El profesor de derecho Héctor Luis Acevedo, reconocido experto en temas electorales, denunció este martes que tanto el mandato constitucional de solo usar fondos públicos para fines públicos, así como la veda electoral están siendo amenazados y se encaminan a la impunidad, toda vez que, según aseguró, han ocurrido recientemente reiteradas violaciones a los mismos sin mayores consecuencias para los infractores.

El también exacalde de San Juan y excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático repasó las disposiciones constitucionales y legales que prohíben el uso de fondos públicos para fines políticos por parte del gobierno, así como la disposición de la veda electoral, firmada hace justamente 50 años, el 13 de febrero de 1974, por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, y que dispone la aprobación previa de los anuncios del gobierno durante el año electoral.

Ambas medidas, explicó, tienen el fin de evitar abusos de poder y desigualdad en los fondos que se pueden usar en procesos electorales, de manera que los incumbentes no puedan usar fondos públicos para adelantar sus intereses políticos. O, dicho de otra manera, evitar la propaganda pagada con fondos públicos.

Insistió, además, que la veda electoral y su exigencia de requerir la aprobación previa de anuncios del gobierno, tienen una naturaleza preventiva, pues una vez se publica el anuncio, ya sus efectos no pueden borrarse, y los procesos ordinarios en los tribunales y las agencias administrativas toman demasiado tiempo y “conllevan casi siempre a la impunidad”.

Para demostrar su argumento, Acevedo denunció la millonaria “campaña brutal” que empezó el gobierno hace unos seis meses en todos los medios de comunicación “con su lema de campaña político, que se llama ‘Haciendo que las cosas pasen’, para realzar la figura del gobernador y realzar la obra del gobierno”.

“Y ellos tienen derecho a hacer eso, pero no con fondos públicos”, enfatizó Acevedo, agregando que, a su entender, el juez que vio el caso presentado contra la campaña, “no entendió la dinámica, que es que esa prohibición continúa y es un delito usar fondos públicos para fines privados. Eso es un delito en Puerto Rico, y en el gobierno federal, sin duda alguna”.

Mostrando copia de varios anuncios recientes del gobierno, Acevedo repasó que el 3 de octubre pasado se denunció la campaña, “cuando estaban en pleno vigor los anuncios”, y la agencia del Contralor Electoral “tardó mes y medio en declararse sin jurisdicción”.

“¿Y qué es el resultado de eso? Que en ese mes y medio siguieron pasando los anuncios de televisión, de prensa, etcétera. ¡Impune! Y después se declara sin jurisdicción”, denunció. “Y van al tribunal en noviembre, y el tribunal viene a decidir en enero 30, y dice que es académico porque ya entró el requisito de aprobación previa (de la veda electoral), que ya eso venció en diciembre. ¡Pero claro que venció en diciembre, si esa fue la intención, la impunidad! A eso yo le llamo la emboscada de la impunidad, donde todo el mundo hace su cosa, algunos a más tiempo y a otros, y cuando tú llegas al tribunal ya, ay bendito, ya es tarde”.

Acevedo cuestionó qué ocurre entonces con todo ese dinero gastado en esa campaña política, que se estima en millones de dólares, y que aseguró que proviene “del dinero del IVU, el dinero que le cobran a desempleados, a pensionados, a los maestros de escuela, a los empleados públicos, que lo pagamos todos”.

“Y entonces una campaña del gobernador, política, se torna pagada con los fondos de los pobres. Y eso es una barbaridad al sistema, es un asalto al sistema electoral de Puerto Rico”, insistió, reiterando que el candidato puede hacer todo lo que quiera, “pero con anuncios pagados por la persona, por el partido político. Pero no puedes usar el dinero público para anunciarte”.

Otra vez con copias de los anuncios en mano, Acevedo recordó que la propia contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, “ha dicho en la radio que ningún anuncio se puede pagar con fondos públicos con los lemas políticos”, y sin embargo el gobierno ha estado sacando anuncios por doquier con su imagen, su lema de campaña”.

Condenó que, aunque el Tribunal Supremo “dijo que esos anuncios eran ilegales. Ya pasaron los anuncios. Ya estamos en medio de las elecciones y las primarias. Ya el efecto está. Y un regaño no es equivalente a cien anuncios”.

Recordó que en el pasado ocurrió algo similar, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló “gastó millones de dólares en anuncios del gobierno y cuando se los desautorizaron, le dieron un regaño”.

Insistió en que hay que estar alertas porque “mira lo que va a pasar ahora en Puerto Rico. Ya los anuncios pasaron. Ya esos millones se gastaron. Ya el efecto político de ese dinero pasó. Y ahora mira la emboscada de la impunidad, tú lo llevas, tardan mes y medio en decir yo no voy a ver el caso, vas al otro lado, tardan otro mes y, ah, ya es académico porque ya pasó el periodo. ¡Pues claro, ese era el diseño!”.

Sostuvo además que, en el caso de la campaña de Pierluisi y su alegado uso fondos públicos, “cuando tú tienes millones en el banco, no es que estés suplicando en las calles con una alcancía, eso ofende doble, ofende por lo legal y por lo real de la humanidad de esto. ¿Cómo tú le vas a cobrar a la gente pobre pa pagarle el anuncio a los ricos?”.

El profesor también condenó que el contralor electoral, Walter Vélez, entrada ya la veda electoral, aprobara un anuncio de la Junta de Planificación sin pasar por la aprobación de la Junta Evaluadora de Anuncios, como si se tratara de un anuncio de emergencia, cuando dicho anuncio no tiene ninguna información de emergencia, “ni ofrece nada”, y en cambio, resalta la frase “Así se hace”, en sustitución del lema anterior de “Haciendo que las cosas pasen”.

“La ingenuidad es enemiga de la limpieza electoral. Y se paga caro la ingenuidad”, denunció, condenando que el mismo contralor electoral que se tardó mes y medio en decir que no tenía jurisdicción, “y le dio mes y medio gratis al gobernador para anunciarse”, también haya usado ese mecanismo de emergencia para un anuncio que no tiene nada que ver con una emergencia.

A la Legislatura

Acevedo sostuvo que, ante esa situación que denuncia, solicitaría a la Legislatura que extienda entonces el periodo de veda electoral, tomando en cuenta el tiempo que se dilatan las agencias en atender reclamos.

Reclamó además que los responsables “paguen por lo que han hecho”, y sostuvo que, como uno de los remedios posibles, se les puede exigir que por lo menos reponga el dinero público que han usado para fines esos fines de realzar la imagen de un candidato.

Recordó además que la veda electoral dispone para multas de $10,000 y $25,000 por cada violación, “pero lo más importante es que te impide hacer el anuncio”, que lo tengan que retirar del espacio donde esté publicado.

“Por eso hoy, 50 años al día en que él (Rafael Hernández Colón) firmó esa ley (de veda electoral), yo comparezco ante ustedes para decirle que está en peligro su implantación”, afirmó, agregando que aquella acción en la que “se autorprohibió, por ley”, hacer anuncios, incluso por seis meses más del tiempo que se le había pedido originalmente, contrasta grandemente con la actitud que se ve en otros políticos actuales.

“Yo estuve allí cuando vi la excelencia de un gobernador autolimitándose y forjando historia para este país. Y tengo que luchar para que ese legado no desaparezca, porque mire el resultado”, insistió.

“Yo quiero dar la voz de alerta, y denunciar. Aquí se han metido millones de dólares en publicidad. ¿Y nadie se dio cuenta? ¿Dónde estaba el secretario de Justicia? ¿La Legislatura? Haga vistas públicas sobre esto. ¿Cuánto se gastaron en totalidad al centavo? ¿Quién diseñó estos anuncios, a base de qué, por qué?”, insistió. “El pueblo que no se levanta a defender sus derechos, se los quitan, a las buenas o a las malas. Y quiero levantar mi voz con todo el vigor que me da mi ser para decir ‘esto no puede ser’. La impunidad le ha hecho un daño terrible a este país con la corrupción y el uso de los dineros”.

Reacciona Fortaleza

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó a las expresiones hechas por Acevedo, al indicar que “la función del Gobierno de informar es una obligación que vamos a cumplir”.

“El PPD ya ha hecho varios planteamientos legales que no han prevalecido porque estamos haciendo las cosas dentro del marco de la ley. Los ataques políticos en el periodo eleccionario no nos van a desenfocar de seguir trabajando por el bien del pueblo de Puerto Rico”, destacó el gobernador en declaraciones escritas.

“En cuanto al anuncio de la Junta de Planificación, el mismo ya cuenta con la aprobación del contralor electoral”, agregó.