En momentos en que la degradación del crédito del Gobierno parece inminente debido al atolladero fiscal y económico en el que se encuentra la Isla hace años, el erario deja de recibir anualmente cerca de $900 millones debido a la pobre fiscalización del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Ese es uno de los hallazgos de un estudio presentado este domingo por el economista Gustavo Vélez, fundador de la firma de consultoría Inteligencia Económica, sobre el nivel de captación del impuesto al consumo durante el año fiscal 2012.

El análisis también concluyó que, si el Departamento de Hacienda fortalece su aparato fiscalizador, el Gobierno podría allegar $491 millones más que los que recauda actualmente.

Vélez precisó que el nivel de captación del IVU -incluyendo todas las industrias y transacciones en las que aplica- es de 56%, y la evasión, de 44%. Las cifras no varían significativamente a las que arrojó un estudio similar que la firma realizó en el 2010, cuando el nivel de captación era de 48%, lo que representó pérdidas de unos $835 millones anuales.

Hoy la evasión se traduce en pérdidas que alcanzan los $900 millones.

“Esto representa una gran oportunidad para que el Departamento de Hacienda pueda aumentar sus recursos, mejorar la liquidez del gobierno, evitar la posible degradación crediticia”, argumentó Vélez durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el economista Ángel Terán, también de la compañía consultora.

“Hacienda siempre ha tenido problemas de fiscalizar los impuestos. Hay un problema de recursos, hay un problema de agilidad, posiblemente hay un problema de urgencia”, abundó.

A modo de ejemplo, mencionó que la agencia fiscaliza menos de 1% de los comercios que radican planillas del IVU.

Precisó que, si el Departamento de Hacienda lograra elevar el nivel de captación de 56% a 80%, podría ingresar al erario $1,637 millones anuales, lo que significarían $491 millones más a lo que recauda hoy.

“En el corto plazo, mediante un sistema de fiscalización inteligente, es totalmente viable generar $300 millones adicionales en ingresos del IVU que actualmente no llegan al Departamento de Hacienda”, señaló Vélez.

El análisis fue comisionado por la empresa Softek, una de las operadoras del IVU Loto, ideado a manera de sorteo con el fin de registrar las transacciones en los negocios y reforzar así la fiscalización del impuesto al consumo.

Vélez sostuvo que esa iniciativa no ha cumplido su objetivo, pues aunque las transacciones quedan documentadas, el Departamento de Hacienda supuestamente ha incumplido el deber de examinar si esa información es proporcional a los recaudos que someten los comercios correspondientes al IVU.  

El economista precisó que, a pesar de que los negocios cobran efectivamente el impuesto al consumo a los clientes, no los remiten al Departamento de Hacienda, y dijo que la mayor evasión se da en aquellos comercios que manejan mayor cantidad de dinero en efectivo.

El estudio precisa que el sector de ventas al detalle con mayor captación del IVU es el de vehículos de motor (79%), seguido por las tiendas de alimentos (66%), las tiendas de ropa y accesorios (66%), los establecimientos de materiales de construcción, pinturas y ferreterías (59%) y las estaciones de gasolina (59%).

En cambio, las empresas de ventas al detalle con menor captación son las cafeterías y restaurantes (34%), las tiendas por departamento (41%), las tiendas de radios, televisores y computadoras (43%) y las ventas de piso en las farmacias (47%).

A juicio de Vélez, el modelo contributivo debería estar centrado en los impuestos sobre el consumo y su efectiva fiscalización, y no sobre la producción y el ingreso, como ha sido el caso de gravámenes de reciente creación como la llamada Patente Nacional.

Con el objetivo de subsanar esta situación, Vélez recomendó, entre otras cosas, que los municipios se organicen en consorcios para implementar mejores modelos de fiscalización y cobro del IVU, tanto municipal como estatal. Destacó que el nivel de captación en los ayuntamientos es superior, y oscila entre un 60% y 75%.

Afirmó que la Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva (Ley 40-2013) permite que los ayuntamientos establezcan ese tipo de convenios con el gobierno central, y dijo que esa alternativa podría engrosar las arcas municipales si se les confiere una partida de los recaudos a cambio de la labor fiscalizadora.

“El país no tiene tiempo. Llegamos al final del camino, y si Hacienda no lo puede hacer, que busque aliados para poder fiscalizar”, enfatizó.

Sugirió, además, fomentar la participación ciudadana en la fiscalización mediante créditos fiscales o premios automáticos, emplear herramientas tecnológicas que permitan simplificar la tarea de identificar efectivamente los negocios que son posibles evasores y facilitar el cumplimiento del comerciante con su obligación de rendir la planilla del IVU en el Departamento de Hacienda.