciales. En el caso del Cuerpo de Vigilantes, hay 310 empleados trabajando en el campo.

El Departamento de la Familia, por su parte, indicó que del total de 4,864 trabajadores, 4,020 de ellos ejercen de manera presencial y 726 laboran en la modalidad de teletrabajo. Mientras, 118 están acogidos a licencias sin sueldo.

Los números en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, sin embargo, no fueron precisos según la información provista por Damarisse Martínez, portavoz de prensa de la agencia. Solo se notificó que la cantidad de empleados ronda los 5,500 y que “prácticamente todos están ocupando sus posiciones de manera presencial, excepto algunos casos aislados por situaciones relacionadas a cuido o clases virtuales. Esto no llega a 50 casos”.

Por último, la OATRH, tiene 70 empleados de los cuales 33 trabajan de manera presencial y 23 de forma remota, según envió por escrito Melba de Jesús, de la oficina de prensa de la dependencia. Agregó que hay otras 14 personas en destaques o con licencias sin sueldo.

Servidores públicos exigen mayores protecciones en sus trabajos

Varios líderes sindicales de organizaciones que agrupan a servidores públicos han estado exigiendo durante las últimas semanas mayor rigurosidad en las medidas de salud y seguridad en los ambientes de trabajo en los que se requiere la presencia de empleados.

Por ejemplo, la unión de Servidores Públicos Unidos (SPU) exigió el pasado domingo que el Departamento de Educación (DE) cumpla a cabalidad con los protocolos de COVID-19 ante los casos recientes de personas que han arrojado positivo al virus y que laboran en la nueva y vieja sede de la agencia.

“Los empleados estamos bien preocupados con el manejo que la agencia le está dando a los casos de COVID y a la poca información que está publicando al respecto. La semana pasada hubo un caso en la Oficina de Certificación, Piso 4 de la vieja sede, y al personal se le despachó, pero aun no se ha desinfectado el área. Igualmente está ocurriendo con el Área de Planificación, que queda en la nueva sede, donde hubo cinco casos positivos y el personal está en cuarentena. Sin embargo, aun no se ha desinfectado el área. Por ende, estamos exigiendo al DE que antes de que este personal regrese a sus áreas de trabajo nos aseguren que se realizó la debida desinfección, según se establece en los protocolos”, sentenció Mikey Rivera, presidente de la Local 3840 PASO-SPU – AFSCME, mediante comunicación escrita.

En el mismo tono se expresaron portavoces de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) al denunciar un alegado hacinamiento en la oficina regional de Carolina, lo que evita mantener el distanciamiento físico aumentando el riesgo de contagio de COVID-19 entre los empleados.

Además, señalaron falta de comunicación entre el sindicato y la administración para la activación de protocolos cuando un empleado da positivo al virus.

“En este edificio hay espacios donde están ubicadas más de 20 personas en el mismo lugar, esto claramente, evita que los empleados puedan cumplir con el requerimiento del distanciamiento físico y aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 entre los empleados”, detalló Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de UECFSE.

Mercado Cordero explicó que antes se tenían a los empleados presenciales en días alternos reduciendo así las plantillas de trabajo en todas las áreas y minimizando la exposición a los empleados por el hacinamiento.

“Cuando los empleados estaban en modalidad alterna no existía el problema de hacinamiento que hay hoy, el riesgo de contagio era mínimo, pues no había tantos empleados juntos. Además, según la orden ejecutiva el trabajo a distancia (remoto) facilita que no se expongan tantos empleados juntos. El propio administrador del Fondo, Juan Benítez impartió instrucciones a todos los directores regionales del Fondo para promover el trabajo a distancia y ellos han hecho caso omiso para así cumplir la orden ejecutiva”, resaltó.

La líder sindical detalló que, además del problema de empleados aglomerados, existe también, falta de comunicación entre el sindicato y el director médico de la región, el Dr. Juan Arango, en la activación de los protocolos establecidos por la propia Corporación del Fondo y por OSHA cuando ocurre un caso positivo a COVID-19.

Mercado Cordero añadió que los empleados que se niegan a trabajar para proteger su salud son amenazados por el director regional, Roberto Acevedo.

“Si un empleado expresa que no quiere exponerse al COVID en su área de trabajo que no ha sido sanitizada luego de un positivo es amenazado por el Director Regional diciendo que tomará medidas disciplinarias. No es momento de amenazas, es momento de acción”, expresó.