El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, ni rechazó ni confirmó esta mañana si ha recibido acercamientos por parte de la administración entrante del gobernador electo, Alejandro García Padilla, para permanecer en el puesto que ocupa desde abril del año pasado.

Sin embargo, indicó que ofrecer esa información le corresponde al gobernador electo.

“No voy a entrar en ese tipo de detalles. No me compete a mí”, respondió el jefe de la Uniformada a preguntas de la prensa tras participar en las vistas de transición del Gobierno, que se celebran en el Departamento de Estado, en el Viejo San Juan.

Pesquera se desempeña como superintendente por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y el condado de Miami Dade, del estado de Florida. El contrato por servicios profesionales, vigente hasta marzo del 2013, es por $13,693 mensuales más el reembolso de gastos por alojamiento, residencia, utilidades y alimentos.

Según información provista por el comité de transición entrante, hasta el 15 de noviembre el Gobierno le había reembolsado a Pesquera $86,406.

El funcionario tampoco especificó si estaría dispuesto a quedarse en el cargo bajo la nueva administración. “Eso es política pública. No voy a entrar en eso”, indicó.

 “Yo no voy a anticipar ningún tipo de eventos. El señor gobernador tiene la potestad de tomar ese tipo de determinación”, agregó.

Pesquera es la tercera persona que ocupa la superintendencia de la Policía en este cuatrienio. Le precedieron en el cargo José Figueroa Sancha y Emilio Díaz Colón.

Cuando se le preguntó al licenciado José Andréu Fuentes, quien hoy lideró el interrogatorio por parte del gobierno entrante, sobre la posibilidad de que Pesquera permanezca en el cargo, al menos hasta marzo, indicó que esa decisión le corresponde evaluarla a García Padilla.

“Eso es una decisión que tendrá que tomar el gobernador electo en su momento. Sin embargo, existe un contrato hasta marzo. Eso es algo que hay que tomar en consideración, igual que la reforma y las conversaciones que se están dando con el gobierno federal. Lo que dije fue que en los últimos meses han habido unos pasos positivos”, indicó.

 Entre esos cambios positivos mencionó la reestructuración del proceso de ascensos a través de exámenes y un verdadero principio de mérito. “Eso es bien positivo en el sentido de que es un paso adecuado para eliminar la política partidista y los asuntos partidistas de la agencia. Se ha mejorado el proceso de la atención y resolución de las querellas disciplinarias contra los miembros de la fuerza”, indicó Andréu Fuentes.

“Es un problema que se ha venido arrastrando y se ha comenzado la reestructuración de todos los procesos aplicados a todos lo niveles”, agregó.

“Yo le sugeriría que analice varias alternativas. El superintendente tiene un contrato hasta marzo y el contrato del superintendente tiene unas cláusulas que hay que tomar en consideración. Él tiene que considerar esas cláusulas y balancear esos elementos. Si es necesario que se quede unos meses para culminar el asunto de la reforma. Ciertamente tiene un contrato en la Policía, y es de asesoría, no es en la superintendencia”, explicó Andréu Fuentes.

El licenciado incluso mencionó que una posibilidad es que Pesquera culmine su contrato en otro puesto de asesoramiento. “Eso es algo que el gobernador electo tiene que ver. Ese contrato establece que si se cancela con anterioridad tienen que terminar de pagárseles los últimos meses que quedan. Tampoco estamos hablando de cantidades sustanciales de dinero”, sostuvo Andréu Fuentes.

Manipulación de estadísticas

Cuando se abordó el tema de la manipulación de estadísticas sobre el crimen en Puerto Rico, el titular de la Policía aceptó el problema y reveló que ha impulsado la expulsión de una cantidad de uniformados que no determinó.

“La manipulación ha sido real en algunos casos, y gracias a las funciones y mecanismos internos se han probado las querellas de aquellos compañeros que han decidido tomar una acción ilegal para ellos salir bien, hacerse creer que el precinto está en buena situación, y a cada uno de esos señalamientos todos han sido terminados o propuestos para terminarse”, puntualizó.

 A preguntas del licenciado Andréu Fuentes, del comité entrante, Pesquera explicó que la manipulación de estadísticas pudo deberse a unas bonificaciones por ejecutorias que estaban ligadas a las bajas en la incidencia criminal en las zonas policiacas.

“Aquí hubo un tiempo donde hubo unas bonificaciones en términos de las ejecutorias buenas, en términos de estadísticas de unas áreas, y eso crea problemas. Yo soy partícipe de bonos por ejecutorias buenas, pero hay que tener cuidado, los ‘check and balance’ tienen que ser buenos para que no ocurra que me critican si tengo estadísticas altas y me den dinero o hasta me suban de rango si traigo buenas estadísticas”, manifestó.

Esas estadísticas reflejaban una baja artificial en la incidencia criminal en algunas zonas de la Isla.

Reforma policial

Pesquera indicó que la Policía podría estar lista para cumplir con algunos señalamientos de las autoridades federales en unos tres años, tiempo en el que podrían agilizar los proceso internos, adiestrar personal y equipar correctamente a los agentes. En ese momento, podrían cumplir con el requisito de adiestrar en 180 días a todo su personal sobre el buen uso de la fuerza. “Lo que no queremos es entrar en un acuerdo que sabemos que no podemos cumplir”, indicó el funcionario.

“Ellos vienen con la mentalidad de una Policía a nivel de Estados Unidos y nosotros no estamos a nivel de Estados Unidos. Cuando dicen que quieren ver un plan sobre que el entrenamiento sobre el uso de la fuerza se realice en 180 días, no se puede hacer aquí”, expresó Pesquera sobre su personal de aproximadamente 16,000 agentes.

Asimismo, indicó que la violación de derechos civiles por parte de la Policía tiene que tener “consecuencias inmediatas” para los agentes a nivel administrativo y legal. “No voy a permitir la violentación de un derecho civil a nadie aquí”, manifestó.

 Sin ofrecer detalles adicionales indicó que hay unos señalamientos en los que las autoridades se han extralimitado en su jurisdicción y “han tratado de meterse en áreas que no les compete, que son áreas del gobernador y el superintendente dentro de sus agencias”.

Según Andréu Fuentes, si la Policía no cumple son los señalamientos hechos por Justicia federal, el Gobierno local podría enfrentar una demanda que exigiría su cumplimiento o colocaría a la agencia en una sindicatura federal.

“Es importantísimo mencionar que los señalamientos hechos por Justicia federal están siendo atendidos en la actualidad mediante la creación o implementación de una reforma a nivel de toda la Policía y en la búsqueda de alternativas que no conlleven la sindicatura de la Policía. Esta administración tendrá la responsabilidad de implementar esa reforma. No es asunto de implementar una reforma de un día para otro, sino que se trata de un proceso largo que al menos cogerá tres años y eso lo ha admitido el superintendente en el día de hoy, pero será un asunto que tomará mucho tiempo”, puntualizó el abogado.

Retiro incentivado y cesantías

 Andréu Fuentes indicó que la Policía, que cuenta con 16,000 agentes, se vio afectada por el plan de despidos de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, implantado en el 2010, lo que también impactó el servicio que ofrece la uniformada.

“El elemento humano definitivamente es el mejor recurso que tiene la Policía. Sin embrago, la administración saliente redujo el número de uniformados en casi 1,000 plazas. Además, con la Ley 7 quedaron cesantes aproximadamente 365 civiles, con el resultado de que no solamente se redujo el número de miembros de la uniformada, sino que además los policías como tal tuvieron que empezar a hacer funciones que le corresponden a civiles y no a los policías”, expresó Andréu Fuentes, quien lideró la sesión de preguntas a Pesquera.

El propio superintendente aceptó que las cesantías y la implantación de la Ley 70 de retiro temprano o incentivado, a la que se acogieron otros mil agentes, afectó grandemente a la Policía.

Según Andréu Fuentes, estos retiros, además de reducir el personal con experiencia en la Policía, también afectó la situación financiera de la agencia ya que, además de tener que cumplir con los pagos como parte de la ventana, también tienen que contratar personal nuevo.

“No solo se nos fueron mil uniformados de experiencia, sino que ahora no solo hay que pagarles a ellos por los próximos 15 años, sino que hay que reclutar nuevos policías”, reiteró el licenciado.

Publicidad millonaria

La exjueza Dolores Rodríguez de Oronoz cuestionó los contratos de publicidad que la Policía otorgó en este cuatrienio, aunque no bajo la incumbencia de Pesquera. Según la exjurista, en el cuatrienio pasado, la uniformada destinó $57,000 a gastos publicitarios, mientras que durante la administración del gobernador saliente Luis Fortuño ese cuerpo ha invertido casi $10 millones en contratos de publicidad.

“Lamentablemente yo no estaba en ese momento. Solamente he gastado $100,000 en (la campaña) Ni una Sola Bala Más Perdida”, enfatizó Pesquera.