El proyecto de ley que busca dotar al Departamento de Hacienda de personal adicional para aumentar la captación del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) enfrentó este lunes su primer obstáculo por voz de la jefatura de la agencia.

 La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, advirtió a los miembros de la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro que la medida no se ajusta a las verdaderas necesidades de la agencia, y obvia las facultades de los directivos de la entidad para escoger a los empleados que entienden más capacitados para realizar las funciones de fiscalización y cobro de los arbitrios.

"A la entidad a la cual se le asigna la función y al personal directivo al que se le encomienda, se le debe reconocer la deferencia y facultad necesarias para escoger y administrar los recursos con los que deberá llevar a cabo sus obligaciones en ley", subrayó Acosta en el memorial escrito que sometió ante la comisión legislativa.

Acosta estuvo representada en la audiencia pública por el asesor legal Joel Rivera Centeno, y la directora de Asuntos Laborales de la agencia, Belkin Nieves.

El proyecto, de la autoría del representante popular José Rodríguez Quiles, pone en manos de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) la responsabilidad de adiestrar a, por lo menos, 1,000 empleados del gobierno central y los municipios "para que se especialicen" como agentes fiscales del Departamento de Hacienda, y puedan ser utilizados por esa agencia, al igual que por municipios y otras entidades públicas, para fiscalizar y cobrar el IVU.

Rivera Centeno enfatizó que el Departamento de Hacienda maneja información sensitiva, y opinó que delegar las funciones de fiscalización en personas ajenas a esa dependencia pública podría comprometer la confidencialidad del proceso.

Los funcionarios de Hacienda cuestionaron, además, la base científica en la que se fundamenta la medida para establecer que hace falta reclutar, al menos,1,000 agentes fiscales, y reclamaron que se definan con claridad las labores que desempeñarían los funcionarios de otras entidades si son instalados en esa agencia.

Nieves precisó que esperan completar en septiembre el reclutamiento de 118 agentes de Rentas Internas y auditores, y estimó que es el personal necesario para atender las necesidades de la agencia este año fiscal. Para la contratación de esos empleados, la agencia dispone de $2.6 millones. Asimismo, proyectan reclutar 77 "empleados especializados" para fortalecer la fiscalización, y según el memorial explicativo, ya tienen los recursos presupuestados.

Según Nieves, existen múltiples instancias susceptibles a conflictos de intereses, y tener empleados de otras agencias en destaque limitaría al personal de Hacienda al momento de adjudicar responsabilidades si fuera necesario.

Rivera pidió espacio al presidente de la comisión, el representante Jesús Santa Rodríguez, para examinar el resultado del reclutamiento, y determinar luego si es necesario contratar empleados adicionales.

El asesor legal de la titular de Hacienda indicó también que buscarán complementar los recursos humanos con tecnología que permita agilizar y automatizar las funciones. Entre las herramientas tecnológicas, mencionó la colección mecanizada del IVU en los puntos de ventas, el uso de máquinas para monitorizar la mercancía que entra a los puertos y la aplicación de mejoras a los sistemas de información.

Rodríguez Quiles aclaró que lo que se busca es "ayudar" al Departamento de Hacienda en su gestión fiscalizadora al menor costo posible para la agencia, y mostró apertura para enmendar la pieza legislativa en aras de aclarar que los funcionarios en destaque solo brindarán labores de asistencia.

Se estima que el nivel de captación del IVU ronda entre el 50% y 60%.