El exrepresentante Héctor Ferrer, quien se rumora que podría llenar la vacante cameral de Jorge Colberg, mantiene contratos de consultoría y servicios legales con los municipios de San Germán, San Lorenzo y San Juan, los tres liderados por alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

El propio Ferrer, quien retomó su práctica privada del derecho tras renunciar a su escaño representativo en el 2012, confirmó las contrataciones y aclaró que el dinero que recibe es estrictamente por las horas trabajadas y no necesariamente corresponde al pago máximo permitido en los contratos.

Según el Registro Electrónico de Contratos de la Oficina del Contralor, el contrato con San Juan tiene un tope de $35,000, fue firmado el 31 de enero este año y estará en vigor hasta el próximo 30 de junio.

Ferrer indicó que el contrato con San Germán es por un tope de $12,000 en un periodo de seis meses. Este contrato está vigente desde el 2 de enero y vence el 30 de junio de este año.

Al igual que el contrato de San Germán, el que Ferrer mantiene con San Lorenzo también es por un máximo de $2,000 mensuales, según el propio exlegislador.

Pero el expresidente del PPD ha tenido otros contratos -ya vencidos- con los municipios de Guánica, San Lorenzo, San Germán, Aguas Buenas y Juana Díaz.

Según información provista por la Oficina del Contralor, el contrato con Guánica fue por consultoría y tenía un tope de $12,000 por un periodo de seis meses. Este contrato estuvo vigente del 1 de julio al 31 de diciembre del pasado año.

 No obstante, Ferrer aclaró que, aunque se firmó un contrato, él no llegó a facturar por las horas trabajadas al municipio de Guánica, que en ese momento era liderado por el entonces alcalde Martín Vargas. Actualmente, Vargas es senador por el Distrito de Ponce.

Con San Germán, el exlegislador tuvo dos contratos por servicios legales el año pasado. El primero, por un tope de $6,000, estuvo vigente el 2 abril al 30 de junio del 2012, mientras que el segundo, por un tope de $12,000, tuvo una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre del año pasado.

El contrato con Aguas Buenas fue por servicios de contabilidad y/o auditoría y estuvo en vigor desde el 12 de abril al 30 de junio pasado. Su tope era de $70,000.

Asimismo, según los datos enviados por la Oficina del Contralor, los contratos con Juana Díaz eran por un máximo de $8,750 y $21,000, ambos por servicios legales. El primero estuvo vigente del 11 de abril al 30 de junio del 2012 y el segundo del 1 de julio al 31 de diciembre del año pasado.

Con San Lorenzo, Ferrer tuvo dos contratos el año pasado, uno con un tope de $8,000 y el otro con un máximo de $12,000, ambos por servicios de consultoría administrativa. El primero estuvo activo del 16 de marzo al 30 de junio y el segundo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012.

Ante las críticas que han aflorado por las contrataciones, Ferrer indicó que tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para brindarles un servicio de excelencia a los municipios.

"Yo tengo la capacidad intelectual y legal para tener esos contratos. Tengo la capacidad para tener esos contratos y para tener otros de mayor monta, que no tengo. El trabajo que se le hace a los municipios es un trabajo de primera", indicó el exlegislador.

"Hemos presentado pleitos en el (Tribunal Apelativo), se les han hecho reglamentos de custodia de propiedad municipal, de qué hacer cuando se pierde una propiedad, hemos llevado casos administrativos y en los tribunales. Cuestionar mi capacidad y mi experiencia es un error. Todo el mundo en Puerto Rico sabe que estoy capacitado para hacer un trabajo de excelencia", agregó Ferrer.

Actualmente, el legislador también es profesor en la Universidad Interamericana.

Ferrer salió de la Legislatura a principios del año pasado en medio de una controversia por un supuesto incidente de violencia doméstica que no prosperó ante las autoridades. En ese momento, Ferrer renunció a todos sus puestos políticos, como la portavocía de la delegación de minoría en la Cámara, la candidatura a la alcaldía de San Juan y la vicepresidencia del partido.

También fue la persona que tomó las riendas del partido tras la derrota electoral de las elecciones del 2008, en las que el licenciado Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), venció a Aníbal Acevedo Vilá, quien aspiraba a la reelección, con una ventaja de 224,894 votos. Ferrer lideró el trabajo de reorganización de la colectividad y y se mantuvo en el puesto hasta en abril del 2011, cuando el ahora gobernador Alejandro García Padilla asumió la presidencia.