La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico evalúa hoy un informe de 212 páginas que recomienda la eliminación del programa de becas presidenciales, pero no que se tome acción alguna contra los involucrados.

El informe preparado por la investigadora y exdirectora de la Administración de Tribunales, Mercedes Marrero de Bauermeister, expone también que la UPR carecía de normas claras para otorgar estas becas, por lo que “no hay base para acción disciplinaria ulterior”.

El informe plantea en repetidas ocasiones que las becas no tenían parámetros procesales para su trámite y que no hay directriz uniforme procesal para el trámite de recomendación de candidatos a beca presidencial.

Los involucrados en el llamado escándalo de las becas presidenciales incluyen a los becados Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno Jorge Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y Carlos Pagán, pasado ayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla. Los candidatos recibieron aportaciones cercanas a los $25,000. Ríos escribano ya devolvió el dinero y Sánchez solicitó un plan de pago, se indicó.

En el caso de los tres solicitantes a la beca hubo irregularidades en el trámite, como no tenían solicitud o documentos, ni identificaban la plaza o el área que debían atender, o ausencia de un aval formal del rector.

Pero además De los 11 recintos, solo en una unidad académica hubo proceso de consulta en busca de becas, en el de Utuado, pero al no haber normativa procesal no se puede determinar incumplimiento alguno; y el informe critica el breve periodo para tramitar las becas, entre el 3 de julio de 2015 al 15 de julio del mismo año, periodo que para colmo coincide con las vacaciones académicas de verano.

Este es el segundo informe sobre las irregularidades en las becas presidenciales. El primero, de un comité universitario, sí imputaba violaciones de ley y terminó con la destitución del entonces presidente Uroyoán Walker, el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino,  y con las renuncias de figuras como Palmira Ríos, decana de asuntos académicos en Río Piedras, entre otros.

En el caso de Severino en particular, el informe Bauermeister aclara que hubo un trámite irregular con los nombramientos, pero que no se constituye una ilegalidad, nuevamente por la falta de normas claras.

No fue posible hoy contactar a Ríos y el profesor Severino prefirió no dar declaraciones en espera del resultado de la reunión de esta tarde. La misma está pautada para las 5:00 p.m. y estaría disponible por la web, según se ha indicado.

Asimismo, aunque el informe con fecha del 7 de febrero recomienda directamente la eliminación de las becas, la recomendación del 14 de febrero de la pasada presidenta, Celeste Freytes, es más leniente.

Según copia del informe, la pasada presidenta entendía que si la Junta de Gobierno decide no derogar la certificación 72 que articulaba esta política, esta debe ser enmendada para incluir un proceso uniforme con instrucciones claramente definidas tanto para las solicitudes por los estudiantes interesados como para evaluación por parte de la UPR.

También propone que en vez de que los recipientes de las becas presidenciales reciban de inmediato una plaza de catedrático en Río Piedras –uno de los beneficios de la beca- que se sumen a un proceso de libre competencia conforme al principio de mérito que existe en la Ley Universitario

La actual presidenta Nivea Fernández no ha querido revelar su posición –si coincide o no con Freytes- sobre los informes hasta que se reúna la Junta de Gobierno esta tarde.

El informe de Bauermeister revela que a pesar de la crisis fiscal que tanto se discute en años recientes, el programa de las becas presidenciales recibió partidas de $350,000 cada año de los periodos 2013-2014, a 2014-2015 y 2015 a 2016, aunque en los primeros dos años el mismo no estaba autorizado a concederse por una moratoria, aunque no queda claro si cada año es separado, lo que sumaría entonces de forma global a $1,000,050 o se transfirió el dinero de un periodo a otros. De hecho, no se otorgaban becas presidenciales desde 2010, reza el informe.

Asimismo, el informe censura que el contrato con los becados no fuera referido a la Oficina del Contralor.

El tema no concluye con lo que resuelva esta tarde o noche la Junta de Gobierno porque el Departamento de Justicia lleva meses en una investigación, que la semana pasada recibió este mismo informe. “El Departamento está haciendo la investigación. Estamos próximos, verdad, ya más o menos a mediados de marzo, esperamos tener un preliminar para, entonces, notificar cuál es la determinación del Departamento de Justicia”, afirmó la secretaria de Justicia Wanda Vázquez en WKAQ.