La Coalición Civil María 2017, liderada por el sector religioso, dio ayer 15 días a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para que acceda a una reunión con miras a acelerar el desembolso de miles de millones en fondos de reconstrucción obligados tras el huracán María o, de lo contrario, radicará una demanda de clase en el Tribunal Federal para que se libere el dinero.

“Nosotros entendemos que FEMA, o ha sido extremadamente insensible, o no quiere colaborar con la gente pobre de este país”, denunció José J. Taboada de Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, que forma parte de la Coalición Civil María 2017, organizada hace unos cuatro años.

En conferencia de prensa, el reverendo Moisés Román se unió al llamado a FEMA, y urgió a la agencia federal a acceder a la reunión, para “llegar a acuerdos que puedan beneficiar a todas las instituciones con base de fe, a todas las comunidades con base de fe, a todos los municipios”.

“Conocemos que hay una muy buena posibilidad para que podamos reunirnos, para que podamos sentarnos, para que podamos conversar sin excluir a nadie y, de esa manera, podamos lograr los mejores acuerdos de FEMA, de COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) y de cualquier agencia que tenga que ver con el manejo de estos asuntos en Puerto Rico”, expresó el reverendo.

Este diario solicitó una reacción de FEMA, pero no hubo respuesta al cierre de edición.

Por su parte, Iván Cassals, portavoz de la alianza –previamente conocida como la Coalición Religiosa María 2017–, alegó que decenas de iglesias y organizaciones sin fines de lucro no lograron acceder a los fondos de FEMA por la burocracia del proceso. Precisamente, una de las peticiones de la coalición es que FEMA y COR3 les permitan a estas entidades acceder al programa de fondos.

Agregó que 1,800 iglesias –de unas 6,000 en la isla– tienen una reclamación ante FEMA por daños asociados con el ciclón, de las cuales –alegó– solo una veintena han entrado en la fase de la construcción.

Otro reclamo de la coalición es que se extienda a toda la isla el término de un año para revisar y corregir todos los inventarios de daños y “Damage Description and Dimensions” que contienen errores, y que se les permita a estas organizaciones aumentar el “Management Cost” para contratar consultores.

“En las manos de FEMA está el asunto”, sentenció Taboada de Jesús. “Si en 15 días no nos contestan, nos vamos a ver las caras entonces en las cortes, para que entonces las cortes sean las que determinen a quién le asiste la razón. Yo estoy plenamente convencido de que a nosotros nos asiste la razón”.

Han sido múltiples los cuestionamientos contra FEMA por su respuesta a la emergencia tras el huracán María, que devastó la isla el 20 de septiembre de 2017.

En 2022, una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional señaló que la agencia federal administró negligentemente hasta $65 millones que destinó para un programa de manejo de casos de desastres implantado en la isla luego de María.

Por otro lado, en abril de este año, nueve organizaciones presentaron en el Tribunal Federal de Washington D.C. una demanda contra FEMA, por entender que el plan para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico incumple con la Ley de Política Pública Ambiental de Estados Unidos. A raíz de los daños por el huracán María, FEMA asignó, en 2020, cerca de $9,500 millones para la reconstrucción de la red eléctrica local.

Según el portal de transparencia de COR3 –actualizado al 18 de diciembre–, FEMA ha asignado a Puerto Rico $45,083,826,100 en fondos relacionados con el embate de María. Además, ha obligado $42,464,948,608 y ha desembolsado $17,822,136,154.

De 21,836 proyectos de reconstrucción –de obra permanente– por el huracán María, a un costo de $9,752,322,309, el portal añade que se han completado 2,231.

La Coalición Civil María 2017 está compuesta por más de 40 municipios, unas 4,500 iglesias y organizaciones como la Asociación de Miembros de la Policía. En esa línea, Cassals sostuvo que el problema por el lento desembolso de fondos es “nacional”, por lo que invitó a la Asociación (Partido Popular Democrático) y Federación (Partido Nuevo Progresista) de Alcaldes, y al gobernador Pedro Pierluisi a unirse al reclamo.