Tras resaltar “el poder de investigación (del Senado) como parte de su autoridad constitucional”, la jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó este viernes que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, debe entregar en un “término de 48 horas” toda la información solicitada por la cámara Alta para investigar al exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

La decisión la tomó, debido a que la información requerida por el Senado a Hacienda, que es la confirmación o rechazo de si Sagardía preparó formularios de W-2 y/o formularios 480 respecto a los pagos realizados a empleados o contratistas independientes, no entra en que se revelen “dato personal o económico alguno” que infrinja la expectativa de intimidad constitucionalmente protegida.

En una resolución de 12 páginas, la jueza afirmó que “resulta forzoso concluir que el Senado de Puerto Rico, en el ejercicio de su investigativo, posee un interés legítimo en requerir documentos de esta índole con el fin de fiscalizar la utilización de fondos públicos. Asimismo, de acuerdo con lo previamente expuesto, procede concluir que la información solicitada por el Senado de Puerto Rico no posee carácter confidencial ni se encuentra protegida por el derecho a la intimidad”.

La decisión la toma, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acudiera al tribunal para solicitar una orden de desacato contra el secretario de Hacienda por negar la información solicitada.

En la vista judicial que realizó la jueza el pasado jueves, 9 de abril, Hacienda insistió -a través de sus abogados- de que un contribuyente tiene derecho a la intimidad y que la Carta de Derechos protege a que se revelen sus datos contributivos.

La abogada Lorna María Rivera Franco, directora de Recursos Extraordinarios del Departamento de Justicia, manifestó que, al acceder a informar al Senado, “estaríamos trastocando la Carta de Derecho (del Contribuyente). No queremos verlo como que no se quiere cumplir”.

Mientras, los abogados del Senado precisaron que no han requerido los documentos contributivos, sino que se emita con una contestación de sí o no en torno a si Sagardía sometió los documentos señalados.

“Es tan sencillo como informar si presentaron una informativa”, afirmó el abogado Miguel Angel Rodríguez Ramos, en representación del Senado.

Otro de los abogados del Senado, Ramón Ramos, expuso que los contratos de Sagardía no autorizaba a que Sagardía contratara a otros abogados para prestar servicios a las agencias gubernamentales en las que tiene contrato. Alegó que el propio Sagardía reveló en un tuit que hacía contrataciones para que le ayudaran a prestar los servicios. Por ello, requieren información para corroborar si hubo alguna irregularidad.