El gobierno de Puerto Rico paralizó el contrato del Departamento de Salud con el laboratorio de referencia Quest Diagnostics -referente a la realización de pruebas para detectar COVID-19- hasta tanto demuestren la confiabilidad en los resultados que emiten y se dilucide el porqué de los retrasos en los informes de pruebas positivas a coronavirus, los cuales estaban tardando dos semanas o más en recibirse en la agencia.

Así lo confirmó a Primera Hora el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, al agregar que el gobierno también se dispone a recurrir al tribunal, pues la agencia objetará el pago de todos los resultados entregados luego de cinco días, el cual fue el periodo establecido de entrega en el contrato con la compañía.

“Se hizo una evaluación y se puso un alto para que Quest Puerto Rico no procese ninguna prueba… se paraliza hasta dilucidar la situación con los retrasos que ha habido en una cantidad considerable de pruebas y se analicen unos señalamientos de calidad”, expresó al agregar que la decisión se tomó a través de la División de Laboratorios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), que dirige Vanessa Sárraga.

La notificación de paralización de procesamiento de pruebas se informó mediante una carta a Manuel Marcial, director de Quest Caparra. En un correo electrónico se le solicitó, además, la realización de muestras comparativas entre ellos y otros laboratorios Quest Puerto Rico para verificar los resultados.

González dijo que se busca realizar un análisis luego de que a través del municipio de Ponce y Cayey se plantearan unas dudas sobre la calidad del proceso realizado en Quest, pues presuntamente reportaron resultados de falsos positivos.

“Hubo 40 casos positivos de Quest que cuando se llevaron a análisis 18 de estos, los 18 resultaron negativos”, dijo González.

Mientras, Sárraga dijo a Primera Hora que fue la división de epidemiología del Departamento de Salud la que levantó bandera e, inmediatamente, comenzó la investigación.

“Nos refiere esta preocupación y lo que hicimos fue entrar a las facilidades de Quest”, sostuvo la tecnóloga médica.

Fue el pasado lunes que se le notificó a Marcial la decisión de paralizar las pruebas “hasta que podamos estar seguros de su confiabilidad”.

“En la carta se le instruye a que mejore sus procesos de garantía de calidad, así como el proceso de competencias de sus empleados”, dijo Sárraga al agregar que la empresa ha ido entregando información requerida por la agencia y que una vez Quest cumpla con lo solicitado obtendrá nuevamente autorización para procesar muestras de COVID-19.

Aclaró que la investigación no tiene que ver con la calidad de las pruebas, sino con el procesamiento.

Recordó que todos los sistemas utilizados en los laboratorios de Puerto Rico han sido validados y tienen permiso de uso de la FDA. “Se está evaluando la competencia de empleados manejando las pruebas”, sostuvo.

De hecho, según adelantó SARAFS, y como parte de la evaluación de la fase preanalítica de la toma de muestras, se realizó la primera de las visitas sorpresa que estarán realizando a las instalaciones donde la Guardia Nacional colecta pruebas, a fin de evaluar los procesos, identificar hallazgos y solicitar la corrección de los mismos.

Reiteró que el propósito de la acción de SARAFS es ayudar a los 13 laboratorios de referencia que hay en Puerto Rico y “aclarar cualquier duda”.

“Los laboratorios están haciendo excelente trabajo. Todo el tiempo estamos en contacto con ellos y hemos visto cómo están trabajando. Por eso es importante que nos mantengamos trabajando juntos, porque al fin y al cabo lo que nos interesa a todos es que nuestro país esté saludable”, acotó.

Había trascendido públicamente que el laboratorio Quest Puerto Rico procesaba alrededor de un 20% del total de muestras, cuyos resultados fueron reportados por Salud.

Cada prueba procesada por Quest le cuesta al gobierno $75. El secretario de González estimó entre $1.5 y $2 millones el dinero que no se le pagaría a la empresa ante el incumplimiento del contrato.

En el caso de Quest se han recibido resultados positivos del virus hasta 15 y 21 días posterior a la fecha de toma de muestra.

Primera Hora preguntó a Sárraga qué empresa asumiría el rol activo de realizar las pruebas que por disposición de SARAFS quedaron detenidas en los laboratorios Quest, y esta indicó que esta responsabilidad recaerá en Quest Estados Unidos, cuya división sí puede continuar operando.

Esto implica que los resultados podrían retrasarse más de 48 a 72 horas en llegar. Lo correspondiente, según la agencia, es que lleguen en cinco días.

Salud informó recientemente que tras las demoras constantes en los resultados de las pruebas de COVID-19 –lo que atrasa los reportes diarios del gobierno- los laboratorios tienen 24 horas para informar las muestras positivas a la enfermedad y 48 horas para dar a conocer los resultados negativos.

Los que no cumplan con la orden emitida por González como titular de Salud, se exponen a multas de $1,000 por el primer día de infracción y $500 adicionales por cada día que pase sin enviar la información requerida.

Al momento, Salud no ha emitido multas alusivas a violaciones de esta índole.

La preocupación del secretario, dijo, es que un desfase o retraso en la entrega de resultados incide en la toma de decisiones que hace el gobierno para evaluar órdenes ejecutivas sobre medidas de control del coronavirus.

“Además, conlleva un riesgo grande tener a alguien positivo y que no se informe en un tiempo prudente”, determinó al recordar que la propagación actual del virus es de transmisión comunitaria.

El titular de Salud sostuvo que, aunque Quest es el principal responsable de la mayoría de los retrasos, otros laboratorios de referencia también se han demorado en la entrega. En cambio, no precisó nombres.