González no apoya aplicación de sección 933 A en Puerto Rico
Se refirió a que el tema de exenciones contributivas federales para empresas foráneas que se establezcan en Puerto Rico no ha sido presentado formalmente por Pierluisi .

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 12 años.
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Aunque el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, explora en Washington la posibilidad de que se aplique en Puerto Rico una sección 933 A del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, la vicepresidenta de esa colectiviadad, Jenniffer González, se pronunció hoy en contra de ese tipo de medida.
"Yo, personalmente, estoy en contra de la 933 A. Yo tengo objeción, pero eso son asuntos de materia del trabajo del Comisionado Residente que en su momento hará expresiones al respecto, pero no son asuntos discutidos en el Directorio", manifestó González en conferencia de prensa.
Se refirió a que el tema de exenciones contributivas federales para empresas foráneas que se establezcan en Puerto Rico no ha sido presentado formalmente por Pierluisi ante el Directorio del PNP, aunque el funcionario, como comisionado residente de Puerto Rico en Washington ha lidiado con el asunto.
González también se manifestó en contra de enmiendas a la Ley de Cabotaje que podrían tener impacto positivo en ciertas importaciones de productos en Puerto Rico. "Él (Pierluisi) podrá estar proponiéndolas, pero yo personalmente estoy en contra de ambas", dijo la representante cuando se le preguntó sobre medidas que se asegura discutió recientemente el presidente del PNP con el gobernador Alejandro García Padilla en La Fortaleza.
A preguntas de este medio sobre la razón de su tajante rechazo a la aplicación de la 933 A, González respondió que esas exenciones contributivas "no son parte del modelo económico que Puerto Rico tiene que empujar".
"La experiencia en el pasado de estas cláusulas o estas excepciones en el Código de Rentas Federal no viene a acrecentar lo que debe ser la solidificación de Puerto Rico en términos económicos", opinó la expresidenta de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, el legislador Antonio Silva, expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y quien acompañó a González en una rueda de prensa en la que cuestionaron el desempeño de García Padilla en medio de la crisis fiscal del gobierno, no rechazó categóricamente algún beneficio de legislaciones federales sobre excepciones en aplicaciones locales de disposiciones del Código de Rentas Internas federal o de la Ley de Cabotaje.
"Hay que ver qué se propone. Tendremos que estudiarlo", señaló Silva a este medio, pero evitó argumentar sobre ambos temas.
González, mientras, insisitió en que "necesitamos un modelo económico local que pueda permanecer más allá de determinación de un Congreso, (porque) cuando estas enmiendas como las de las 933 A se dan, tienen un periodo de vida que va a depender del Congreso que esté y el presidente que esté (de turno)".
Por décadas, en Puerto Rico estuvo vigente la sección 936 del citado Código de Rentas Internas federal que garantizó exenciones contributivas para cientos de empresas que mantuvieron fábricas que generaron miles de empleos. Cuando Estados Unidos cesó su aplicación, esas empresas paulatinamente cerraron sus operaciones aquí. Esos cierres se han vinculado al creciente desempleo industrial que se registra en el país desde la década de los noventa.
Cabildeo en ciernes
El secretario de asuntos públicos del Gobernador, Jorge Colberg, ha dicho que Pierluisi y García Padilla hablaron sobre enmiendas en la Ley de Cabotaje aplicables al país, así como sobre posible vigencia de la sección 933 A en el contexto de evitar aquí un mayor impacto negativo asociado a recortes sustanciales de fondos federales que se legislarán en Washington.
Ambos funcionarios, según Colberg, estarían en disposición de cabildear juntos en el congreso federal para procurar, por ejemplo, que mediante una enmienda a la citada disposición del Código de Rentas Internas, empresas foráneas se establezcan en Puerto Rico como domésticas y gocen de un 100% de exención contributiva federal por sus ingresos en la Isla.
Para adelantar ese tipo de gestión, Pierluisi habría sugerido a García Padilla acercamientos con los congresistas de Oregón y California que son miembros de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara federal, con facultad para encaminar ese tipo de enmiendas.
Sobre la posibilidad de alguna enmienda a la Ley de Cabotaje, Pierluisi y García Padilla estarían pendientes a un próximo informe de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). Por años, se ha argumentado que la Ley de Cabotaje impone a Puerto Rico restricciones que resultan onerosas para la exportación de productos locales, lo que limita la competitividad del país internacionalmente, pero también supone mayores gastos al importar productos en un país donde más del 90% de los comestibles proviene del extranjero.
Arremeten contra el gobernador
La vicepresidenta del PNP, por otro lado, emplazó hoy al gobernador Alejandro García Padilla para que presente al país su plan económico para atender el déficit millonario y la crisis de los sistemas de retiro, que ha redundado en una peligrosa degradación del crédito de Puerto Rico.
González y Silva criticaron de forma enérgica los primeros 74 días de gobierno de García Padilla a quien culparon por aumentar la inestabilidad económica del país ante los bonistas al imperar en sus gestiones la "desorganización, improvisación y falta de ideas".
"Antes había un plan, pero ahora no existe un plan económico", puntualizó González al plantear que ese es un factor que acrecenta los reparos de las casas acreditadoras al mirar a Puerto Rico, mientras la rama ejecutiva y la legislativa no se ponen de acuerdo para aprobar medidas estabilizadoras de la economía.
Según González, el gobernador "solo piensa en aumentos, cobros por transacciones de ATH y una amnistía contributiva para beneficiar a saber a quien de su partido". Además, cuestionó el énfasis en investigaciones de las gestiones realizadas por la pasada administración novoprogresista y condenó despidos de empleados estatales por ser del PNP.
Silva y González iniciaron su presentación ante los periodistas con un vídeo de García Padilla en campaña asegurando en un canal de televisión (WAPA) que no tenía previsto reducir las pensiones, ni despedir empleados públicos y al referirse a su entonces rival político, el exgobernador Luis Fortuño, como "el candidato de los bonistas" y la persona que dejaría en la calle a 26,000 trabajadores estatales.
Después, ambos representantes responsabilizaron al primer ejecutivo por el despido de 15,000 empleados públicos, vinculados al PNP y alegaron que el déficit en el gobierno fue reducido por el exgobernador Luis Fortuño de $3,200 a $300 millones.
Silva instó a García Padilla a presentar un desglose de déficit por cada agencia estatal para precisar insuficiencias económicas en la Policía y otras dependencias.
González, mientras, dijo que García Padilla tiene que terminar de nombrar y confirmar a sus jefes de agencia, para frenar la inestabilidad que perciben las casas acreditadoras y que es factor al momento de degradar el crédito del gobierno. También dijo que urge "comunicación" entre las ramas ejecutiva y legislativa para poder adelantar medidas económicas de consenso y sobre todo presentar un plan coherente de cómo se atenderán las crisis en el Sistema de Retiro y otras dependencias con finanzas en crisis.
Los legisladores recriminaron que las mayorías parlamentarias han presentado "más de 300 medidas de investigación" sobre presuntas irregularidades en agencias atribuidas a la pasada administración del PNP y lo calificaron como una "cacería de brujas"
Silva y González también se pronunciaron en contra de legislaciones propuestas para atajar el déficit actuarial en el Sistema de Retiro como las sometidas por el representante Luis Vega Ramos y la senadora Rosanna López.
El representante popular José Báez reclamó a González que no tiene fuerza moral para hacer esos reclamos.
"Con qué cara Jenniffer González se atreve emplazar a esta administración y a reclamar planes de trabajao. La expresidenta de la Cámara fue parte instrumental de la debacle económica y fiscal de la administración Fortuño. Jenniffer apoyó las políticas de la Ley 7 , y nada hizo para resolver la crisis de retiro", precisó Báez en un comunicado.
"La emplazamos a dar explicaciones al País por su negligencia y falta de acción como presidenta de la Cámara de esa nefasta administración del PNP", sentenció.