Guaynabo. Confirmado.

Fue en diciembre que el alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill transó una demanda por hostigamiento sexual que pesaba en su contra. 

Sin embargo, 24 horas después de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le hiciera un llamado a  explicar la controversia, el ejecutivo municipal sigue guilla’o de Casper: lo llaman y no responde; está trabajando, pero nadie lo ha visto.

La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI),  Nydia Cotto Vives,  reveló ayer que hubo una querella administrativa contra el alcalde presentada el  20 de diciembre de 2016, ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinaria (UPAD).  

Cotto Vives explicó que esa unidad de trabajo le rindió un informe al panel el 21 de diciembre de 2016, sobre el contenido de dicha querella.

“Al día siguiente, el 22 de diciembre de 2016, el Panel emitió una orden protectora a favor de la querellante imponiendo una serie de medidas preventivas y de seguridad conforme a lo que establece la ley y los reglamentos aplicables”, precisó.

De esa manera la orden establecía que O’Neill no podía  intervenir, acercarse o comunicarse en forma alguna con la querellante, lo que incluía llamadas telefónicas y mensajes de texto, entre otras medidas.

Además,  cualquier gestión oficial en las oficinas en las que prestaba servicios la querellante, tenía que ser a través de la vicealcaldesa del municipio.

“Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016, la señora querellante notificó a la UPAD por escrito, bajo juramento y representada por abogado, que ella había llegado a un acuerdo transaccional confidencial con el alcalde O’Neill, con el efecto de solicitar la desestimación de su querella”, sostuvo Cotto Vives.

A tenor con dicha solicitud, el Panel emitió una resolución dando paso al archivo del caso.

Cotto Vives señaló que en el PFEI nunca se ha recibido una querella en el ámbito criminal contra O’Neill. 

“La UPAD es el foro administrativo autónomo dentro del PFEI que sí tiene la facultad de atender querellas como la que se sometió contra el alcalde O’Neill, con la consecuencia antes indicada. Ante la ausencia de la querellante por su desistimiento irrevocable, la UPAD está impedida de continuar con el caso administrativo”, explicó.

La presidenta enfatizó, además, que la Ley del PFEI establece que están impedidos de iniciar casos criminales ya que se los tiene que referir el Departamento de Justicia,  una agencia investigativa federal, la Oficina de Ética Gubernamental o la Oficina del Contralor.

 Por su parte, el Gobernador dijo que había intentado sin éxito comunicarse con O'Neill y que estaba dándole “espacio”.

Primera Hora le preguntó por qué no había podido comunicarse con él y hablar de algo tan serio, y este contestó: “Sí, lo sé. Porque no lo he conseguido”.

¿Él no ha contestado sus llamadas?

 “No. Lo tratamos de conseguir ayer y no lo pude conseguir”.

Rosselló Nevares opinó que  el  hostigamiento sexual es “inaceptable. Insostenible. Y lo vamos a combatir”.

Pero luego agregó: “Hay muy poco que se pueda hacer en este momento. Ciertamente estamos procurando esa información porque las alegaciones que se están haciendo son muy serias y estaré esperando las expresiones del señor alcalde. Inmediatamente después tomaré acción”.

No contestó cuánto tiempo le dará al ejecutivo municipal para que desmienta o reconozca el asunto.

¿Qué le parece el uso del dinero del pueblo para una transacción económica de una demanda de hostigamiento sexual?, se le preguntó.

“Nuevamente, está hablándome en un caso hipotético. Si fuese constatable eso, ciertamente, el dinero del pueblo de Puerto Rico se tiene que utilizar para servirle al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Según informes de  prensa, una querella radicada ante la Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo Federal,  por una agente municipal contra el alcalde estadista, se transó por $300,000. Según la denuncia,  ambos tuvieron una relación consensual durante cuatro años, hasta finales del 2009, cuando ella quiso terminarla ya que estaba con otro compañero, también policía. Fue entonces cuando O’Neill supuestamente comenzó un patrón de hostigamiento y acoso en su contra. Igualmente, trascendió que el compañero de la agente, quien es sargento, también recibiría una compensación de $150,000 por una querella separada ante el mismo ente federal.

Aunque la Primera Dama y presidenta del Concilio de Mujeres, Beatriz Rosselló, recientemente se expresó consternada tras varios casos de violencia doméstica contra mujeres, sobre este tema ha sido imposible contactarla.

Su portavoz de prensa Iris Edén no respondió más de  una veintena de llamadas y mensajes de texto.

 Johanne Vélez,  asesora de Calidad de Vida y directora ejecutiva del Concilio,  dijo que la política pública del Gobierno es que no se pueden tolerar las acciones discriminatorias contra las mujeres.

“Es un tema serio y creo que el alcalde debe responder tal y como le solicitó  el Gobernador”, indicó, aunque de inmediato matizó diciendo que transar una demanda no implica aceptar o negar los hechos.

La Procuradora de las Mujeres expresó por medio de declaraciones escritas que “está indagando  si el Municipio de Guaynabo  activó  el protocolo de hostigamiento sexual que requiere la Ley, en este o cualquier otro caso”.

 “Esta oficina repudia y rechaza cualquier acto de hostigamiento sexual venga de quien venga. El hostigamiento sexual constituye un ataque contra la dignidad de la mujer. Punto”, agregó, pero no solicitó la renuncia ni le hizo un llamado al alcalde a explicar.

Primera Hora acudió ayer a la alcaldía de Guaynabo y allí reinaba el silencio entre los empleados públicos.

Alex Ramos, portavoz de prensa del alcalde, dijo que esta semana O’ Neill había ido a trabajar “como de costumbre”, pero ayer estaba “visitando proyectos” por lo que  no estaba “físicamente” allí.

Ramos no pudo detallar en cuál de los proyectos estaba el ejecutivo municipal. Sólo indicó que estaba “en algún lugar de Guaynabo City”.

Ramos no proveyó información solicitada sobre las finanzas del Municipio para poder confirmar o rechazar si la denuncia se pagó con fondos públicos. 

De otro lado, el guardia de seguridad de la recepción en la alcaldía indicó desconocer si O’Neill se encontraba en sus oficinas porque a veces entraba directamente por el estacionamiento y no tenía forma de saber.

Una mujer con el logo del Municipio bordado en su camiseta anaranjada  manifestó que O’Neill había ido a trabajar en días recientes pero declinó decir cualquier cosa adicional porque tenía “una reunión”.

Dos mujeres que trabajan en las oficinas “operacionales” de la alcaldía dijeron  que no iban a opinar acerca de la situación y que todo transcurría “normal”.

Otros empleados tampoco quisieron hablar.

¿Quién pagó? 

Ayer seguía siendo un misterio de dónde salió el dinero para pagar la transacción de la querella por hostigamiento sexual que pesaba contra el alcalde Héctor O’ Neill. Aquí le ofrecemos algunos datos relevantes de las finanzas del alcalde, según los informes financieros presentados a la Comisión Estatal de Elecciones en el 2016. 

- $15,000. Estimado de lo que paga en contribuciones anuales.

- $118,000. El valor de sus cinco autos, incluyendo un Porshe 911 Carrera de 1987 y un Chevrolet Corvette de 1960. El de mayor valor es un Chevy Bel Air cuyo costo estimó en $60,000.

- Su residencia ubicada en Guaynabo depreció $127,000 desde el 2012 al 2016, pero no se detalló su valor.

- También informó ser dueño de un terreno en Guaynabo cuyo valor no estuvo disponible.

- $87,065. Lo que tiene acumulado en certificados de depósito.

- Fuente: Informes financieros, Comisión Estatal de Elecciones

- (Cifra) $7,500 Ingreso aproximado por pensión que recibe todos los meses el alcalde.